Un tribunal italiano ordena el regreso de los migrantes llevados a Albania
Considera que sus países de procedencia, Bangladés y Egipto, no son seguros. El Gobierno prepara una serie de medidas
Un tribunal de Roma ha ordenado devolver a territorio italiano a los doce migrantes que todavía permanecían en el centro de retención habilitado por el país transalpino en Albania. La sentencia, emitida por la sección de Inmigración de la corte de primera instancia de Roma, es el primer escollo que se encuentra el Ejecutivo de Meloni desde que esta semana puso en marcha el acuerdo con Tirana para mandar en centros de retención alzados por Italia en Albania a migrantes que buscan llegar a Italia.
La decisión judicial fue criticada por los principales miembros del Ejecutivo italiano. El ministro del Interior, Matteo Piantedosi, avanzó que el Ejecutivo recurrirá al fallo porque quiere seguir con la externalización a Albania de la gestión de acogida, petición de asilo y repatriación de migrantes. Este sistema ha generado en los últimos días atención, adhesiones y rechazos a nivel europeo.
«Me sabe mal que cuando toda Europa mira con interés algo que hace Italia estemos tratando de ponernos palos en las ruedas», ha declarado Meloni. Además, ha calificado la decisión judicial como «prejuiciosa» y ha acusado al poder judicial de estar haciendo de «oposición».
En respuesta, ha convocado una reunión del Consejo de Ministros para el próximo lunes «para aprobar normas que sirvan para superar el obstáculo» ahora impuesto por la Justicia. Así, parece estarse gestando una creciente pugna entre poder ejecutivo y judicial en Italia. Es el segundo varapalo que se lleva la medida del Ejecutivo italiano. En efecto, nada más llegar a Albania, los expertos que los atendían dieron la voz de alarma porque dos de los recién detenidos podían ser vulnerables y otros dos, menores de edad.
Países no seguros
El tribunal de Roma ha alegado que Bangladés y Egipto, los dos Estados de donde proceden los migrantes retenidos en Albania, «no son países seguros». A su vez, ha argumentado que sus detenciones «no fueron validadas» según «principios vinculantes para los jueces nacionales», en línea con un fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que el 4 de octubre ya puso en cuestión la base del pacto Italia-Albania.
Meloni ha criticado la posición de la Justicia italiana. Ha argumentado que la Corte de Roma se excedió en sus atribuciones: «No creo que sea competencia del poder judicial establecer qué países son seguros y cuáles no, esta es una competencia del Gobierno». Y ha agregado que «quizás el Gobierno necesite aclarar mejor qué se entiende por países seguros». Otros miembros de su Ejecutivo, como el vicepresidente y líder de la Liga, Matteo Salvini, han reaccionado ante el fallo acusando a los jueces de ser «proinmigrantes» y «hacer política de izquierda».
El titular de Exteriores, Antonio Tajani, de la conservadora Forza Italia, ha dicho que el Ejecutivo continuará defendiendo su plan porque «es justo hacerlo en sintonía» con la presidenta de la Comisión Europea. Ursula von der Leyen vio con buenos ojos el modelo italiano de externalizar migrantes a un país fuera de la Unión Europea como es Albania.
«Estamos acostumbrados a respetar las decisiones del poder judicial, pero querría que se respetaran las decisiones del Ejecutivo y el legislativo porque una democracia se basa en la división de poderes», ha agregado Tajani, en la cumbre entre Italia y Francia de este viernes en Ventimiglia, ciudad del norte italiano.
De hecho, durante su encuentro con las autoridades italianas, el primer ministro francés, Michel Barnier, ha rechazado el modelo de Meloni de traslado de migrantes al extranjero. Ha asegurado que no cree que este método se pueda reproducir en Francia «por razones jurídicas e institucionales». Un día antes, el presidente francés, Emmanuel Macron, se mostró «escéptico» ante el plan.
Por su parte, los partidos de la oposición han celebrado la sentencia. Han pedido a Meloni que desmantele el sistema creado en Albania y pida disculpas a la población italiana ante los miles de millones de euros gastados en un proyecto que consideran ilegal y sin recorrido.