La violencia juvenil se dispara entre los menores de 14 años. ¿Qué hacemos?

El asesinato de Belén Cortés, perpetrado supuestamente por tres de los menores a los que atendía como educadora social del centro Marcelo Nessi de Badajoz, ha conmocionado a España entera. Un día después del crimen, las compañeras de la víctima no podían contener las lágrimas, vertidas a las puertas del inmueble en el que la joven, de 35 años, encontró la muerte. Sus lágrimas han reavivado el debate sobre el aumento de la violencia juvenil en nuestro país —y la respuesta del Estado ante este problema—, a pesar de que los últimos datos publicados desbaratan la posibilidad de cualquier discusión al respecto. Tanto el Instituto Nacional de Estadística (INE) como la Fiscalía General del Estado (FGE) informaron en septiembre de un descenso de los casos. Concretamente, el número de menores condenados en 2023 disminuyó un 7,2 % respecto al año anterior, según el INE. «En términos generales, la criminalidad vinculada a las infracciones cometidas por menores de edad ha disminuido», explicaba por su parte la Fiscalía.

Hay una franja de edad, sin embargo, en la que sí existe un problema verdaderamente grave. Se trata de la de los menores de 14 años, donde, según la memoria de 2024 de la FGE, se ha experimentado un incremento del 45,47 % de las diligencias archivadas porque por debajo de ese edad los autores de un delito son inimputables. No en todos los países de nuestro entorno es así. En Francia, por ejemplo, el corte está fijado en los 13 años.

En conversación con Alfa y Omega, el abogado José Montero de Cisneros, presidente de Montero de Cisneros Abogados, confirma que ellos han percibido la subida y cree, además, que irá a más. El letrado justifica el pronóstico por la «exposición continuada a contenidos violentos en las redes sociales» y por el «impacto de las desigualdades económicas». No obstante, llama a mantener la calma ante quienes han aprovechado el caso de Badajoz para pedir penas más severas para los delincuentes menores de edad. «No podemos olvidar que estamos hablando de niños», recuerda. En base a su experiencia, «que un menor pase más tiempo privado de libertad no contribuye a un descenso de la violencia». A su juicio, para revertir el problema es «fundamental» trabajar «a nivel educativo». Por un lado, «tienen que aprender a responsabilizarse de sus actos», pero también hay que «dotarlos de herramientas para que no recurran al delito como una respuesta legítima ante sus conflictos». Unas medidas que parecen urgentes en el Marcelo Nessi, donde sus trabajadores han denunciado una agresión y un intento de motín en apenas 24 horas tras el asesinato de Cortés.

A pesar de ello, el abogado no cree que sea necesario modificar la ley del menor. Él es partidario de «priorizar el enfoque rehabilitador previsto en la normativa», donde los educadores sociales tienen un peso específico. Pero nada de esto tendrá una «implementación efectiva —concluye— mientras no se solucione la falta de recursos».

Más prevención

Irene Gallego, coordinadora y psicóloga del proyecto Conviviendo, de la Fundación Amigó, comparte la visión del abogado. Pero si dependiera de ella el modelo español del intervención tendría un enfoque más preventivo.

En primer lugar habla de la importancia de cuidar la familia. «Se trata de un entorno clave para una correcta socialización de los menores». A partir de ahí, rompe una lanza en favor de «las asociaciones de barrio que trabajan sobre el terreno». Habitualmente son pequeñas, con pocos profesionales y focalizadas en el ocio, detalla Gallego. «El ocio y tiempo libre estructurado es una medida preventiva eficacísima», concluye. Y si, a pesar de todo, «surgen conductas delincuenciales», la psicóloga insta a «trabajar con el chico sin esperar a que tenga la edad penal».