Los dos cardenales venezolanos acusan a Maduro de estar «fabricando otras actas electorales»

«Una reflexión fraterna y en comunión ante la realidad nacional». Es el título de la dura misiva firmada por los cardenales venezolanos Diego Padrón y Baltazar Porras en la que sostienen que Nicolás Maduro está intentando ganar tiempo para perpetrar su fraude electoral. Los dos purpurados del país suscriben este mensaje, dicen, para acompañar «mejor a nuestro pueblo adolorido y burlado».

Respeto a la voluntad soberana del pueblo

Se sintieron motivados a poner escrito estas reflexiones tras haber seguido la rueda de prensa que ofreció Maduro el 31 de julio con periodistas extranjeros. En esa comparecencia comprobaron que «el tono de agresividad y descalificación de Maduro, el presentarse como víctima que le ha tocado padecer atentados, atracos y conatos de golpes de estado perpetrados supuestamente a sangre fría contra él, son la mejor expresión de la narrativa oficial que busca legitimarse a costa de endilgarle a la oposición todos los males del país».

Porras y Padrón recuerdan que las encuestas previas al 28 de julio ya reflejaban el deseo de cambio del pueblo que ahora, una vez proclamado Maduro como vencedor de los comicios por el Consejo Nacional Electoral (CNE), ha salido en masa a las calles «a reclamar respeto a su voluntad soberana». Sin embargo, solo ha encontrado represión.

En su escrito, los cardenales lamentan que el gobierno no reconozca «la verdad electoral» y considere «enemigos a todos los que no aprueben su conducta». Por eso, Maduro «ha decidido aniquilarlos con la represión, la cárcel, la violencia y la lógica de un ‘golpe de estado’ construido ad hoc, en la que está inmerso el gobierno».

Se han traspasado todas las barreras

Pero, sobre todo, los purpurados advierten de la maniobra que podría estar tramando Maduro. Sostienen que el gobierno está demorando la entrega de las actas con los verdaderos resultados porque «hay indicios de que el régimen está ‘fabricando’ otras actas acomodadas a su interés». Hay constancia de que «se ha intimidado a responsables y testigos de mesas opositores para que las firmen». Por ello, los cardenales hablan claramente de «fraude» y «usurpación» y concluyen: «Se han traspasado todas las barreras que pudieran dar legitimidad al régimen».

Para Porras y Padrón, Maduro estaría ganando tiempo para producir nuevas actas falsificadas gracias a la estrategia de judicializar el proceso post electoral: «El presidente de la República en persona ha introducido un recurso ante la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), su máxima instancia nacional, desconociendo la autonomía del Poder Electoral, y solicitando que sea el Poder Judicial quien dirima el conflicto. Con esta acción, el gobierno que controla al árbitro supremo, lo utilizará a su favor, y con la discusión jurídica del asunto ‘distraerá’, ganará tiempo y, mientras tanto, intentará crear una nueva opinión pública, un relato o una narrativa favorable a su victoria electoral no demostrada. Esta nueva fase está en pleno desarrollo».

«¡Será la lucha de David contra Goliat!», sentencian.

Estilo nicaragüense

Además, se hacen eco de un preocupante fenómeno y es que se estén dando los primeros pasos hacia un «estilo de gobierno nicaragüense» en lo referente a la persecución religiosa. Informan de que algunos sacerdotes y obispos han recibido amenazas de gobernadores y alcaldes oficialistas que los han tildado de «políticos agazapados vendidos al imperialismo».

Los cardenales afirman en su carta que los pastores ya «no somos ni podemos ser neutrales», porque «los principios no se negocian, pero tienen que ser cotejados con la realidad para que incidan en las necesidades reales y sentidas de la gente». Indican, al mismo tiempo, que la Iglesia está llamada a acompañar espiritualmente al pueblo y ser constructores de paz, pese a toda la rabia e impotencia acumulada.

Sin embargo, también pronostican que Maduro intentará solicitar a la Iglesia su mediación para favorecer «diálogos» «bajo la premisa de reconocer la proclamación de los resultados por el CNE y sobre todo la sentencia del TSJ».

Por eso, indican que responder a tal propuesta sería «inadmisible porque sería ignorar el fraude evidente, la usurpación manifiesta, desconocer la soberanía popular inequívocamente expresada, y el consecuente derecho a expresar pacífica, pero decidida y firmemente la legítima protesta».