Los jueces reiteran las graves deficiencias de la atención sanitaria en el CIE de Madrid

Un nuevo acuerdo de los tres jueces de control del Centro de Internamiento de Extranjeros de Madrid insiste en las graves deficiencias que existen en materia sanitaria en estos lugares de retención de migrantes, una circunstancia que ya apuntaron en una resolución en mayo. En aquella ocasión se abordaron cuestiones médicas, como la falta de intimidad en las consultas o los informes, y de otra índole, como el maltrato o la ausencia de proyecto sociales.

Tal y como ha comunicado Pueblos Unidos, una de las entidades que visita a los internos en este CIE, en esta ocasión, los jueces ponen el foco en deficiencias relacionadas con la administración de medicamentos y de metadona, el horario y la estructura del servicio, así como los traslados sanitarios o la historia clínica.

Así, reclaman a la Dirección General de la Policía que amplíe el turno de enfermería para garantizar la asistencia sanitaria básica las 24 horas del día y que llegue a los acuerdos necesarios para prestar asistencia especializada y cubrir las necesidades de hospitalización de los internos. «Con esta medida se resuelve la falta de continuidad asistencial durante la noche y se posibilita la derivación a urgencias bajo el criterio de personal sanitario cualificado», afirman las entidades sociales, entre ellas Pueblos Unidos, Mundo en Movimiento, Karibu, Coordinadora de Barrios y Observatorio de Derechos Humanos Samba Martine.

Además, presentan la atención psicológica como una necesidad en los centros y exigen que haya personal experto que valore y envíe, si es necesario, al especialista. Por otra parte, pide que se cambie el sistema de abastecimiento de medicación y que se cumpla con la normativa de dispensación de recetas. Según los jueces, hasta el momento se está haciendo de forma negligente.

Con todo, las organizaciones sociales consideran que la modificación del pliego de contratación sanitaria es «insuficiente» para «solventar las graves deficiencias y negligencias reconocidas». Y añaden: «La celebración de convenios o contratos que cubran las necesidades de hospitalización, de asistencia especializada, de traslado a centros sanitarios, de creación y custodia de historia clínica y todo lo relativo a la farmacia debe hacerse a través de la coordinación de servicios públicos de salud, evitando que se aumenta la partida presupuestaria en favor de empresas privadas».