Los procesos de paz son más efectivos si hay mujeres
Solo una de cada diez negociaciones para poner fin a un conflicto incluye a participantes femeninas. Una experta de Sant’Egidio reclama medios para dar voz a las menos representadas. Así lo hace Manos Unidas
Una parte importante del trabajo de Francesca Caruso desde 2019 en la Oficina de Relaciones Internacionales de la Comunidad de Sant’Egidio se refiere a la República Centroafricana, donde Sant’Egidio contribuyó de manera significativa al Acuerdo de Jartum (2019) entre el Gobierno y 14 grupos armados para poner fin al conflicto iniciado en 2013.
La Comunidad ha continuado trabajando en el país. De hecho, el período de posconflicto, explica, es extremadamente delicado. Por esta razón, Sant’Egidio se ha dedicado a difundir el contenido del acuerdo de paz en todo el país. «También hemos seguido trabajando en el diálogo político y en el apoyo al proceso de desarme, proporcionando ayuda a los excombatientes mientras esperan su reintegración. Pero sobre todo hemos seguido hablando con todos los actores». Esto resultó «clave» cuando, en 2020, siete grupos se retiraron del acuerdo: facilitó nuevas conversaciones y favorecer el regreso de algunos al proceso en 2025. «Seguimos intentando convencer a otros dos».

No es habitual encontrar a mujeres implicadas de esta manera en la consecución de la paz. Manos Unidas recordó en el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, que en 2024 solo una de cada diez negociaciones las incluyó, como pidió en 2000 la Resolución 1.325 de la ONU. Caruso confirma que la presencia de mujeres en este ámbito sigue siendo limitada, no solo en la mediación entre el Gobierno y los grupos armados, sino a nivel diplomático. Una cierta presencia existe en la sociedad civil, que en Centroáfrica es «muy activa» y «bien organizada».
Siempre que es posible, en Sant’Egidio «intentamos implicarlas», dentro de «un enfoque inclusivo». «Forman parte de la sociedad» y su presencia «significa que el proceso de paz no está en manos de unos pocos, sino que se entiende como algo comunitario». Por ejemplo, al difundir el acuerdo de 2019, se prestó «una atención específica» a estos grupos. «Son importantes canales para darlo a conocer en sus familias y comunidades».
Sin embargo, Caruso se muestra prudente respecto a las expectativas en torno a la Resolución 1.325. «No basta con ser mujer para que el mundo sea más pacífico. Lo más importante es creer en el diálogo y no en el recurso a las armas», subraya. «Quienes creen en la resolución 1.325 deben ocuparse no solo de la presencia cuantitativa de las mujeres, también de su dimensión cualitativa». Para garantizar una participación real, pide trabajar en su empoderamiento. «En muchos contextos, solo pueden viajar las que pertenecen a círculos relativamente restringidos. El riesgo es centrarse solo en ellas». Por eso, aumentar la presencia femenina en procesos de paz es un camino largo, que debe apoyarse no solo en la mediación en sí, sino también en ámbitos complementarios como la inscripción en el registro civil, que en zonas rurales de Centroáfrica muchas veces no ocurre.
- Por 4 se multiplican los asesinatos de mujeres y niñas en los conflictos.
- 87 % aumenta la violencia sexual.
- 35 % más probable que un acuerdo dure 15 años o más si hay mujeres en la negociación.
- Una excepción a la escasez de mujeres en el ámbito diplomático es la representante especial del secretario general de la ONU para la MINUSCA (la misión en Centroáfrica), Valentine Rukwabiza.
- Gracias al proyecto que apoya Manos Unidas en Colombia, Yolanda Málaga y otras cuatro mujeres participaron a nivel nacional en el proceso de paz con el ELN. Viajaron en 2025 a Bogotá para presentar sus demandas al Gobierno e impulsaron que la agenda nacional incluya «mínimos humanitarios», como no atacar poblaciones o no reclutar menores.
Por este empoderamiento trabaja Manos Unidas apoyando en Colombia un proyecto de la Coordinación Regional del Pacífico Colombiano bajo el amparo de la Fundación Solidaria Arquidiocesana, de Cali. Por él, un centenar de mujeres indígenas y afrodescendientes se implicaron en un proceso de participación comunitaria. «Aprendí la unidad entre nosotras», subraya la indígena Yolanda Málaga, de Buenaventura. Buena parte de su territorio lo controla el Ejército de Liberación Nacional (ELN), y hay además paramilitares, disidencias de las FARC y bandas criminales.
25 participantes recibieron formación en liderazgo, derechos humanos e incidencia pública y nacieron cuatro nuevas organizaciones de mujeres. «Hemos creado redes de resistencia», relata Málaga. Detectan y se comunican la presencia de grupos armados. Así, alertan primero a la guardia indígena, «una organización de protección colectiva y no violenta», que al recibir el aviso «empieza a controlar el terreno 24/7» y, si llegan, intentan «actuar de forma pacífica dialogando con ellos». Al mismo tiempo, los grupos de mujeres avisan y reclaman ayuda a las autoridades públicas competentes. Tras estabilizar la situación, han logrado el regreso de tres comunidades desplazadas.