Los niños sin colegio de Melilla

Hace tiempo que Melilla arrastra un problema: la escolarización de los niños que han nacido en su territorio y viven en él, pero no tienen residencia legal porque sus padres carecen de documentación. Cada curso, desde hace dos décadas, entre 100 y 300 menores de nacionalidad marroquí se quedan fuera de las listas de admitidos en los centros escolares por estas fechas, una circunstancia que, con la presión y la denuncia de entidades sociales, siempre se acababa resolviendo antes de empezar las clases. Hasta hace tres años, con la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno central, que es quien tiene las competencias educativas en este lugar. Entonces se les cerró la puerta por no acreditar que vivían en Melilla, a fin de evitar que niños de los pueblos vecinos marroquíes se escolarizasen en la ciudad española, cuyas aulas están saturadas.

Sin embargo, como vienen denunciando distintas organizaciones desde entonces, esta medida ha abierto un agujero por el que cientos de niños se quedan sin poder ir al colegio por no tener la documentación en regla. No entienden que no se pueda acreditar que viven en Melilla cuando las fronteras con Marruecos llevan cerradas desde marzo del 2020. Algunos han perdido los tres últimos cursos.

Este año, la situación se ha vuelto a repetir. A principios de junio, alrededor de 150 niños estaban fuera del sistema escolar para el próximo curso, aunque con el paso de las semanas las autoridades educativas han ido moviendo su postura. A fecha de 15 de junio ya habían reconocido la residencia en la ciudad y, por tanto, su escolarización, a unos 30 menores en virtud de un certificado de empadronamiento, mientras que el pasado viernes sucedió lo mismo con otros 34 gracias a informes de Servicios Sociales.

La campaña iniciada por la Plataforma de Infancia a principios de mes, que llevó hasta la sede del Ministerio de Educación una pizarra con los nombres de los niños que no podían ir al colegio, empieza a dar sus frutos. Lo mismo que el trabajo de José Palazón, que fundó y dirige la Asociación Pro Derechos de la Infancia (Prodein), o el de la Asociación de Abogados Extranjeristas, que da soporte a esta entidad y a las familias de los niños de forma totalmente altruista.

Crucial ha sido también la resolución del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, que constata que España vulneró el derecho a la educación de un niño extranjero en Melilla en estas circunstancias, o la presión del Defensor del Pueblo que, tras esta condena de la ONU, pidió al Ministerio de Educación que «ponga los medios para que ningún niño ni niña se quede sin escolarizar en Melilla el próximo curso».

También la justicia está respaldando el derecho de estos niños a la educación. Tras numerosos rechazos de medidas cautelares por parte de los juzgados de Melilla, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Málaga está resolviendo recursos a favor de los menores. En una de las últimas sentencias de este tribunal, a la que ha tenido acceso Alfa y Omega, se afirma que «el interés superior de las niñas [se refiere a dos] es contar lo más pronto posible con la escolarización para ser situadas en el nivel de vida adecuado para el desarrollo físico, espiritual, moral y social que garantiza la Convención de Derechos del Niño». Y añade: «La sala estima que conceder el derecho a la escolarización cautelar es lo mínimo que se puede proporcionar a los menores en relación a sus necesidades, como seres en edad de formarse y como única opción ante una pérdida de tiempo irrecuperable».

Esta situación la conoce bien Fátima (nombre ficticio), madre soltera, que consiguió escolarizar a su hija de 11 años por primera vez este curso. La pequeña ha nacido y crecido en Melilla viendo cómo sus iguales iban al colegio y ella se quedaba en casa o se tenía que conformar con asistir a un centro musulmán donde ofrecen formación no reglada. Los primeros años –a partir de que su hija cumplió 6– ni siquiera le recogían la documentación y en los últimos ha luchado de la mano de Prodein.

«He estado en muchos países, pero en ninguno he visto que un niño llame a la puerta del colegio, diga quiero entrar y le digan que no. Esto solo lo he visto en España, aquí en Melilla, y es muy grave», explica José Palazón a Alfa y Omega. Además, recalca que muchos de los menores pertenecen a la tercera generación de su familia en Melilla, cuyos progenitores se dedican al servicio doméstico o a la construcción. «Es frecuente que las madres trabajen ocho o diez horas al día para ganar 300 euros al mes, algo que ya vivieron las abuelas. Si los niños siguen sin poder estudiar, heredarán la situación. Es triste ver a críos que quieren ir al colegio y no les dejan», añade.

Desde la Plataforma de Infancia su director, Rafael Ibarra, mantiene la esperanza de que los que no tienen la plaza garantizada –casi 100– la puedan obtener antes de que empiece el curso. «Una vez entran, es muy difícil que les digan que no en el curso siguiente. Si conseguimos la escolarización de todos ellos, el problema estaría resuelto sustancialmente», concluye Ibarra.