Los jesuitas condenan su disolución y acusan a Ortega de crímenes de lesa humanidad
En un duro comunicado, la provincia de Centroamérica confirma la deriva de Ortega hacia el «pleno establecimiento de un régimen totalitario»
Los jesuitas han emitido un duro comunicado de respuesta al régimen nicaragüense de Daniel Ortega, tras la cancelación de su personería jurídica y la incautación de todos sus bienes —lo que equivale en la práctica a la disolución—, en el que condenan la medida y la enmarcan «en un contexto nacional de represión sistemática calificada como “crímenes de lesa humanidad”» por los expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas.
Según la Compañía de Jesús, la medida se llevó a cabo sin aplicar «los procedimientos administrativos establecidos por la ley», «sin dar oportunidad a la legítima defensa» y «sin que haya una instancia judicial imparcial que juzgue y frene estos abusos de autoridad totalmente injustificados y arbitrarios». Una manera de proceder que confirma la deriva de Ortega hacia el «pleno establecimiento de un régimen totalitario».
El comunicado, firmado por la provincia jesuita de Centroamérica, señala directamente al presidente y a la vicepresidenta, Daniel Ortega y Rosario Murillo, por amparar de algún modo estas medidas y por impedir que «existan condiciones de independencia y neutralizada del poder judicial» que permitan revertir y sancionar lo ocurrido.
A la pareja presidencial, los jesuitas les piden que «cese la represión», que acepten la búsqueda de una «solución racional» en la que «impere la verdad, la justicia, el diálogo, el respeto de los derechos humanos y el estado de derecho» y que respeten «la libertad y total integridad» de los miembros de la compañía y de sus colaboradores. En este sentido, el comunicado recuerda el reciente robo de la casa de los jesuitas en Managua y el desalojo de «sus moradores sin darles un tiempo razonable para recoger y llevarse sus pertenencias personales».
Los jesuitas concluyen uniéndose a las «miles de víctimas nicaragüenses» que están esperando que «se les haga justicia y se repare el daño que el actual Gobierno está causando», y agradeciendo «las innumerables muestras de reconocimiento, apoyo y solidaridad» que han recibido «ante estos crecientes atropellos».