Las clarisas de Belorado no han trasladado «necesidades económicas» al Arzobispado

El Arzobispado de Burgos ha recalcado en un comunicado de prensa que el comisario pontificio es «a todos los efectos» el encargado de «velar» por las personas que habitan en el monasterio de las hermanas clarisas de Belorado y ha añadido que estas no le han trasladado «necesidades económicas» que debieran ser atendidas de inmediato. Solo han reclamado, según la diócesis, importes económicos para pagar la seguridad privada que han asegurado que se veían obligadas a contratar.

De esta forma, la archidiócesis sale al paso de unas declaraciones de las clarisas, en las que entre otras cosas denunciaban que tienen las cuentas bancarias «bloqueadas» y pedían colaboración económica a través de las redes sociales.

En su comunicado, el Arzobispado ha aseverado que el comisario pontificio está considerado «a todos los efectos» representante legal de los monasterios de Belorado (Burgos), Derio (Vizcaya) y Orduña (Álava) «en el ámbito tanto canónico como civil», por lo que tiene el «derecho y deber» de «velar, ante todo, por las personas que habitan el monasterio, de modo particular por las hermanas mayores, los trabajadores contratados, la gestión adecuada de los movimientos financieros, así como la gestión de todos los bienes muebles e inmuebles».

Sin embargo, ha reprochado que las hermanas «han impedido en todo momento y por todos los medios que el comisario pontificio y la comisión gestora cumplan con el cometido para el que han sido nombrados». El comunicado defiende la actuación realizada por las entidades bancarias «absoluta y escrupulosamente dentro de la legalidad vigente». Estas han accedido a las cuentas corrientes «que ha sido posible identificar», ya que las monjas «no han facilitado en absoluto ni el conocimiento ni el acceso a las mismas».

«Se está trabajando con las entidades bancarias para que no exista ningún problema de pago a quienes legítimamente tienen derecho al cobro en materia de suministros, nóminas, recibos, etcétera», han precisado desde Burgos. En cualquier caso, han recalcado que siguen a la espera de que las hermanas comuniquen a la comisión «los importes necesarios que requieren para los gastos habituales de la vida ordinaria».

Una copia de las llaves

También han recordado que la comunidad de Belorado «no ha realizado la entrega de una copia de las llaves de los monasterios, como legítimamente se les requirió, manifestando de este modo su voluntad de impedir al comisario pontificio la realización de su cometido».

El texto afirma que el jueves 6 de junio la secretaria y ecónoma de la federación de las clarisas fue enviada por el comisario pontificio al monasterio de Belorado. Quería tomar contacto con las hermanas y «pedirles que le comunicaran sus necesidades económicas con el fin de atenderlas de modo inmediato».

Sin embargo, asegura que «no se la recibió, ni siquiera le dejaron hablar; se le dijo que no era bien recibida, instándole a abandonar el monasterio y llamando a la Guardia Civil». Solo dejaron acceder a una notaria, la que comunicó a la comunidad «el modo de establecer la interlocución de las cuestiones económicas con la secretaria y ecónoma de la federación, precisamente para poder atender a todas sus necesidades».

Seguridad privada

Por otra parte, el Arzobispado ha explicado que el pasado martes 11 se envió, desde el correo electrónico del monasterio de Belorado, una comunicación en el que se decía que la comunidad se veía «en la obligación de contratar un servicio de seguridad privada que proteja y defienda de ataques contra la intimidad» y que entendían que la archidiócesis debería asumir los costes de este servicio.

En ese mensaje misiva «sí se reconoce la autoridad del arzobispo, además se le cita así, “arzobispo”». Pero las hermanas no precisan «qué empresa, ni en qué condiciones» van a contratarlo. «Llama la atención que se pida dinero para este servicio, pero no para la compra de género para la vida ordinaria de todos los miembros de la comunidad, la materia prima para la elaboración de productos, alimento de animales u otros gastos», ha expuesto la comisión.

Además, ha mostrado su «deseo» de que «así como han realizado la petición para contratar un servicio de seguridad privada, también comuniquen las necesidades concretas para afrontar los gastos ordinarios de la comunidad». Ha recalcado que los organismos eclesiásticos siguen «con la mano tendida» y «en ningún caso» tienen «la más mínima intención de condicionar económicamente a la comunidad», aunque siguen a la espera de que la comunidad «realice algún gesto que posibilite la vía del diálogo».

Finalmente, ha condenado «cualquier eventual falta de respeto o intromisión en la vida del monasterio».