Las 6.500 muertes naturales en las obras del Mundial

Nadie recordará a Madhu Bollapally cuando bullan los estadios por los gritos y alharacas de los entregados paisanos que viajarán en 2022 hasta Catar para ver jugar a su equipo nacional. Bueno. Alguien sí. Latha, su mujer, y Rajesh, su hijo de 13 años, que lo vieron por última vez en 2013. Fue hasta el país árabe, como miles de compatriotas, para trabajar en la construcción de estadios, hoteles, carreteras. La puesta a punto perfecta para que el flamante estado escogido por la FIFA haga las delicias del mundo entero. Una noche, a finales de 2019, cuando su compañero de habitación regresó a su dormitorio, encontró el cuerpo de Madhu en el suelo. Su fallecimiento, repentino e inexplicable, como el de la mayoría de los 6.500 trabajadores muertos desde que comenzasen las obras en 2010 —según The Guardian—, fue registrado como «muerte natural». Cuenta el exhaustivo informe del diario británico que su viuda solo recibió 1.300 euros como compensación a los salarios impagados de aquel hombre que dedicó seis años de su vida a levantar andamios durante jornadas de más de 16 horas a 50 grados a la sombra. Rajesh no tiene ni idea de por qué murió su padre. La ausencia de autopsias dificulta a las familias conocer los hechos y acceder a las compensaciones correspondientes. «Tienen suerte si logran repatriar los cadáveres, porque a veces ni eso es posible. Quizá ocurra porque los cuerpos pueden revelar la realidad de lo que sucede», asegura el argentino Guillermo Whpei, presidente de la Fundación para la Democracia y compañero del Papa Francisco y la Nobel Rigoberta Menchú en una lucha conjunta, comenzada en 2018, para dar a conocer y poner fin a la esclavitud que esconde el Mundial de Fútbol 2022. Enviaron una carta a la FIFA que nunca fue respondida.

La escalofriante cifra revelada por The Guardian contabiliza únicamente a trabajadores de India, Pakistán, Nepal, Bangladés y Sri Lanka, y alude a datos ofrecidos por el país catarí. «Las cifras oficiales son irrisorias», sostiene Whpei. «El número total de muertos es mayor», añade la investigación del periódico, ya que este «no incluye las muertes de personas de otros países que envían mucha mano de obra, como Filipinas o Kenia». Tampoco incluye los muertos extraoficiales.

Abolir la kafala

Carlos de las Heras, responsable del trabajo sobre Deporte y Derechos Humanos de Amnistía Internacional, asegura que Catar «prometió avances» en materia laboral, «se hicieron cambios, pero los trabajadores aún no se han beneficiado de muchos de ellos». Sí, por ejemplo, en lo referente a la libertad de circulación, «lo que facilita poder cambiar de empleo en el país», o «en el acceso a la justicia en caso de abusos laborales». Pero no se han mejorado los salarios —algunas empresas ni siquiera pagan—, las condiciones de trabajo o las condiciones de vida. El caso de Mohammad Shahid, de Bangladés, es un ejemplo de ello. Las lluvias de septiembre se filtraron en su alojamiento y cuando pisó el suelo, lleno de cables, murió electrocutado. «El abuso contra los trabajadores extranjeros en Catar es crónico. Y si tenemos en cuenta que el 95 % de la fuerza laboral allí es migrante, el abuso se convierte en regla y no en excepción», explica Whpei. El país abolió el sistema de kafala —para monitorear a trabajadores migrantes en países árabes y criticado por organizaciones de derechos humanos— en 2019, pero «la opresión sigue siendo la misma. Ha sido reemplazado por otros mecanismos igualmente perversos». Por ejemplo, los trabajadores que no llegan a través de agencias reclutadoras, «tan culpables como el país de esta situación», sostiene de las Heras, tienen que pagar una tasa de 3.500 euros en el mercado negro para conseguir «un trabajo que le dará un salario mensual de 285 euros», añade el argentino.

Ghal Singh, nepalí, tenía 20 años y trabajaba como limpiador en un campamento de trabajadores. Su familia había pagado 1.000 euros a una agencia de reclutamiento. Se suicidó al mes. Como él, el 7 % de los trabajadores que preparan el Mundial.