Las familias muestran su preocupación por la ley trans: «Está redactada de espaldas a la realidad»

La Agrupación de Madres de Adolescentes y Niñas con Disforia Acelerada (AMANDA) han manifestado este jueves su preocupación por la aprobación de la ley trans, que «está redactada de espaldas a la realidad, pues olvida el fenómeno de la disforia de género de inicio rápido, que ha supuesto un aumento de las peticiones a las unidades de tratamiento de la identidad de género de varios miles por ciento».

En su opinión, la legislación impulsada por el Ministerio de Igualdad olvida a los desistidores, personas que hicieron una transición social y luego la detuvieron, y a los detransicionadores, sometidos a tratamientos hormonales y quirúrgicos «con consecuencias irreversibles» y que se acaban arrepintiendo.

Las familias exponen, además, las consecuencias que esta ley va a tener en la atención a menores y jóvenes con disforia acelerada.

Según denuncia AMANDA, ahora es el joven y no el especialista el que decide si se hormona u opera. «A partir de los 16 años, o mucho antes si hay consentimiento paterno, el médico está obligado a atender la demanda que se le hace sin aplicar su propio criterio profesional», añade. Si no lo hace así, se considerará una terapia de conversión y, por tanto, «una infracción muy grave», que puede acarrear sanciones administrativas de hasta 150.000 euros y tres años de inhabilitación profesional.

Los tratamientos que se están utilizando en estos momentos son experimentales, pues los medicamentos no están indicados para personas transexuales. «La ley no recoge el consentimiento informado a tratamientos experimentales o fuera de la indicación aprobada», explica.

Denuncia que los padres, si no quieren enfrentarse a una posible pérdida de la patria potestad de sus hijos, «se ven abocados a autorizar todos los tratamientos». Y añaden: «Se les impide acompañar a sus hijas e hijos de un modo prudente y respetuoso, primando su adecuado desarrollo biológico, tanto físico como mental».

Reino Unido, Finlandia o Suecia, que fueron pioneros en el enfoque afirmativo al que obliga nuestra ley, ya han dado marcha atrás.

La ley trans incluye de forma obligatoria la inclusión de contenidos de diversidad sexual y de género en los colegios. Además, se establece la obligación de adoptar en los centros educativos una postura afirmativa indubitada.

El plazo de tres meses que contempla la ley para el cambio de sexo de adolescentes es claramente insuficiente.

A modo de conclusión, AMANDA señala que establece «un modelo rígido, inflexible y afirmativo de acompañamiento y apoyo a la toma de decisión que prohíbe cuestionar la autodeterminación». «Debería priorizarse la intervención psicológica en aquellos casos en los que exista incertidumbre», sentencia.