Los obispos lamentan que se haga uso partidista de la exhumación de Franco

«En todas las ruedas de prensa que llevo [como secretario general de la Conferencia Episcopal Española] se me ha preguntado por Franco. ¿No les parece que es hora de mirar hacia adelante?».

Así respondió el también portavoz del Episcopado, Luis Argüello, en la rueda de prensa posterior a la Comisión Permanente celebrada esta semana, al ser preguntado sobre el fallo del Supremo que autoriza la exhumación del dictador del Valle de los Caídos. Argüello además lamentó que se haga un «uso ideológico y partidista en campañas electorales de un asunto tan doloroso». «La ley de Memoria Histórica –dijo– tiene elementos de justicia, pero no deseamos que sea un instrumento de bandera política, que se utilice en campañas electorales. No debe servir para abrir heridas».

En cualquier caso, el portavoz insistió en que la postura de la Conferencia Episcopal es la misma que la del Arzobispado de Madrid: respetar la decisión de las autoridades y, por tanto, no oponerse a la exhumación. El obispo auxiliar de Valladolid refrendó la postura episcopal con la respuesta que el cardenal secretario de Estado de la Santa Sede, Pietro Parolin, envió al Gobierno español, en la que manifestaba que la Santa Sede no quiere intervenir en una cuestión interna, competencia del Estado español. En definitiva, leyó Argüello, «la Iglesia no se pone si la autoridad competente así lo dispone».

Ante la posibilidad de que la comunidad benedictina no permita la exhumación, el prelado aseguró que, llegado el caso, se le recordará «su deber de respetar el ordenamiento jurídico» y de cumplir «con sus obligaciones cívicas». En cualquier caso, recordó que quienes tienen autoridad sobre la abadía benedictina son el abad de Solesmes (Francia) y, en última instancia, la Santa Sede. También afirmó que el prior del Valle de los Caídos está «obrando en conciencia» y defendiendo la inviolabilidad de los lugares de culto.

Además, negó que la Iglesia haya recibido «presiones» por parte del Gobierno ni que los obispos hayan sido equidistantes, tal y como ha dejado entrever la familia Franco.

Abusos sexuales

En materia de abusos, Argüello reconoció que siguen trabajando en el borrador de Decreto General sobre la protección de menores. La única respuesta que han recibido de la Santa Sede –se le pidió autorización para realizarlo– tiene que ver con la inclusión en el mismo del vademécum que sobre esta materia publicará el Vaticano en los próximos meses.

En cualquier caso, avanzó que este decreto incluirá entre otras cosas la obligación de establecer oficinas para recoger las denuncias en las diócesis, tal y como obliga la Santa Sede por voluntad del Papa Francisco.

Repetición electoral

Ante la próxima convocatoria electoral, la cuarta en cuatro años, Argüello dijo que la Iglesia desea que la sociedad española pueda tener un Gobierno que cumpla su cometido tal y como ordena la Constitución y reivindicó la importancia del acuerdo. En este sentido, señaló que lo que debe primar ahora es la escucha mutua, la búsqueda de lo esencial y de aquello en lo que nos podemos poner de acuerdo. «Queremos poner el acento en la capacidad de escucha y del encuentro», añadió.

En otro orden de cosas, el portavoz episcopal se refirió a una eventual visita del Papa Francisco a nuestro país y afirmó que y ha sido invitado de manera formal e informal, pero que también es cierto de que las prioridades del Papa Francisco pasan ahora por países más periféricos, como él mismo ha reconocido.

También reaccionó al expediente sancionador abierto a una coach que acompañaba a personas homosexuales: «No conozco el expediente sancionador. Lo que sí conozco es la ley de Madrid. Entrando por la puerta de la no discriminación, de la afirmación de la dignidad de todos, se hace una propuesta antropológica discutible. Prohíbe bajo el nombre de un colectivo que rostros concretos del mismo puedan plantearse su propio camino, su itinerario y desear tener un acompañamiento. La Iglesia quiere afirmar el derecho de la libertad de las personas. Las legislaciones autorizan a cambiar de sexo pero se discute y prohíbe la modificación de género».