Los obispos dudan de la constitucionalidad de la ley Celaá: «Fuerza bastante el artículo 27»

Los obispos están preocupados por la reforma educativa que se aprobó este jueves en el Congreso de los Diputados, aunque no pierden la esperanza que en el trámite que resta —ahora va al Senado— se puedan introducir mejoras.

De hecho, en una declaración recién salida de la Asamblea Plenaria —concluía este viernes su reunión— reclaman «mayor protección» del derecho a la educación y a la libertad de enseñanza, tal y como se explicitan en el artículo 27 de la Constitución y su interpretación jurisprudencial.

«Nos preocupa que esta ley introduzca limitaciones a estos derechos y libertades y, en primer lugar, al ejercicio de la responsabilidad de los padres en la educación de los hijos», recoge la nota episcopal.

En rueda de prensa, el secretario general y portavoz episcopal, Luis Argüello, fue un poco más allá y, tras ser preguntado sobre la posible inconstitucionalidad de la ley, aseguró que el texto legislativo «fuerza bastante la interpretación del artículo 27».

«Este artículo es un verdadero ejemplo de lo que significó el pacto educativo constitucional. Queremos defender este pacto desde una propuesta de diálogo y entendimiento. Si no es así, la Constitución habrá de venir en ayuda de aquellos sectores que se consideran excluidos en esta ley», añadió.

En este sentido, hizo una defensa de la diversidad en la escuela, donde caben todas las propuestas, también la de la Iglesia católica: «La propia LOMLOE es confesional en la manera de entender la educación».

En estos momentos, según manifestó el también obispo auxiliar de Valladolid, los obispos quieren seguir haciendo un llamamiento al diálogo, al pacto y al encuentro, y a mejorar la ley que salió del Congreso de los Diputados en el Senado o a través del desarrollo reglamentario. Eso sí, completó, «estamos dispuestos a apoyar cualquier demanda de inconstitucionalidad si la ley tiene estos aspectos anticonstitucionales».

Demanda social y Religión

En la nota, los obispos señalan que la norma debería recoger la demanda social en todas las etapas del proceso educativo y lamenta, como ya hiciera el cardenal Omella en la inauguración de la Asamblea Plenaria, «los obstáculos y las trabas que se quieren imponer a la acción de las instituciones católicas concertadas».

Del mismo modo, denuncia que el Gobierno no ha respondido a la propuesta de la Conferencia Episcopal de integrar la asignatura de Religión dentro de un ámbito más amplio de valores. Y no solo eso, sino que el texto aprobado «suprime el valor académico de la evaluación de la asignatura de Religión, y deja a los alumnos que no la cursen sin una formación con contenido escolar». «No es aceptable la descalificación de esta asignatura o del trabajo de sus profesores como adoctrinamiento», concluye.

La sociedad, sujeto de la educación

El Episcopado recuerda que el sujeto de la educación es la sociedad y, en primer lugar, las familias. Por ellos, subraya que «no sería aceptable que el Estado pretendiera apropiarse de este protagonismo de la familia y de la sociedad, identificando el carácter público de la enseñanza con su dimensión organizativa de carácter estatal. No solo lo que es de titularidad estatal es público».

Y concluye: «Con el Papa Francisco queremos recordar la urgencia de un Pacto Educativo Global, que el Gobierno ha aplaudido de manera informal, y que significa privilegiar el camino del diálogo, de la escucha y del acuerdo, de modo que las posiciones ideológicas —todas ellas confesionales— no se conviertan en un criterio de exclusión».