«La violencia en los suburbios es una cuestión de marginalidad»

Diversas formaciones políticas y una parte de la opinión pública europea volvió a poner sobre la mesa, tras los sucesos cerca de París, en Saint-Denis durante la final de la Champions, que la solución al auge de la violencia en los barrios periféricos de las grandes capitales pasa por endurecer las políticas migratorias y terminar con la irregularidad. Para Marcela Villalobos Cid, que trabaja en el área de migrantes de la Conferencia Episcopal Francesa, «lo que ocurrió no tiene nada que ver con la población de Saint-Denis; tiene que ver con lo que se genera en torno al fútbol». Para los detractores de esta observación, conviene recordar otra cuestión clave: que los moradores de barriadas como la parisina; o como Molenbeek, en Bélgica; o Rosengard, en Suecia, o nuestro Príncipe ceutí, no son recién llegados tras saltar la valla, sobrevivir al mar, o huir de la guerra. La mayoría son franceses de pleno derecho, belgas, suecos o españoles. Son los nietos y los hijos de aquellos que llegaron hace décadas buscando precisamente ofrecer una vida mejor a sus descendientes y que «no deben ser más llamados inmigrantes de segunda o tercera generación», como recalca Villalobos Cid, ya que «son autóctonos, y llamarlos así lo que hace es perpetuar el racismo sistémico».

Las crisis en las barriadas periféricas europeas, que no pueden obviarse aunque puedan no tener que ver directamente con un episodio deportivo concreto, «son una cuestión relacionada con la marginalidad más que con la inmigración», asegura la economista Mercedes Fernández, directora del Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones de la Universidad Pontificia Comillas —a quien el Vaticano acaba de pedir un estudio sobre perfiles migratorios de una cincuentena de países del mundo, y que estará disponible el año que viene—. La clave está en el posible fracaso de los modelos de integración en Europa. El leitmotiv del Papa para la pastoral migratoria desde que inició su pontificado está basado en un movimiento, identificado en cuatro verbos, «acoger, proteger, promover e integrar», que no funcionan si uno de ellos falla. La acogida no sirve si no hay integración. En Europa, básicamente se trabajaba hasta ahora con dos modelos. Uno es el asimilacionista, que es el que ha seguido tradicionalmente Francia, «que busca la asimilación completa del migrante a los valores nacionales, definidos como dominantes», por lo que se le exige a este «su adaptación e incorporación en la sociedad de acogida», explica Fernández. Este modelo «sabemos ya que no da fruto, porque asimilarse en una sociedad es eliminar el vínculo con la lengua materna, la cultura, las raíces. ¿Y quién puede hacer esto?», enfatiza Villalobos Cid.

El segundo modelo, más anglosajón —y adoptado por países como Holanda y Suecia—, es el multicultural, en el que «los inmigrantes, sin tener que renunciar a su identidad y diversidad cultural, son beneficiarios de los mismos derechos y libertades que los ciudadanos del país de acogida», constata la economista. Hay una tercera vía, la que intenta seguir España, y es un modelo mixto. «No suele haber guetos, la población migrante está mezclada con la autóctona en barrios populares, y tendemos a la convivencia de coexistencia pacífica», sostiene Fernández. Esta miscelánea es la que defienden la mayoría de quienes trabajan sobre el terreno. «En cuestión de integración es importante que alguien pueda venir de un país diferente al nuestro y estas dos identidades puedan convivir. Una persona que habla el idioma, que conoce los códigos culturales, puede seguir conservando su cultura, su idioma, su religión. Tenemos muchas identidades diferentes y esto enriquece a la sociedad que acoge», añade Villalobos Cid.

Oportunistas del desarraigo

Para Mercedes Fernández, además de las luces y sombras de los modelos migratorios, hay un problema adicional, que es que el desarraigo «se combine con oportunistas de bandas» o extremistas, «que aprovechan la desesperanza de los jóvenes». «Nos enfrentamos a un fenómeno de influencia de grupo; se trata de individuos que se encuentran estigmatizados, rechazados por la sociedad —sea de manera real o percibida— y que encuentran en grupos violentos un lugar donde son aceptados», explica la economista. Ante esta situación, «resulta crucial ir a la base de las cuestiones sociales que generan esta radicalización». Se necesitan «políticas de cohesión social más amplias, que contemplen de manera holística un fenómeno complejo», asegura Fernández. «Y que favorezcan el acceso libre, legal y seguro de todas las personas», añade la experta en migraciones de la Conferencia Episcopal Francesa, que recalca que, a día de hoy, hasta solicitar «de forma legal un visado de estudiante, de trabajo o de reagrupamiento familiar, es extremadamente difícil».

La otra cara de la moneda es que en toda integración tiene que haber «voluntad de asimilación», concluye Fernández; la sociedad receptora tiene que estar dispuesta, «pero también al revés; los migrantes deben reconocer los valores de la sociedad de acogida».