La UE avanza para que las empresas protejan los derechos humanos en su cadena de valor

El Parlamento Europeo llegó el pasado jueves a un acuerdo para obligar a las grandes empresas que operan en la Unión europea a vigilar y mitigar el impacto negativo de sus actividades sobre el medio ambiente o los derechos humanos, so pena de ser multadas si no cumplen. La resolución se aprobó con 366 votos a favor, 225 en contra y 38 abstenciones. Entre los votos contrarios, figuran los de doce de los 13 eurodiputados españoles del PP —su grupo parlamentario estaba dividido al respecto— y los cuatro eurodiputados de Vox.

Se trata de «otro hito en el camino hacia la responsabilidad y la justicia empresarial», señala Josianne Gauthier, secretaria general de la plataforma de agencias católicas para el desarrollo Cooperación Internacional para el Desarrollo y la Solidaridad (CIDSE). Manos Unidas, miembro de CIDSE, también aplaudió la aprobación.

La legislación busca evitar el trabajo infantil, la explotación laboral, la contaminación o la degradación medioambiental. Para ello exige a las empresas vigilar, prevenir y mitigar no solo su propio impacto, sino también el causado por los socios de su cadena de valor, como suministradores, encargados de venta, distribución, transporte o gestión de residuos, entre otros.

Más de 250 empleados

Los eurodiputados quieren que las nuevas normas se apliquen a las empresas con sede en la UE que tengan más de 250 empleados y una facturación superior a 40 millones de euros, así como a las matrices con más de 500 empleados y 150 millones de euros de facturación global. Las empresas no europeas con una facturación que supere los 150 millones de euros, de los cuales al menos 40 millones se hayan generado en la UE también quedarán cubiertas.

La resolución del Europarlamento fija la posición para empezar a negociar con el Consejo (los Estados miembros) y la Comisión Europea la propuesta de Directiva sobre Diligencia Debida de las empresas en materia de sostenibilidad, presentada por el Ejecutivo comunitario en 2022. Tras la aprobación, la oficina del Parlamento revisará el texto y antes de verano comenzarán las negociaciones interinstitucionales junto con el Enfoque General del Consejo de la UE y el proyecto de propuesta de la Comisión. La versión final de la directiva se consolidará a finales de 2023.

Para CIDSE, «el texto no es perfecto, pero incluye un sólido deber de diligencia debida en materia de derechos humanos y medio ambiente, así como disposiciones cruciales sobre el acceso a la justicia y la responsabilidad civil». Estas medidas son «esenciales para las mujeres, los pueblos indígenas, los campesinos y los trabajadores de todo el mundo que sufren las consecuencias devastadoras de las actividades empresariales irresponsables».

Mecanismo para presentar reclamaciones

La Eurocámara aboga por incluir a las empresas de todos los sectores, incluido el financiero, mientras que los Estados miembros apostaron en diciembre por que este quede excluido y sea regulado a nivel nacional. Por otro lado, piden que las empresas tengan que desarrollar un plan de transición para limitar el calentamiento global a 1,5 grados centígrados y que, en aquellas con más de 1.000 empleados, cumplir el plan tenga impacto sobre la remuneración de los directivos.

Las compañías tendrían además que introducir un mecanismo para presentar reclamaciones y facilitar información sobre su política de diligencia debida en sostenibilidad a los inversores, publicándola en el Punto de Acceso Único Europeo (ESAP, por sus siglas en inglés), una base de datos común que acaba de ser acordado por la UE y debe echar a rodar en 2026.

El Parlamento Europeo apuesta por que las empresas que no respeten las reglas sean sancionadas por los supervisores nacionales hasta con multas de al menos un 5 % de su facturación global, mientras que las empresas no comunitarias que violen las normas quedarían excluidas de las licitaciones públicas de la UE.

Poco ambicioso

La Plataforma por las Empresas Responsables reconoció que la posición del Parlamento Europeo «incluye mejoras importantes respecto a las propuestas anteriores de la Comisión Europea y el Consejo. En particular, la posición se ajusta más a las normas internacionales sobre empresas y derechos humanos al aclarar cómo las empresas pueden abordar los daños y trabajar con las personas que puedan verse afectadas». También reduce los obstáculos que encuentran las víctimas para acceder a la justicia, ampliando los plazos de prescripción.

Sin embargo su coordinadora, Amaya Acero, lamentó que «el texto no ha sido lo suficientemente ambicioso en la protección del medio ambiente», ignorando el propio Pacto Verde de la UE. Y aún se podría haber hecho más para facilitar que las víctimas de las violaciones puedan acceder a la justicia. Esta plataforma pretendía que se invirtiera la carga de la prueba. Dado que las negociaciones finales para adoptar la directiva tendrán lugar durante la presidencia española del Consejo de la UE, esta entidad pide que el Gobierno español «promueva la adopción durante su mandato de una directiva ambiciosa y eficaz».

El Gobierno español valoró durante la legislatura que ahora termina un anteproyecto de ley sobre diligencia debida. Pero después de muchos retrasos nunca llegó a ver la luz.