Las ofensas a los sentimientos religiosos no serán delito

No es la primera vez que Sumar intenta eliminar el delito de ofensas a los sentimientos religiosos. De hecho, su primera iniciativa tras configurarse como partido —hace justo un año— fue una proposición de ley para reformar el Código Penal y acabar con este delito, junto con el de ofensas a España y sus símbolos. En aquella ocasión, el texto no salió adelante, como tampoco vio la luz en las otras dos ocasiones —en 2018 y 2021— que Unidas Podemos trató de aprobarlo. En cada intento, el PSOE fue retrasando su tramitación y, al final, la norma acabó muriendo con el fin de la legislatura el pasado verano. Ahora, sin embargo, el partido de Yolanda Díaz ha acordado con el PSOE retirar todos estos crímenes de la normativa penal española como parte del «plan de regeneración democrática» que el presidente Pedro Sánchez anunció el miércoles pasado desde el Congreso de los Diputados.

El anuncio, que ha generado inquietud en el ámbito católico, tampoco se ha entendido dentro de las filas del propio PSOE. «Me he quedado preocupada. El no respetar las diferencias, sean las que sean, puede provocar un daño importante en la persona», lamenta Carmen Sánchez Carazo, exconcejal socialista del Ayuntamiento de Madrid y miembro de la Ejecutiva del PSOE-M entre 2007 y 2015. Además, «esta decisión va en contra del posicionamiento habitual del partido, que en los últimos años ha salido en defensa de los colectivos más perseguidos tradicionalmente».

En este sentido, Sánchez Carazo aboga por no retirar la protección a la libertad religiosa, que es un derecho consagrado en la Constitución. «Hay que tener en cuenta que estamos hablando de algo sustancial para el ser humano», añade la militante socialista, que actualmente colabora como voluntaria en un centro de escucha de la archidiócesis de Madrid. «Antropológicamente, la persona tiene un componente espiritual» y cualquiera «debe poder vivir esta circunstancia sin ser humillado».

Recomendación de la UE

Durante su discurso, Sánchez se escudó en varios momentos en la Unión Europea y defendió los cambios al tratarse de una recomendación comunitaria sobre la libertad de expresión. La exconcejal confirma las palabras del presidente con el documento europeo —la Recomendación 1.805 (2007)— en la mano, donde se defiende la libertad de expresión incluso en los casos en los que esta pueda entrar en conflicto con el Estado, con una persona o un colectivo. «Pero no nos podemos quedar ahí, porque en el artículo 14 de la misma recomendación se llama también a proteger la libertad de religión» y se insta a los Estados miembro a defenderla «contra las perturbaciones de terceros».

Sin salirse de esta mirada hacia Europa, la presidenta del Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia (OLRC), María García, asevera que la intención de Sumar y PSOE, de hecho, «va en contra del derecho de la mayoría de países de Europa». Según un informe publicado por la entidad que preside, 21 de los 27 países de la UE sancionan las ofensas a los sentimientos religiosos. «Son todos salvo Irlanda, Suecia, Estonia, Francia, República Checa y Croacia», detalla García, que hace una semana se reunió con el fiscal contra los delitos de odio de España, Miguel Ángel Aguilar.

Situación en Europa

La cita se enmarca en la hoja de ruta que ha desarrollado el OLRC para hacer frente a las maniobras de la coalición que conforma el Ejecutivo. Asimismo, la entidad presidida por García está intentando verse tanto con la asociación Jueces por la Democracia como con la Asociación Profesional para la Magistratura, «pero de momento se han negado a recibirnos». La falta de interés de este tipo de entidades contrasta con la asiduidad de los delitos contra los sentimientos religiosos. «Están a la orden del día», confirma la presidenta del OLRC. Cita por ejemplo la reciente profanación de un sagrario en Barcelona o el ataque contra un cementerio en Forcarei. «Muchas de estas cosas, junto con las ofensas que se vierten recurrentemente en el ámbito de la cultura, ya salían gratis anteriormente al no aplicarse el Código Penal como se debería», lamenta García, que se pregunta qué pasara ahora, si se consuma la modificación, cuando los jueces no puedan tirar de la normativa penal española. «Si se materializa la reforma, se está dejando a los creyentes como ciudadanos de segunda».