La rasmia* de la Dolores

Dolores Hernández es empleada de hogar en Gerona. Desde hace unos meses trabaja en una cooperativa gracias a la cual ha conseguido regularizar sus situación en España, donde llegó escapando de la violencia de su marido. Ahora, por la crisis del COVID-19, ha perdido casi todas sus horas de trabajo porque las familias tienen miedo al contagio, ya no la necesitan o prefieren ahorrar ante una futura crisis económica

«Vienes con el virus de la calle». Así le dijeron a Dolores Hernández, una empleada de hogar mexicana que vive en Gerona, que ya no contaban con sus servicios en una casa. Tal cual. Y no es la única; a una compañera la rechazaron porque habían escuchado una noticia que responsabilizaba a otra de haber sido un foco de contagio. «Llegó la trabajadora y llegó el virus», le dijeron a su colega.

Dolores ha perdido casi todas sus horas de trabajo, que se distribuían en servicios de limpieza durante la semana y cuidados el fin de semana. Solo trabaja una hora. Ha llegado a esta situación porque, además de tener miedo al contagio, las familias también han perdido el trabajo y ya no pueden mantenerlas; porque, al tener que quedarse en casa, ya no las necesitan para cuidar de sus mayores o, porque ante una eventual crisis económica, prefieren reducir gastos por lo que pueda pasar. «Nos están dejando sin trabajo. Entendemos todas las circunstancias, pero estamos desprotegidas», añade. Todo ello pese a que el decreto de Estado de alarma considera que los servicios de limpieza y cuidado de personas mayores o niños son esenciales.

Como Dolores, son miles las mujeres que están viviendo esta situación. En total, según la última Encuesta de Población Activa, correspondiente al último trimestre de 2019, son 580.500 personas las que dicen trabajar en el sector doméstico, de las que una tercera parte se encuentra en una situación laboral irregular. Más del 90 % son mujeres.

En esa situación irregular estaba la propia Dolores hasta hace unos meses. Por no tener, no tenía ni regularizada su situación administrativa. Ahora, gracias a la cooperativa de empleadas de hogar Avancem Santa Clara, que impulsó Cáritas en 2009, acaba de obtener el permiso de residencia, aunque no ha podido recoger la tarjeta que así lo acredita por las restricciones derivadas de la pandemia. La cooperativa la contrató gracias a un programa de la Generalidad de Cataluña y hoy es una de las nueve mujeres que trabajan allí (cinco socias trabajadoras y cuatro trabajadoras), lo que hace que su situación sea un poco más esperanzadora. Tiene un contrato con la cooperativa que, por el momento y mientras pueda, va a hacerse cargo del sueldo de las trabajadoras, según confirma a Alfa y Omega una de las socias fundadoras, Ivón Maritza. Ahora mismo solo trabajan cuatro y con un mínimo de horas.

Maritza explica que crearon la cooperativa para dar respuesta a la precariedad en la que vive el sector en el que trabajan, y ofrecer una oportunidad a mujeres que están en situaciones que las demás ya experimentaron. Como la de la Dolores, dice de manera cariñosa. «La contratamos gracias a una subvención que dura doce meses, pero queremos que continúe con nosotros. Es una mujer muy emprendedora, innovadora, creativa, de mucho empuje; un motor fundamental para nuestra cooperativa», añade.

La vida de Dolores ha sido un ejercicio de resiliencia continuo. Hace seis años tuvo que abandonar su México natal para escapar de su marido y del maltrato. Dos intentos de asesinato la hicieron partir a España con sus dos hijos para protegerse: «Buscar el pan de cada día era muy difícil. Estaba sola en un país nuevo. Se me hizo muy complejo». Y ahora que había conseguido, dentro de la precariedad, una cierta estabilidad —vive en un piso tutelado para víctimas de violencia de género y trabaja en la cooperativa—, llega este nuevo golpe.

Pero la situación no la detiene. Aprovecha para reivindicar unas mejores condiciones laborales para el conjunto de las empleadas de hogar. Repite constantemente el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), pendiente de ratificar por nuestro país, y que supone que este colectivo pueda optar, entre otras cuestiones, a la prestación por desempleo, de la que no se pueden beneficiar. Esta circunstancia es la que ha llevado al Gobierno a aprobar recientemente una ayuda extraordinaria a este colectivo por la crisis del COVID-19.

Junto a esta esgrime otras demandas históricas del sector, como la prevención de riesgos laborales, la lucha contra el acoso o el abuso, así como con la gran tasa de irregularidad. Dolores no va a dejar de pelear. De hecho, está pergeñando una asociación de empleadas de hogar que va a llamar Rasmia, un nombre que, según dice la RAE, se usa en Aragón para definir el «empuje y tesón para acometer o continuar una empresa». Rasmia que no ha decrecido, a pesar de perder casi todas sus horas de trabajo, horas que ahora dedica a atender telefónicamente o a llevar comida a personas mayores como voluntaria de Cruz Roja.

El problema de las internas

Por su trabajo en la cooperativa, Ivón Maritza conoce bien la situación de las trabajadoras del hogar. No solo las que pertenecen a la cooperativa, sino muchas otras que trabajan por su cuenta, incluso en situación irregular. Tanto es así que la cooperativa ejerce, además, de red de soporte y asesoramiento para todas estas mujeres.

Pone el foco en especial en las que trabajan como internas. Empleadas que ya estaban en una situación precaria antes de la pandemia: jornadas interminables, descansos insuficientes… Problemas que, en su opinión, se han visto agravados por la crisis del COVID-19. «Muchas de estas mujeres se han quedado con las personas a las que cuidan y no salen porque existe un temor a que vuelvan contagiadas y contagien al abuelo. Otras han salido de las casas y han tenido que pedir ayuda a amigos, pues no tienen dónde quedarse», explica.

Tanto Ivón como Dolores reconocen que esta crisis está sacando a la luz el abandono que sufre este colectivo por parte de las administraciones y de la sociedad en general, aunque son conscientes de que el reconocimiento de la dignidad de este trabajo empieza por ellas mismas. «Cuando nosotras valoremos nuestro trabajo, le daremos mayor visibilidad», apunta Dolores. «Somos un colectivo maltratado y abusado. Tenemos que levantarnos, ayudarnos unas a otras —es la identidad de nuestra cooperativa— para poder crear más puestos de trabajo de forma regular, de forma correcta, con un buen contrato. El servicio del hogar se debe dignificar, no es un trabajo menor», concluye Ivón.

Para Cáritas Española, este colectivo es uno de los que más están sufriendo los efectos del coronavirus. En gran medida, porque su situación ya era muy precaria. «Es un sector con una irregularidad laboral muy alta y muy poco valorado. Sin contratos, sin altas en la Seguridad Social y con sueldos muy bajos. No tienen derecho a desempleo y el subsidio que ha aprobado el Gobierno supondrá para muchas, las que tienen contrato, 100 o 200 euros, que te pueden solucionar la comida, pero no un alojamiento», explica a este semanario Beatriz Iraeta, técnica del equipo de Economía Solidaria de Cáritas.

En las últimas semanas, estas mujeres, muchas de ellas cabeza de familia, tienen que llamar a Cáritas para pedir alimentos o ayuda económica para pagar algún recibo, e incluso acudir a sus recursos para personas sin hogar porque, al ser internas, vivían con la persona a la que cuidaban. Iraeta es consciente de que esta crisis afecta a mucha gente, a las pymes, a los autónomos… «Ojalá podamos mirar a todos, aunque es posible que los últimos se vuelvan a quedar los últimos», concluye.