Las empresas han de rendir cuentas por su impacto

«Estamos en un momento crítico para la protección de los derechos humanos y del medio ambiente no solo en otras partes del mundo, sino también en Europa», afirma Amaya Acero, coordinadora de la Plataforma por Empresas Responsables (PER), la organización que está reclamando a la Unión Europea una directiva de debida diligencia que limite los impactos negativos que las empresas transnacionales tienen sobre sus trabajadores, las comunidades locales y el medioambiente en los países en los que operan. La PER, que agrupa a 16 organizaciones españolas que representan a más de 530 entidades entre las que se encuentran Enlázate por la Justicia, Entreculturas y Oxfam Intermón, entre otras, está estableciendo contactos estos días con responsables del Ministerio de Economía para la creación de una ley similar a nivel nacional. El doble trabajo de esta plataforma se enmarca en el horizonte legislativo que afrontará la Unión Europea este año. En el segundo semestre, tendrá presidencia española y para entonces sería interesante que los esfuerzos a nivel nacional y europeo «converjan en una directiva robusta y eficaz» en paralelo con una legislación española «en la que la responsabilidad de nuestras empresas dentro y fuera del país sea una prioridad», dice Amaya Acero.

El caso Repsol en Lima

Precisamente, la coordinadora de la PER participó la semana pasada en una jornada sobre el impacto de las empresas españolas en los derechos humanos y el medioambiente en Iberoamérica, organizada por Oxfam Intermón. En ella intervino Miguel Lévano, responsable de Programas en Oxfam Perú, quien contó el caso del vertido de petróleo de Repsol frente a las costas de Lima el año pasado.

La empresa española continuó trabajando en una descarga a pesar de que existía riesgo de tsunami causado por la erupción de un volcán en Tonga, hace apenas un año, según la versión de Lévano. Repsol informó inicialmente de un derrame irrisorio, pero luego se constató que se habían vertido 6.000 barriles. El caso tuvo tanta repercusión en el país que hasta el arzobispo de Lima, Carlos Castillo, dijo que todo sucedió «por la ambición de llenarse de dinero a costa de la depredación». El prelado pidió a la empresa reparar «de forma completa y a largo plazo» el daño causado, «no con limosnitas».

Hasta la fecha, mientras Repsol ya ha cerrado acuerdos de compensación total con más de 8.000 afectados inscritos en el Padrón Único de Afectados elaborado por las autoridades peruanas, Lévano señala que el número de afectados se eleva a 50.000 personas, contando con sus familias. Todos ellos han sido perjudicados «por un vertido que ha dañado 100 kilómetros de costa en los que la pesca lleva paralizada un año. No se sabe cuándo van a volver a faenar y tampoco si va a haber peces o no cuando vuelvan al mar», lamenta Lévano. La cuestión es que «no se ha atendido adecuadamente a estas personas afectadas, aunque la compañía asegura que ya casi ha terminado la reparación», añade el responsable de Oxfam Perú. También denuncia que, por acuerdos extrajudiciales, a las víctimas del vertido les están dando una media de 16.000 euros, «pero sin un informe que haga una valoración objetiva de la indemnización y obligándolos a renunciar a una posible reclamación mayor en el futuro». Por otra parte, aunque las operaciones de limpieza parecen haber finalizado y la compañía afirma que «los muestreos y estudios hechos tanto por la empresa como las autoridades peruanas, instituciones académicas y organizaciones independientes muestran que el mar y el fondo marino están limpios», Lévano asegura que «todavía sale petróleo a flote cuando hay oleaje».

Por casos como este «es necesario que las compañías puedan entrar en un proceso de rendición de cuentas y que las víctimas tengan acceso a la justicia», afirma Amaya Acero. Así, la normativa sobre debida diligencia «tiene un impacto positivo no solo en el respeto del medio ambiente, sino en los derechos de las personas que viven en él».

Lo confirma Lévano a este semanario en el caso del vertido de Perú: «Nadie está en contra de las actividades petroleras, pero tienen que hacerse forma segura». Por eso, demanda una legislación transnacional «que implante altos estándares de operatividad, tanto en los países de procedencia como en los países en los que actúan». Al final, concluye, el medioambiente «es la casa de todos, y tenemos que cuidar del impacto que tienen las compañías en ella, tanto para el entorno como para las personas».

Otros casos españoles

El informe Casos recientes de abusos de empresas españolas de la PER recoge los siguientes:

• Cobra (ACS) está construyendo un complejo hidroeléctrico en Guatemala sin consulta previa a los pueblos indígenas y sin estudio de impacto ambiental.

• Mapfre aseguró la construcción de la presa de Brumadinho (Brasil) con una ausencia de debida diligencia en el análisis de riesgos, rompiéndose en 2019 y provocando más de 250 muertos.

• Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) construye un tren en Israel con una empresa que, según la ONU, viola los derechos de los palestinos.

• Agrogeba compró tierras en Guinea-Bissau expulsando a 600 personas y aumentando la malaria.