La vida por un jornal - Alfa y Omega

La vida por un jornal

El 1 de junio entró en vigor en Italia un decreto para regularizar la situación de los trabajadores sin papeles. Un pequeño avance con mucho aún por hacer, ya que deja fuera a dos tercios de las personas irregulares y está lleno de obstáculos administrativos, como explica Caterina Bocca, abogada de Cáritas italiana

Victoria Isabel Cardiel C.
Un inmigrante de Senegal trabaja como pescador en la isla de Lampedusa (Italia). Foto: Mehdi Chebil/Contacto

A Soumayla Sacko le volaron los sesos de un disparo el 4 de junio del 2018. Este joven de 29 años, proveniente de Mali, se deslomaba de día en el campo, recogiendo frutas de temporada, y descansaba lo que podía de noche en una chabola, erigida con sus propias manos en el campamento de San Ferdinando (Calabria), un hervidero de mano de obra barata y dispuesta a trabajar sin protestar más de once horas seguidas. Pero un día Soumayla dio un puñetazo en la mesa. Se unió al sindicato de jornaleros y peleó por los derechos de otros trabajadores. Por eso su asesinato conmocionó tanto a Italia, obligada a hacer examen de conciencia ante un sistema esclavista que pisotea la dignidad humana, en su mayoría la de trabajadores inmigrantes irregulares, y cuyos beneficios desembocan en la mafia.

Poco ha cambiado desde entonces. Las organizaciones criminales siguen metiendo mano en el negocio agrícola, ya sea para reinvertir el dinero que ganan de forma ilegal o para manejar a su antojo los fondos de la Unión Europea. Y las revueltas de jornaleros se siguen acallando a golpes.

Esta es una historia compleja y poliédrica, con muchos intereses en juego: un modelo de agricultura intensiva, basado en los bajos precios de los productos que no llegan a cubrir los costes, y se apoya en una estructura rígida que empobrece a los pequeños campesinos y favorece el lavado de dinero. A un lado la Administración pública, que no tiene ni voluntad ni recursos para hacer frente a la problemática. Al otro, miles de inmigrantes y autóctonos que aceptan las condiciones esclavistas porque necesitan el jornal para sobrevivir. En medio, las voces de denuncia que nadie parece escuchar. Como la de Marco Omizzolo, experto en agromafia de Eurispes, la agencia de investigaciones sociológicas italiana: «En Italia hay más de 450.000 personas que trabajan en condiciones de explotación en el campo, de las que más de 130.000 están en condiciones de esclavitud». «Son 27 los clanes mafiosos que se disputan los beneficios del negocio de la agricultura, cuyo valor se sitúa en torno a los 25.000 millones de euros. Es una red criminal que ha encontrado un terreno fértil en el modelo de la globalización y la economía del mercado que deja atrás a los débiles», asegura.

Una batalla a la que solo se responde con legalidad. Como anunció la ministra de Agricultura, Teresa Bellanova, al presentar entre lágrimas el decreto que entró en vigor el pasado 1 de junio en Italia para regularizar la situación de los trabajadores sin papeles: «Hoy los invisibles lo serán menos. El Estado es más fuerte que la criminalidad y los explotadores».

Manifestación de trabajadores migrantes en Nápoles (Italia). Foto: EFE/EPA/Cesare Abbate

Un paso positivo

Un pequeño gesto, aunque todavía queda mucho por hacer. «Actualmente la regularización está prevista solo para los que trabajan en el ámbito de la agricultura, la ganadería y la pesca, así como en las labores de cuidado o de limpieza. Pero se dejan fuera a todos los trabajadores irregulares del turismo, la restauración, la construcción… puestos que muchas veces son ocupados por inmigrantes irregulares», explica Ugo Melchionda, portavoz de la Asociación GREI 250 Todos en regla. Según los cálculos del Istat (Instituto Nacional de Estadística de Italia) y del Ministerio del Interior, en torno a unas 250.000 podrán acogerse a esta medida: «Eso es apenas un tercio».

Desde Cáritas Italia lo valoran como un paso positivo. «Este decreto es una oportunidad para sacar a luz a los que viven en la sombra de la sociedad, pero también dará mayor seguridad a los territorios». «El coronavirus ha favorecido las condiciones por las que esta demanda era cada vez más apremiante. Hemos trabajado mucho en los últimos meses tratando de guiar las elecciones del gobierno», señala Oliviero Forti, responsable del área de inmigración de la organización de la Iglesia católica.

Sin embargo, los plazos del 1 de junio al 15 de julio para presentar las solicitudes dejan poco margen a la maquinaria de la burocracia italiana: «Son solo 45 días y esto es uno de los aspectos que lo complican». Además, en la mayor parte de los casos, «la solicitud tiene que ser tramitada a través de la persona que les ha dado el trabajo, que tiene que denunciarse y pagar una sanción de 400 euros, con la que el delito queda amnistiado. El inmigrante la puede presentar solo si tiene un permiso de residencia caducado de finales octubre de 2019», señala una abogada de Cáritas italiana, Caterina Bocca, que también advierte de los obstáculos administrativos. «Las filas van a ser inevitables. La solicitud que presenta el extranjero es a través de las oficinas de correos. El Gobierno les exige que la documentación esté en vigor, por lo que muchos se han dirigido a las embajadas para actualizar el pasaporte y ya se ha creado un primer embudo. Nosotros esperábamos que fuera todo por vía telemática», indica.

«El mayor problema está en que a la parte fuerte se le concede todavía más fuerza, porque es quien tiene más derecho para presentar la solicitud. En el pasado ya hemos visto cientos de casos de denuncias de inmigrantes a los que les pidieron que paguen dinero para ser regularizados», incide. El permiso de residencia que será entregado prevé un plazo máximo de seis meses en los que es obligatorio haber encontrado un empleo; una meta difícil en tiempos de pandemia.

La decisión del Gobierno de Conte ha puesto en pie de guerra a las facciones políticas que incendian las calles con sus discursos antinmigración, como la Lega de Matteo Salvini. Aunque la historia demuestra que las regularizaciones masivas no son patrimonio de la izquierda italiana. Su partido se alió con el Gobierno de Silvio Berlusconi en 2002 para legalizar a 647.000 extranjeros. Y volvieron a hacerlo en 2006 y 2009.

En este debate, el Papa ha vuelto a colocarse del lado de los que construyen puentes de integración y no muros. En una de las audiencias generales que celebró desde el Palacio Apostólico del Vaticano, una de las pocas citas de su agenda pública durante la pandemia, exclamó: «Me llama la atención la de los trabajadores agrícolas, incluidos muchos inmigrantes, que trabajan en el campo italiano. Desafortunadamente, muchas veces son duramente explotados». Y agregó, a renglón seguido: «Es cierto que todos están viviendo una crisis, pero siempre se debe respetar la dignidad de las personas».