Las víctimas piden reconocimiento oficial

Reconocer a la persona que ha sufrido abusos sexuales su condición de víctima al principio del proceso, no como consecuencia de una sentencia firme, tras un largo calvario en los tribunales. Esta es la propuesta que el presidente de la asociación Infancia Robada, el diputado socialista Juan Cuatrecasas, ha llevado a los distintos grupos parlamentarios, a la oficina del Defensor del Pueblo y a la Conferencia Episcopal. «Desde que la agresión sexual ha sido determinada a nivel facultativo, no hay por qué esperar más. El proceso penal es otra cosa. Sirve para demostrar que la persona a la que se apunta con el dedo es el agresor. La lógica es distinta, porque ahí los jueces deben partir de la presunción de inocencia y, cuando dictan una sentencia, asegurarse de que reúne el mayor compendio posible de datos para que esté bien razonada».

El hijo de Cuatrecasas sufrió abusos entre los 12 y los 13 años a manos de su profesor de Religión y preceptor en el colegio Gaztelueta, en Vizcaya, perteneciente al Opus Dei. El caso –admite– es peculiar por muchos motivos, ya que el joven «empezó a relatar lo que le había pasado en un plazo de tiempo muy breve en comparacióncon otras muchas personas, que han tardado 30 o 40 años en hablar. Otro triste récord que batió fue el de la fiabilidad: me gustaría no poder decir esto, pero existía la absoluta certeza de que presentaba un estrés postraumático relacionado con unos abusos sexuales, acreditado por terapeutas tanto de la red pública vasca como por psicólogos y psiquiatras particulares». En noviembre de 2018, la justicia condenó a once años de cárcel a su agresor, que ha recurrido ante el Supremo.

«Denunciar es un calvario»

Dar el paso de denunciar no es fácil. «Las víctimas, como tuve que repetirle una y otra vez al fiscal durante el juicio, no cuentan lo que les ha ocurrido cuando quieren, lo cuentan cuando pueden». E incluso, aunque por fin den el paso de pedir ayuda, «muchas veces no quieren denunciar en los tribunales. Son libres de no hacerlo», añade Cuatrecasas. «De hecho, yo nunca animo a nadie a denunciar. Siempre cuento la verdad. Y la verdad, que esperemos que algún día cambie, es que denunciar supone un cambio brutal, un calvario, tener que cambiar tu vida por completo. Mi mujer y yo recibimos presiones, amenazas… La situación era a veces totalmente insostenible. Lo que hemos vivido en nuestra familia no se lo deseo ni al peor de mis enemigos. Ni a la persona que le hizo eso a mi hijo».

La soledad es «especialmente dura en esos momentos», y más cuando viene acompañada de un «sentimiento de traición». «La mayor puñalada que recibí fue que la Iglesia mirara para otro lado», dice Cuatrecasas. «¡Que todavía hoy algunos intenten callarnos, que nos digan que todo es mentira…!». Se produce entonces una revictimización que «agrava el sufrimiento» de las víctimas.

Se necesita, con urgencia, ayuda cualificada, pero «muchas víctimas no se la pueden permitir», o al menos no «terapias de calidad», que suponen «un dispendio económico importante», prosigue Cuatrecasas. «Bien la Administración, la Iglesia o ambas deberían sufragárselas, para que la persona pueda retomar su vida con la máxima normalidad posible». En la misma línea, Infancia Robada propone el reconocimiento de algún tipo de «discapacidad».

Una alternativa inspirada en las comisiones de la verdad

«Es verdad que muchas veces estos hechos dejan secuelas de por vida», corrobora la presidenta de la Sociedad Vasca de Victimología, Gemma Varona, quien dirige la primera investigación en España sobre la prevención y las consecuencias de los abusos sexuales en la Iglesia. A su juicio, «la sociedad tiene un deber de solidaridad hacia las víctimas», porque «hay que reconocer que les hemos fallado de alguna manera».

De entrada, existe necesidad de un acompañamiento, porque «sin saber cómo ni por qué, estas personas están bien un día y, al siguiente, se encuentran fatal, y lo que piden es simplemente comprensión, un certificado, similar al que se da a personas con alguna discapacidad, que les exima de estar dando explicaciones constantemente sobre por qué un día faltan a clase o al trabajo».

Por tanto, «hasta ahí, la reivindicación es de gran justicia, yo me apunto, pero ¿cómo lo hacemos?». «¿Qué perito tendría que acreditarlo?», se pregunta Varona. «¿Y qué derechos incluimos en el paquete?». «¿Qué pasa con quien denuncia mucho tiempo después, cuando los casos ya han prescrito, pero igualmente sigue necesitando ayuda? ¿Tiene que ir al médico a decirle que hace 20 años sufrió abusos y a pedirle que certifique que tiene unas secuelas? ¿Y cuando el agresor ya ha fallecido?». Claro que, «si hemos llegado a la Luna, podremos resolver estas cuestiones con imaginación y justicia. Siempre habrá personas que se queden fuera, porque el derecho es cicatero, pero sería interesante empezar a trabajar en esta línea».

Las víctimas de violencia de género o delitos de odio podrían entrar, considera, en el mismo sistema de protección. No obstante, a juicio de Gemma Varona, cuando se trata de abusos sexuales en contextos eclesiales, podrían crearse vías de atención a las víctimas alternativas y mucho más ágiles, inspiradas en las comisiones de la verdad de diversos países para certificar violaciones de derechos humanos en contextos de conflicto o represión política. A través de una serie de peritos, se reconoce la condición de víctima de una persona, y eso lleva aparejado unos derechos, generalmente de tipo económico (cantidades en principio moderadas, puesto que las de mayor cuantía requieren una sentencia) o de petición de perdón. Ahí no sería siquiera preciso esperar a cambios legislativos. Para comenzar a prestar este tipo de ayudas a las víctimas, dice Varona, «bastaría simplemente con que la Iglesia estuviera dispuesta a poner estas comisiones en marcha».