Las secuelas de la segunda ola todavía golpean la India

Después de registrar en un solo día, el 6 de mayo, 414.000 casos nuevos de COVID-19, los 60.000 del pasado lunes en la India casi parecen una buena noticia para un país que, según los datos oficiales, ya ha tenido 29,6 millones de contagios y 377.000 muertes. Pero «es prematuro decir que tenemos la situación bajo control», subraya a Alfa y Omega el sacerdote Franklin Menezes. «En cuanto las restricciones se levanten», la situación puede volver a empeorar porque la gente volverá a actuar «bajo la falsa asunción de que el coronavirus ya no es peligroso y no les afecta».

Menezes, director de los servicios sociales de la archidiócesis de Calcuta, participó el miércoles en la presentación de la Memoria de actividades 2020 de Manos Unidas. Lo vivido en su zona es un ejemplo de la labor de la ONGD católica en la pandemia. De los 172 proyectos de emergencia aprobados el año pasado, 136 estuvieron destinados a combatir el coronavirus en 36 países. Labores de concienciación, entrega de mascarillas, suministro de medicinas y equipamientos y desarrollo de la infraestructura de centros médicos eran las prioridades en la India. «Han estado al lado de la gente en este tiempo de gran necesidad», subraya agradecido el padre Menezes.

El apoyo sigue siendo muy necesario. La segunda ola ha pasado, pero no sus estragos. Aún hay una «enorme emergencia sanitaria», que ha obligado a los centros sanitarios públicos y privados a hacer un gran esfuerzo por ampliar sus servicios. A las secuelas habituales, que impiden a muchas personas hacer vida normal, se han sumado hasta ahora más de 11.000 casos de mucormicosis u hongo negro. En las personas con el sistema inmunitario debilitado por el tratamiento con corticoesteroides, este organismo invade los huesos de la cara y el cerebro. En la mitad de casos puede causar la muerte, y en otros muchos la pérdida de los ojos.

A ello se suman las secuelas no sanitarias. «Millones de personas, sobre todo quienes trabajan al día, los vendedores ambulantes, inmigrantes y trabajadores agrícolas, han perdido su fuente de ingresos», explica Menezes, mientras otros solo reciben parte de su salario. El miedo al contagio, el aislamiento de mayores y pequeños y las restricciones en la práctica comunitaria de la fe son los otros ingredientes de un cóctel que está causando una gran ansiedad a la gente.

Niñas contra la trata

Por eso, también durante este año Manos Unidas sigue enviando ayuda. Por ejemplo, para que la archidiócesis de Calcuta reparta alimentos y productos sanitarios a mil familias muy pobres del distrito de Swarupnagar. Esto se suma a otros proyectos que ya venían de atrás, pero que la pandemia ha hecho más necesarios que nunca. Como uno destinado a formar equipos de chicas para combatir la trata y el trabajo infantil.

En el este del país, explica Menezes, muchas familias lo han perdido todo por los ciclones Amphan y Yaas, el año pasado, y a causa del coronavirus. Esto las ha hecho más vulnerables a las promesas de los traficantes. Les entregan a alguno de sus hijos, y los pequeños terminan como sirvientes domésticos, esclavos sexuales o cubriendo los puestos que han quedado vacantes en fábricas. Las chicas que forma la Iglesia, en colaboración con otras entidades y con apoyo de la ONGD española, «están pendientes de si aparecen extraños en sus aldeas, si hay casos de matrimonio infantil o si desaparece algún niño o niña». Si ocurre, avisan a los servicios de protección a la infancia o a la Policía.

COVID y corrupción

«Dios aprieta pero no ahoga». En medio de la pandemia, la hermana Pilar Cobreros, directora del Hospital Notre Dame de la Santé de Dschang (Camerún), se considera afortunada por dos razones. La primera es que el coronavirus no golpeó con demasiada fuerza en su zona. De 343 contagios detectados, ingresaron 59 personas y han muerto nueve. Todas en la primera ola. En la segunda no hubo ningún caso grave. «Si hubiera sido como en España, no lo habríamos contado», apunta. La segunda causa de gratitud es el apoyo de Manos Unidas, «los primeros que nos enviaron tests». Las autoridades no se los facilitaban, a pesar de haberlo designado como centro de referencia.

Este dudoso honor ha significado, simplemente, «tener que atender a los pacientes sin que nos dieran casi nada»: 200 euros, doce EPI, un termómetro y un litro de gel hidroalcohólico. La religiosa sospecha que tendrían que haber recibido más. Al menos, lo que consta en la larga lista que ahora el Gobierno les ha pedido que firmen, para justificar ante la OMS en qué se ha gastado las ayudas recibidas. «No he firmado, no nos dieron nada de eso», subraya indignada por este nuevo ejemplo de corrupción y mala gestión.

Por eso, no espera demasiado de la campaña de vacunación. Cuando en mayo llegaron las primeras dosis a su zona, se convocó al personal sanitario para administrársela. Pero al día siguiente «se dio aviso de que se interrumpiera y no han vuelto a avisar públicamente» de que se haya retomado.