«Los quieren de ocho a seis y luego que desaparezcan»

Issa Diallo lleva dos años viviendo en el asentamiento de temporeros de Lepe que está junto al cementerio, el mismo donde hace unos meses perdió la vida un compañero tras el incendio de su chabola. No tiene alternativa. Se encuentra en situación administrativa irregular y es imposible alquilar una vivienda. No solo es cuestión de dinero; aunque lo tuviese, es muy difícil para él: «En Lepe hay muchas casas, pero no las alquilan a africanos». Issa y las cerca de 50 personas que viven allí han vuelto a ser noticia después de que trabajadores del Ayuntamiento de Lepe se personasen durante las últimas semanas en el asentamiento para informarles de que tenían que dejar las chabolas porque iban a ser derruidas. Según denuncian, lo hicieron en varias ocasiones.

«Son como un cuerpo de seguridad del ayuntamiento. Los llaman a horas en las que están descansando y les dicen que se tienen que ir, que va a ir una excavadora. Los temporeros hablan de amenazas y de derribos sin orden judicial cuando no están en la chabola», afirma Pepa Suárez, de la Asociación Multicultural de Mazagón. La suya y otras entidades como La Carpa, La Mar de Onuba o Mujeres 24 horas presentaron ante la Guardia Civil una denuncia en la que afirman que «la visita diaria [de los trabajadores municipales] supone una forma de hostigamiento sobre personas vulnerables, causándoles temor a ver reducida su disponibilidad laboral por el miedo a alejarse de sus viviendas y que sean derruidas en su ausencia». Además, añaden que estos requerimientos se están realizando sin ofrecer alternativas habitacionales, en contra de lo firmado por el Ayuntamiento de Lepe con la Junta de Andalucía y el Ministerio de Asuntos Sociales el pasado mes de julio en un protocolo para la erradicación de los asentamientos. Además de la denuncia, las ONG y más de una veintena de temporeros han dirigido una carta al Defensor del Pueblo.

Según Suárez, este episodio no es más que la continuación de una política basada en el «derribo de chabolas sin alternativa». «Llevan años haciéndolo, como una especie de fuego silencioso, invisible, que no sale fuera de los asentamiento y del que la sociedad no es consciente», explica en conversación con Alfa y Omega. Alfonso Romera, de La Carpa —una asociación sevillana que se ha implicado con este sector de población en Huelva tras la pandemia—, añade que la decisión del ayuntamiento onubense puede estar determinada porque el dueño del terreno «quiere hacer uso de él». «Está en su legítimo derecho, pero no se les puede echar, porque es su vivienda habitual», subraya. En este sentido, la presidenta de la Asociación Multicultural de Mazagón añade que «se está utilizando dinero público para proteger una propiedad privada».

Desde el Ayuntamiento de Lepe confirman a este semanario la visita de trabajadores municipales al asentamiento —entre ellos, vigilantes—, y que el trabajo que hacen tiene que ver con un seguimiento a las personas que viven allí y un censo. Eso sí, no descartan que haya podido producirse algún desencuentro. «Las condiciones son deplorables. Los temporeros son los primeros que quieren salir de ahí. ¿Quién querría vivir rodeado de basura y ratas, y expuestos a infecciones e incendios?», añade Pepa Suárez, que pone de manifiesto el contraste de esta realidad con el éxito económico del sector de los frutos rojos. Un éxito que puede peligrar, pues hay empresas en Dinamarca que ya no compran fresas de Huelva por esta cuestión. «No se hace una labor de integración. La xenofobia genera más votos. Los quieren de ocho a seis para trabajar y luego que desaparezcan», concluye Romera.