Voces de la sociedad civil de R. D. Congo alertan sobre el estado de sitio en el este

Algunos representantes de la sociedad civil de la República Democrática del Congo han expresado sus dudas sobre el estado de sitio que entró en vigor el 6 de mayo en las provincias de Kivu Norte e Ituri, en el este del país. Desde que el presidente Félix Tshisekedi proclamó la orden el 3 de mayo, «el Parlamento no ha aprobado todavía ninguna ley que regule su aplicación», ha alertado a la agencia Fides el padre Télesphore Malonga, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Católica de Graben.

«Esta ley debería especificar, por ejemplo, cómo gestionar las libertades personales durante el estado de emergencia». Así lo exige el artículo 85 de la Constitución. La orden del 3 de mayo con la que se puso en marcha el estado de emergencia prevé la sustitución de las autoridades civiles de las dos provincias por un gobernador militar y un vicegobernador de Policía durante un periodo de 30 días.

Ante estas indicaciones, organizaciones de defensa de los derechos humanos mostraron desde el principio su temor. «Todos sabemos que los militares no respetan los derechos humanos, especialmente en aquellas provincias donde circula el oro en Ituri y cobalto en Kivu del Norte», señaló a Efe el presidente de la Asociación Africana de Derechos Humanos (Asadho), Jean Claude Katende. En este contexto, «los poderes de emergencia pueden dar lugar a más violaciones», añadió el director regional de Amnistía Internacional para África Oriental y Meridional, Deproche Muchena.

«No aportará soluciones duraderas»

Hay otras preocupaciones añadidas. «El estado de sitio no podrá aportar soluciones duraderas al problema de la inseguridad», alerta también a Fides Chober Agenonga, experto en sociología militar y profesor de la Universidad de Kisangani. Esta se debe, entre otros factores, a que «dentro del Ejército hay un mal funcionamiento que dificulta su profesionalidad y eficacia». La logística y el material son insuficientes, los fondos para los salarios de los soldados se malversan, existen «cadenas de mando paralelas» e incluso «complicidad con determinados grupos armados».

Por otro lado, la falta de atención a los jóvenes y sus necesidades «facilita su alistamiento en los grupos armados». Según el académico, para resolver la crisis en el este del país es necesario reestructurar el ejército dotándolo de una cadena de mando unificada y de recursos profesionales y suficientes gestionados de forma transparente. Asimismo, es necesario reforzar la confianza de las comunidades locales para que cooperen, y acelerar los programas de Desarme, Desmovilización y Reintegración Social para exmiembros de grupos armados. Más a largo plazo, continúa, habrá que reconstruir las zonas afectadas por la violencia, así como la cohesión intercomunitaria, y reforzar la autoridad del Estado.

Su diagnóstico y sus propuestas coinciden en gran medida con los de la Iglesia, recogidos en el mensaje Dejad de matar a vuestros hermanos. Hecho público el 8 de abril por el Comité Permanente de la Conferencia Episcopal Nacional de la República Democrática del Congo (CENCO), el documento es el fruto de la misión pastoral que una delegación de CENCO y de la Asociación de Conferencias Episcopales de África Central (ACEAC) realizaron a Kivu del Norte e Ituri del 14 al 26 de enero.

2.000 muertos en 2020

Decenas de grupos armados permanecen activos en el este del país, repartidos entre las provincias de Kivu del Norte, Kivu del Sur, Ituri y Tanganica. Entre estas milicias, nacionales y extranjeras, se encuentran, por ejemplo, el Ejército Patriótico por un Congo Libre y Soberano (APCLS), las islamistas Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF), la Cooperación por el Desarrollo del Congo (CODECO) y la Fuerza Patriótica e Integracionista del Congo (FPIC).

Estos grupos mantienen a la región oriental de la República Democrática del Congo sumida en el conflicto desde hace años, pese a la presencia del Ejército congoleño y las fuerzas de la Misión de las Naciones Unidas (MONUSCO), con más de 15.000 efectivos desplegados en el país.

La violencia, denunciaban los obispos hace un mes, ha dejado «más de 6.000 muertos en Beni desde 2013 y más de 2.000 en Bunia solo en 2020. También hay al menos tres millones de desplazados y alrededor de 7.500 secuestrados», además de saqueos y destrucción de casas y escuelas, denuncian los obispos. Los atacantes buscan «la ocupación de tierras, la explotación ilegal de los recursos, el enriquecimiento injusto, la islamización de la región», entre otros.