«La sangre derramada en las calles nos juzgará»

El padre Luciano Feloni ha visto morir asesinados, en dos meses y medio, a 35 vecinos. Vive en Caloocan, un suburbio de Manila (Filipinas), y los asesinados son drogadictos que también suelen trapichear. Mueren «tiroteados por dos personas que llegan en moto con la cara tapada. A otros los secuestran, los matan y los dejan tirados en la calle».

La guerra contra la droga declarada por el nuevo presidente, Rodrigo Duterte, se ha cobrado en el país la vida de más de 3.000 presuntos delincuentes: 1.150 en enfrentamientos con la Policía, que actúa «con mano de hierro» —explica el sacerdote—; y 2.000 en ejecuciones extrajudiciales cuya autoría «es una cuestión muy gris». Duterte cree que «las mafias de la droga han empezado a eliminar a los vendedores de calle» para que no les delaten ante la Policía. Pero también se sospecha de grupos parapoliciales incitados por el presidente, que presume de que el suyo va a ser un mandato «sangriento» y ha llegado a amenazar con abandonar la ONU ante las críticas internacionales que ha recibido.

«La justicia no es venganza»

La Iglesia ha denunciado los asesinatos desde que empezaron a multiplicarse ya en las semanas anteriores a la toma de posesión de Duterte, el 30 de junio. El 4 de septiembre, el presidente de la Conferencia Episcopal Filipina, monseñor Sócrates Villegas, hizo leer en las Misas de su diócesis —Lingayen Dagupan— una carta en la que preguntaba: «¿Quiénes somos para juzgar que este delincuente es un caso perdido? La meta de la justicia no es la venganza». Y concluía: «La sangre derramada en la calles nos juzgará, porque cuando pudimos hacer algo, elegimos callar». También el arzobispo de Manila, el cardenal Luis Antonio Tagle, afirmó la semana pasada que la Iglesia acoge a los adictos que quieran cambiar: «Vuestros hermanos os aman, no malgastemos nuestras vidas. Esperamos poder cambiarlas».

Curar, No Matar

El cardenal filipino se refería a los proyectos de rehabilitación puestos en marcha por Manila y en otras diócesis, en colaboración en algunos casos con las autoridades públicas. Uno de los pioneros fue el de la parroquia de Nuestra Señora de Lourdes, la parroquia del padre Feloni, proyecto que la diócesis de Caloocan va a extender a todo su territorio. «O hacemos algo, o nos matan a toda la parroquia», pensó el misionero al enterrar cada semana a cuatro o cinco víctimas. El consejo parroquial acordó en agosto que era necesario actuar contra la droga, pues «está destruyendo a la juventud». Pero eran también conscientes de que «los adictos no van a cambiar por miedo». Necesitan rehabilitación, y «en eso la parroquia podía ayudar».

En un mes, nació el proyecto Curar, No Matar, en colaboración con las autoridades municipales, con la Universidad Santo Tomas e incluso con la Policía. «Hemos querido crear un espacio de diálogo» para transmitirles que «no pensamos que el enemigo sean ellos, los policías, sino la droga. También les dejamos claro que los estamos observando; que vamos a cooperar, pero respetando los derechos humanos y la capacidad de la gente de cambiar».

En la primera quincena de septiembre, 44 personas se entregaron a la Policía, acompañadas por parroquianos «para que se sientan seguras». El Departamento de Salud del Ayuntamiento decide si necesitan una estancia en un centro de rehabilitación o si pueden acudir al programa de día de la parroquia, que incluye entrega de alimentos, deporte, trabajo con la familia, inserción laboral, atención psicosocial y acompañamiento espiritual. «Como Iglesia —subraya Filoni—, nuestra labor es crear espacios donde la gente se sienta protegida y empiece un proceso de cambio de verdad».