Las personas vulnerables «quieren vivir en casa o como en casa»

Tras la aprobación este mes de la Estrategia estatal para un nuevo modelo de cuidados en la comunidad, el gabinete de comunicación del ministerio que encabeza Pablo Bustinduy explica su apuesta para garantizar una mayor autonomía de los ancianos, personas con discapacidad, sin hogar o menores tutelados. También aspira a «mejorar las condiciones de vida y de trabajo de las personas que cuidan».

¿Cuál es el principal objetivo de la estrategia?
—Pretende transformar el sistema de apoyos y cuidados en España de forma que todas las personas, independientemente de sus necesidades, puedan desarrollar sus proyectos de vida elegidos. Que sean incluidas en la comunidad y disfruten de sus derechos fundamentales, incluyendo el derecho de la infancia a crecer en familia.

Ocho de cada diez personas en España consideran que las personas que residen en centros o instituciones asistenciales están en alguna medida al margen del conjunto de la sociedad. Opinan que es necesario tomar medidas para que estas personas puedan vivir más incluidas en la sociedad. Hay un consenso mayoritario, del 81,3 %, que considera que es necesario promover medidas para que las personas no tengan que vivir en instituciones y puedan vivir en domicilios particulares en la comunidad con los apoyos que sean necesarios. Existe, por tanto, un deseo común y compartido entre las personas de poder vivir en casa o como en casa. Esto es cada vez más una idea de sentido común.

¿Cómo pensáis lograr ese cambio?

—Asumir este reto pasa por superar una arraigada cultura asistencialista y transitar hacia modelos de cuidados y apoyos centrados en el respeto y en la garantía de los derechos y dignidad de las personas.

Esta transformación no puede hacerse a costa de la renuncia y entrega de otros familiares, generalmente mujeres. Los cuidados no pueden seguir sosteniéndose en las familias y en la renuncia de tantas mujeres, tampoco en un sector profesional precarizado y poco atractivo. Por ello, la estrategia quiere también contribuir a mejorar las condiciones de vida y de trabajo de las personas que cuidan. Mejorando las condiciones laborales para garantizar el trabajo digno y favorecer el incremento del personal disponible, así como apoyando a las familias. En especial a las mujeres cuidadoras y familias de acogida, para que el cuidado de las personas no se convierta en un impedimento para sus propios proyectos de vida.

¿Qué desventajas plantea vivir en un complejo institucionalizado respecto a una vivienda autónoma?

—En la práctica, los sistemas de cuidados arrastran una fuerte tradición de lo que hemos llamado en la estrategia «cultura asistencialista». Se trata de cualquier tipo de situación o relación de cuidado y apoyo en la que estén presentes rasgos como los siguientes: despersonalización, rigidez en las rutinas, trato grupal y uniforme, así como la ausencia de elección y control, falta de toma de decisiones sobre la propia vida, o el predominio de los intereses de la organización frente a las necesidades de las personas. Todo ello podríamos resumirlo con la siguiente frase: «elegir lo que es bueno para las personas que reciben los cuidados, pero sin las personas». Lo que en última instancia supone una vulneración flagrante de los derechos humanos. Tener la llave de tu casa, decidir qué desayunas cada día, invitar a tus amigos a tu casa, decorar tu hogar a tu gusto… gestos tan cotidianos y esenciales para muchos de nosotros y nosotras, son inviables y limitados en muchos de estos entornos asistencialistas.

¿Lleva retraso España en esta transición de modelo?
—España se encuentra todavía en un estadio inicial en el desarrollo de procesos de desinstitucionalización y de implementación de enfoques y servicios de apoyo comunitarios. No obstante, en los últimos años se vienen impulsando diversas iniciativas y proyectos. Están liderados tanto por instituciones públicas como por entidades del tercer sector con el objetivo de ensayar nuevos modelos de cuidados personalizados, orientados a la vida en la comunidad y a la autonomía de la persona. Estas iniciativas se encuentran a lo largo de la geografía española, centradas en los grupos que son objeto preferente de esta estrategia.

¿Qué resistencias se pueden esperar y cómo pretenden superarlas?

—Al ser un proceso de cambio cultural las resistencias pueden estar presentes en diversos ámbitos y momentos. La responsabilidad de esta estrategia es acompañar este proceso de tránsito demostrando que las alternativas que se plantean y proponen son posibles, sostenibles y tienen un impacto positivo en las personas y en los entornos donde viven.

Tanto para el diseño de la estrategia como para su seguimiento se han realizado y se realizarán varias consultas públicas que permiten conocer cuáles son las percepciones sociales sobre este proceso.

Por otro lado, en el marco del seguimiento y evaluación de los proyectos piloto se ha realizado un estudio sobre los imaginarios, narrativas y marcos conceptuales de los procesos de desinstitucionalización y prevención de la institucionalización que nos ha permitido identificar cuáles son las posturas y percepciones de las problemáticas a las que la estrategia dar respuesta.

¿Qué estrategias han pensado para implicar al resto de ministerios y a las comunidades autónomas de cualquier signo político?

—En el proceso de diseño se ha implicado a los diferentes ámbitos de las comunidades autónomas y a los diferentes ministerios implicados. El sistema de gobierno de la estrategia contempla un sistema donde la Secretaría de Estado de Derechos Sociales es el principal responsable de la estrategia, por tanto, coordinará el proceso de planificación, implementación, seguimiento y evaluación. Esta labor requerirá el impulso de la implementación de la estrategia en los distintos niveles y ámbitos de actuación, articulando la actuación de la Administración General del Estado y otras administraciones públicas en el cambio de modelo de apoyos y cuidados, facilitando la cooperación con las organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía y orientando las acciones hacia la consecución de los objetivos planteados.