La Plenaria acoge el plan Bolaños y habilita a la Ejecutiva para cerrar el acuerdo con el Gobierno

Tal y como avanzó Alfa y Omega, la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española «ha aceptado el marco general de referencia» propuesto por el ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, que remitió un borrador al episcopado para abordar el caso de las víctimas que reclaman una indemnización, pero no quieren tener contacto con la CEE.

Los obispos, además, han dado luz verde a la Comisión Ejecutiva para concluir la negociación con el Gobierno y terminar de cerrar el acuerdo. Según García Magán «va por buen camino, pero ya saben ustedes cómo funciona este proceso. Se remite un borrador, se hacen pequeños cambios, se contesta, se vuelve a enviar…».

Dentro del acuerdo, la figura del Defensor del Pueblo tendría un peso especial. «Él sería el encargado de remitir los casos a la comisión asesora del PRIVA», ha detallado el secretario general, que ha dejado claro que «todavía hay que normativizar un mecanismo para saber cómo vamos a proceder».

IRPF en las indemnizaciones

Uno de los puntos del plan Bolaños, tal y como se comprometió el ministro en la reunión con algunas víctimas de hace dos semanas, es que el Gobierno complementaría la indemnización a las víctimas, a pesar de que «nos parece que el dinero recibido está bien, dentro del rango de lo que suele conceder la justicia civil», aseguró recientemente Marcos Leyún, presidente de Asociación de Víctimas de Pederastia en Instituciones Religiosas (AVIPIREN), a este periódico.

El problema, según Leyún, es que las indemnizaciones recibidas tributan como ingreso ordinario en el IRPF, por lo que al dinero recibido hay que descontarle una parte que se quedaría la Administración. Ante esta realidad, AVIPIREN se reunión con el Defensor del Pueblo de Navarra para solicitar que se impulse una modificación legislativa para eximir del IRPF las indemnizaciones económicas otorgadas a víctimas de abusos por parte de instituciones religiosas.

Preguntado durante la rueda de prensa por ello, García Magán ha manifestado que «por supuesto conocíamos esta situación. Las indemnizaciones están sujetas a fiscalidad». De hecho, «hemos puesto esta situación encima de la mesa del Gobierno y estamos negociando» para que dejen de tributar.

Comisión asesora del PRIVA

Mientras tanto, la comisión asesora del plan PRIVA sigue avanzando en la resolución de casos. Durante la rueda de prensa el secretario general de la CEE ha actualizado nuevamente los datos. «Hasta la fecha se han presentado en esta comisión 101 casos, 58 ya están resueltos y comunicados y de los otros casos se ha solicitado la información necesaria para poder establecer el cauce de reparación», ha asegurado el también obispo auxiliar de Toledo.

Al parecer, «la mayoría de los casos tratados, según nos dijeron durante la Plenaria, son en el ámbito de la vida consagrada, y no tanto en las diócesis», ha subrayado García Magán, que también ha reconocido que hasta ahora la Conferencia Episcopal no ha tenido que actuar de forma subsidiaria en el pago de indemnizaciones. «Todas las congregaciones o diócesis han aceptado las sugerencias de la comisión y han afrontado los pagos».

Caso Zornoza

Por último, el secretario general de la Conferencia Episcopal se ha referido al caso del obispo de Cádiz y Ceuta, Rafael Zornoza, que está siendo investigado por un supuesto caso de abusos sexuales en la década de los 90. En este punto, se ha querido remitir a lo que han dicho tanto el presidente de la CEE como el Santo Padre. «Quiero subrayar la presunción de inocencia, que sería bueno que también se diera en los medios de comunicación, y también el derecho que tienen las víctimas a presentar sus casos en las instancias oportunas».

Asimismo, García Magán ha pedido que se respeten los procedimientos, que se deje trabajar a los jueces y ha reconocido que desde la Conferencia Episcopal «no le hemos prohibido venir a la Plenaria. Ha sido decisión suya». Además, «está con un tema de salud grave», ha concluido.