La pena de muerte se dispara en el mundo

Las ejecuciones en el mundo alcanzaron la cifra más alta desde 2015, con más de 1.500 personas ejecutadas en 15 países en 2024, ha afirmado este martes Amnistía Internacional con motivo de la publicación de su informe anual sobre el uso global de la pena de muerte. En concreto, se registraron 1.518 ejecuciones el año pasado, mientras que en 2023 fueron 1.153.

La buena noticia se encuentra en el número de países que llevaron a cabo tales prácticas. Es el más bajo del que se tiene constancia, aseguran desde AI. Hay que señalar, sin embargo, que las cifras difundidas por la organización no incluyen los datos de China —el país que más utiliza la pena de muerte—, Corea del Norte o Vietnam, países todos ellos que no informan públicamente de las ejecuciones.

Sin contar estos países, Arabia Saudí, Irak e Irán se consagran como los responsables del aumento de la consumación de las penas de muerte. «En total, estos tres países llevaron a cabo la impactante cifra de 1.380 ejecuciones registradas», señalan desde Amnistía Internacional. Se trata del 91 % del total. Irak casi cuadriplicó sus ejecuciones —de 16 a 63—, mientras que Arabia Saudí duplicó el dato, de 172 a 345. Por su parte, Irán ejecutó a 119 personas más que el año anterior —de al menos 853 a al menos 972—cifra que representa el 64 % del total de ejecuciones conocidas.

«La pena de muerte es un crimen abominable que no tiene cabida en el mundo actual». De hecho, los cada vez menos países que mantienen esta práctica, lo que «indica la tendencia a dejar atrás esta pena cruel, inhumana y degradante», ha declarado ha declarado Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.

Entre los variados motivos de aplicación, la lucha contra las drogas es uno de los más comunes. Así ocurre en Arabia Saudí, China, Irán, Singapur y, aunque no fue posible confirmar el dato, probablemente en Vietnam. «Se ha observado que, en muchos contextos, imponer condenas a muerte por delitos relacionados con drogas afecta de forma desproporcionada a personas de entornos desfavorecidos, aunque no tiene ningún efecto demostrado en la reducción del tráfico de drogas», ha señalado Agnès Callamard.