Las exreligiosas de Belorado serán desahuciadas el 12 de marzo
El Tribunal de Instancia de Briviesca rechaza los cinco argumentos planteados por las exreligiosas de Belorado y serán desahuciadas
El Tribunal de Instancia de Briviesca ha confirmado la ejecución provisional del desahucio del monasterio de Belorado y ha fijado una nueva fecha para el lanzamiento: será el próximo 12 de marzo de 2026, a las 09:30 horas. Así consta en un auto y un decreto hechos públicos este miércoles que rechazan íntegramente la oposición presentada por las exreligiosas y ordenan continuar con el procedimiento. La archidiócesis de Burgos lo ha dado a conocer en un comunicado.
El Auto 39/2026, dictado el 3 de febrero por el Juzgado número 1 de la Sección Civil y de Instrucción, desestima uno por uno los cinco argumentos planteados por la parte ejecutada. Les impone además las costas del proceso.
Situación de vulnerabilidad
Uno de los principales motivos de oposición era que aún estaba pendiente el recurso de apelación contra la sentencia de desahucio dictada el 31 de julio de 2025. El tribunal señala que este argumento ha quedado sin efecto, ya que la Audiencia Provincial de Burgos ha desestimado el recurso y ha confirmado íntegramente el fallo de primera instancia.

Las exmonjas alegaron también que el monasterio debía ser considerado «gran tenedor» y que la mayoría de ellas se encontraban en situación de vulnerabilidad. El auto responde que este no es un motivo tasado de oposición a la ejecución provisional y añade que las propias demandadas renunciaron a dicha condición. Además, subraya que los inmuebles tienen carácter de uso religioso, no equiparable a una vivienda habitual.
La autoridad del comisario pontificio
Otro de los puntos discutidos fue la representación del comisario pontificio. El tribunal recuerda que esta cuestión ya quedó zanjada en segunda instancia. Entonces se ratificó la facultad del administrador del monasterio —el arzobispo Mario Iceta— para requerir el desalojo de las religiosas separadas de la doctrina católica.

Conforme dice el auto, las exmonjas «temen un hipotético uso del ejecutante para “hacer toda clase de obras, incluso demoler el edificio, de manera que quede inservible para el uso al que se destina y pierda casi todo su valor”». Pero insiste en que es tan solo «un temor lanzado al aire» y sin «elemento probatorio alguno».