Las familias acogedoras piden que los avances recientes no caigan en saco roto

María Araúz de Robles, presidenta de la Asociación Estatal de Acogimiento Familiar (ASEAF) reclamó el jueves en el Senado que se aproveche el «escenario favorable» para hacer realidad la reforma de la Ley de Protección Jurídica del Menor del año 2015 y que casi 1.200 niños menores de 6 años pasen de centros de menores a una familia acogedora. Lo hizo durante su comparecencia en la Comisión de Derechos de la Familia, la Infancia y la Adolescencia del Senado, a petición del Partido Popular.

En mayo, este partido presentó en la Cámara Alta una moción para instar al Gobierno a contemplar una hoja de ruta para incrementar las partidas presupuestarias destinadas a favorecer el acogimiento familiar. No es el único movimiento en este sentido. El PSOE presentó en el Congreso una proposición no de ley para potenciar y primer el acogimiento familiar de los menores tutelados, con un apoyo casi unánime del resto de partidos.

Además, los ministerios de Derechos Sociales y Agenda 2030 y de Igualdad y las comunidades autónomas aprobaron el objetivo de que en el año 2026 no haya ningún menor de 6 años en centros, y que para 2031 haya menores de 10. Este medida se acordó en el marco del plan de acción contra la explotación sexual de menores tutelados.

Junto con esto y con la tramitación en Madrid y el País Vasco de nuevas leyes de infancia que se suman a las de Valencia, Baleares, Andalucía y Navarra, está el impulso de los fondos europeos. Tanto el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de los fondos Next Generation como la Garantía Infantil Europea y las Bases recogen el compromiso de reducir el porcentaje de niños y adolescentes en acogimiento residencial para que pasen de la mitad de los menores tutelados a una cuarta parte.

«La situación ha empeorado»

En su comparecencia, Araúz de Robles indicó que el número de menores integrados en el sistema de protección ha aumentado hasta un 47 % en los últimos años, informa Efe. De los cerca de 35.000 que se encuentran en el sistema de protección, 18.000 viven en familias de acogida (el 64 % con parientes cercanos y el resto en familia ajena) y 17.000, en centros residenciales.

La forma más frecuente de que uno de estos 17.000 menores deje su centro es al cumplir la mayoría de edad. Solo el 11 % retorna con su familia de origen, mientras el 6 % pasa a una familia de acogida. Un escenario poco halagüeño, sobre todo si se tiene en cuenta que 1.177 de ellos tienen menos de 6 años y 537, menos de 3. Para Araúz de Robles estas cifras son «elevadísimas», por lo que ha instado a las Administraciones Públicas a encontrar una solución.

«La situación ha ido empeorando, estos niños deberían estar creciendo en un entorno de seguridad y afecto como las familias de acogida», indicó. Por ello, remarcó la necesidad de fomentar la acogida familiar para que los menores «tengan quien apueste por ellos y los cuide». Hay muchas familias dispuestas a acoger a estos niños, aseguró. «Acoger es un bien para todos. Estamos a tiempo de hacer España un país de acogida».

En su opinión, a pesar de hacer una buena labor, las 1.300 residencias de menores de España no son sostenibles desde el punto de vista de los recursos públicos. «Cada niño cuesta más de 4.000 euros al mes y luego cuando salen a la calle» muchos «se encuentran en situación de marginalidad. Son recursos públicos tirados a la basura», lamentó.