Las solicitudes de asilo en 2022 volverán a registros de antes de la pandemia - Alfa y Omega

Las solicitudes de asilo en 2022 volverán a registros de antes de la pandemia

CEAR reclama que los recursos habilitados para los refugiados ucranianos se queden para el resto de solicitantes de protección

Fran Otero
Presentación del Informe Anual 2022 de CEAR en el Congreso de los Diputados. Foto: Fandiño.

El número de solicitudes de asilo y protección internacional en lo que llevamos de año –cifras hasta el mes de abril– asciende a 36.500, esto es, una media de 9.000 al mes. Números que, según Estrella Galán, directora general de CEAR, indica que a final de año se superarán las 100.000, volviendo a registros de antes de la pandemia.

«Hacemos un llamamiento para que en el sistema de protección se haga el esfuerzo necesario para ajustarse al volumen», ha dicho durante la presentación del Informe Anual 2022 de CEAR, que analiza los principales acontecimientos sobre migración y asilo que tuvieron el año pasado. En concreto, Galán ha pedido que los recursos que se han creado para atender a la crisis ucraniana se abran también al resto de personas que piden protección.

Cita, por ejemplo, la puesta en marcha de los Centros de Recepción, Atención y Derivación (CREADE), donde los refugiados ucranianos han podido realizar todas la gestiones en un único lugar y los distintos actores han podido trabajar de manera coordinada. «Es importante aprender de las buenas prácticas. La puesta en marcha de los CREADE ha sido muy positiva y ha proyectado una imagen de solvencia y coordinación necesaria, por lo que proponemos su continuidad, extendiéndose a todas las personas solicitantes con independencia de su lugar de origen o procedencia», añade la directora general de CEAR.

Galán también ha ofrecido datos de las solicitudes de 2021, un año todavía muy marcado por la pandemia. En total 630.630 personas pidieron protección en la Unión Europea y, de ella, 65.404 en España. De todas las resoluciones que hubo durante ese año (69.891), solo 7.371 fueron favorables. Es decir, que la tasa de reconocimiento de asilo fue del 10,5 %. Aunque está lejos de la media europea (35 %), lo cierto es que se ha duplicado con respecto al año anterior.

Durante este periodo, han constatado que el porcentaje de personas procedentes de Malí que consigue la protección es del 82 % si bien es paradójico que para ello tengan que jugarse la vida en el mar. De hecho, recuerda que en 2021 al menos 1.109 personas perdieron la vida en la ruta canaria, una cifra que no tiene en cuenta a los desaparecidos. Y por eso desde CEAR han vuelto a insistir en la necesidad de crear vías legales y seguras que, en su opinión, «son inexistentes y no están en agenda».

Galán ha denunciado que siguen existiendo muchas dificultades para formalizar la solicitud, ya sea porque se piden visados de tránsito a algunas nacionalidades o porque, una vez en España, los tiempos de espera para ser atendido por la administración van entre los seis y ocho meses.

Paloma Favieres ha incidido en esta cuestión durante su intervención: «Cuando hablamos de que es urgente garantizar el acceso de todas las personas al procedimiento de protección internacional nos referimos de una obligación impuesta por ley».

Durante la presentación del informe también han recordado la situación de saturación de menores en Canarias o otros lugares donde los problemas se han cronificado: la frontera de la Unión Europea con Bielorrusia, las islas griegas y la frontera sur española.

También ha tenido presencia Afganistán, a través de la activista Malalai Joya, la mujer más joven en ser diputada de su país y hoy refugiada en España tras el regreso al poder de los talibanes. «Los derechos humanos y los de las mujeres están peor que nunca. No pueden estudiar ni trabajar. Los talibanes no han cambiado ni se han moderado, se han vuelto más salvajes», ha afirmado.

En su opinión, la única forma de salvar el país es apoyando a las fuerzas progresistas, democráticas y laicas de Afganistán para liberarse de los fundamentalistas y de la influencia de las potencias extranjeras, con las que es muy crítica, especialmente con Estados Unidos.

Entreculturas reclama programas de educación en emergencias

Uno de los logros de la acogida en España a los refugiados ucranianos es que a finales de abril más de 15.000 menores recién llegados de este país ya estaban escolarizados. Además, las autoridades han impulsado iniciativas para facilitar su integración. Entreculturas ha aplaudido este dato en una rueda de prensa celebrada este jueves para presentar su campaña Escuela refugio y el informe Escuelas que construyen paz.
«Las escuelas son mucho más que lugares destinados al aprendizaje académico», ha subrayado la coordinadora de la entidad, Irene Ortega. Ofrecen, además, la «seguridad, protección, cuidado y recuperación» que resultan «indispensables» para niños que «han perdido su hogar y en ocasiones su familia o parte de ella».
Proteger estos entornos es ahora más urgente que nunca, cuando el mundo se acerca al millón de refugiados y desplazados. Además, después de la pandemia de la COVID-19, la educación de los menores refugiados quedó en una situación muy vulnerable. Por ejemplo, como desveló ACNUR en septiembre de 2021, mientras en Jordania el 82 % de los menores estaban matriculados en una escuela, entre la población refugiada eran solo el 59 %.
Para subsanar este deterioro, la entidad reclama «desarrollar programas de educación en emergencias de calidad, inclusiva y flexible». Para ello, presentan como objetivo que el 10 % de al ayuda oficial al desarrollo se destine a la ayuda humanitaria. Y, de estos fondos, un 6 % a educación en emergencias.
Esta incluye «garantizar el acceso y la adaptación» a la digitalización y la educación a distancia. Es necesario también tener en cuenta que en las situaciones de conflicto o de desplazamiento forzado «las niñas están más expuestas a la violencia», ha asegurado Ortega, así como al riesgo de matrimonio precoz, embarazo o trata.
Entreculturas reclama, por otro lado, «aplicar la Declaración sobre Escuelas Seguras y las directrices para prevenir el uso militar de escuelas y universidades durante conflictos armados».

María Martínez López