La UE aprueba de forma definitiva la directiva de diligencia debida, «un paso histórico»

La Plataforma por Empresas Responsables (PER) ha calificado de «paso histórico» la aprobación definitiva de la Directiva sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad (CSDDD por sus siglas en inglés). La entidad, que representa a más de 530 entidades sociales, incluidas las ONG católicas englobadas en Enlázate por la Justicia —Cáritas, CONFER, Justicia y Paz, Manos Unidas y REDES— ha hecho público un comunicado en el que «acoge con satisfacción» la aprobación. Celebra que permite establecer «requisitos vinculantes para que las empresas que operan en la UE evalúen los riesgos de derechos humanos y ambientales relacionados con sus operaciones».

La nueva norma obligará a las grandes empresas a prevenir, mitigar y remediar el impacto sobre el medio ambiente o los derechos humanos que puedan tener sus actividades o las de su subsidiarias y socios. «Nos permitirá sancionar a quienes incumplan sus obligaciones. Es un paso concreto e importante hacia una vida mejor para todos», dijo el ministro de Economía y Empleo belga, Pierre-Yves Dermagne, cuyo país preside temporalmente el Consejo de la UE.

La directiva, que comenzará a aplicarse progresivamente a partir de 2027, afectará a las empresas de la UE o fuera de ella con más de 1.000 empleados y una facturación anual superior a los 450 millones de euros. También a las compañías que formen parte de su cadena de suministros o de distribución, transporte o almacenamiento de productos.

Las firmas serán responsables de los posibles daños causados y tendrán que pagar compensación por ellos. Asimismo, en caso de incumplimiento se exponen a sanciones y multas de hasta el 5 % de su facturación neta global. Además, las empresas sujetas a la directiva tendrá que adoptar planes de transición climática en línea con el Acuerdo de París sobre el cambio climático para limitar el calentamiento global a 1,5º C.

Tras el visto bueno del Parlamento Europeo el pasado abril y el expresado por los ministros de Industria de los Veintisiete hoy, la normativa podrá entrar en vigor próximamente. Empezará a aplicarse dentro de tres años (en 2027) para las empresas con más de 5.000 empleados y una facturación superior a los 1.500 millones de euros, informa EFE.

Las firmas con más de 3.000 empleados y 900 millones de euros de facturación anual tendrán cuatro años para empezar a implementarla, mientras que aquellas con más de 1.000 empleados y 450 millones en facturación tendrán hasta cinco años para hacerlo, con lo que empezarían a aplicarlas en 2028 y 2029, respectivamente.

«Pedimos al Gobierno español que proceda ahora con la transposición de la directiva a la legislación nacional sin demoras. Vemos esencial fortalecer áreas de la directiva que aún pueden ser mejoradas para asegurar su máxima eficacia pues va a ser decisiva para que las empresas respeten los derechos humanos y el medio ambiente en sus actividades», ha afirmado Amaya Acero, coordinadora de la PER.