Las universidades jesuitas: «La eutanasia no afronta el problema, acaba con las personas»
Expertos de todos los centros, que forman el Grupo de Bioética, sostienen que la ley no resuelve las situaciones de dolor y sufrimiento al final de la vida
El Grupo de Bioética de las universidades jesuitas (UNIJES) ha hecho pública una declaración sobre recién aprobada Ley de Eutanasia en la que explica, en contra de lo que dicen sus defensores, que esta regulación «ni es una solución ni resuelve las situaciones de dolor y sufrimiento al final de la vida».
«Todo lo contrario, aumenta el dolor y sufrimiento de muchas personas al final de la vida, su sentimiento de desamparo, las soluciones fáciles e inmediatas, unilaterales y simples en unos momentos donde el cuidado debe ser integral, amplio, planificado, con tiempo. La eutanasia no afronta el problema sino acaba con las personas», se recoge en el texto.
El grupo, del que forman parte reconocidos bioeticistas, afirma que «no es fácil regular la eutanasia sin que se rompan y salten ciertos límites o busquen ampliaciones». De hecho, denuncia que los criterios «son vagos y susceptibles de interpretarse de forma diversa» en los países donde se ha regulado.
Además, pone de manifiesto que la ley va a perjudicar, sobre todo, a los más vulnerables. En su opinión, son «muy pocos» los seres humanos que «de una manera libre, consciente y deliberada» mantienen su deseo de morir durante largos meses o años. Constata que la mayoría de las peticiones «tienen una causa social como la soledad, la depresión, el sentimiento de ser una carga para la familia y la sociedad, el abandono, la necesidad de afecto y calor humano, la muerte de alguien querido, las dificultades económicas o de vivienda, la falta de ayudas y de atención social, la falta de reconocimiento y participación social».
La declaración de las universidades jesuitas también afirma que esta ley no ayuda a los médicos, pues «supone una ruptura en la tradición médica milenaria» y, por tanto, «no forma claramente parte de la medicina, ni es acto médico».
Por otra parte, denuncia que tendrá un efecto devastador sobre los cuidados paliativos, que representa una filosofía contraria a la de la eutanasia. «Unos cuidados paliativos de calidad reducen significativamente los deseos de morir y una sociedad no puede jugar a equidistancias en estos temas que son prioritarios. España no puede aprobar hoy una ley eutanasia cuando más de 80.000 personas anualmente no reciben cuidados paliativos de calidad», añade.
Asimismo, critica la falta de diálogo y debate social. De hecho, recuerda que se han ignorado el informe elaborado por el Comité de Bioética de España y la opinión de entidades como la Organización Médica Colegial, las sociedades españolas de cuidados paliativos, el Comité Español de Representantes de personas con Discapacidad o las asociaciones de enfermos. «La mayoría de ellas se oponen a la eutanasia y prefieren reforzar nuestros esfuerzos y recursos sociales con unas mejores políticas sociales», subraya.
Más dolor y sufrimiento
A modo de conclusión, la declaración insiste en que es falso que con esta ley simplemente se amplíen derechos y se pongan límites al dolor. Por contra, explica que «llevará al aumento del dolor y el sufrimiento, y que ciertos derechos pueden ser más fácilmente vulnerados».
Además, señala que no era una demanda social: «Es necesario dejar las ideologías y acercarse en este tiempo de pandemia a la brutalidad de lo real, a las verdaderas demandas de la realidad de más de dos millones de mayores solos, un 20 % de afectados por depresión, el incremento de los intentos de suicidio, la realidad oculta del maltrato de 200.000 mayores…».
Con todo, pide, entre otras cosas, un incremento de las ayudas a la dependencia, el apoyo psicológico y psiquiátrico que escuche y aborde el dolor y el sufrimiento, el apoyo social y económico de los más vulnerables, la creación de más centros especializados, los cuidados paliativos para todos, y la participación social y cultural de los más excluidos y marginados.