«La pandemia ha demostrado que se puede vivir con los CIE vacíos»

Han pasado diez años desde el primer informe del Servicio Jesuita a Migrantes –entonces lo firmaba Pueblos Unidos– sobre los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), desde aquellas 100 ventanas abiertas a 5.000 vidas truncadas, que es como se titulaba. Y aunque la situación ha experimentado notables avances, todavía son miles los migrantes que tienen que pasar por el trance de verse privados de libertad sin haber cometido delito alguno, una realidad que, además, va acompañada de la vulneración de derechos y el incumplimiento del reglamento de los CIE aprobado en 2014, mientras la clase política, el Ministerio de Interior, la Fiscalía y los jueces «dan prueba de mirar hacia otro lado».

Estas son, grosso modo, las denuncias que el SJM realiza en el décimo Informe CIE titulado Diez años mirando a otro lado y en el que se incluye una reflexión a raíz del vaciamiento de estos centros por la pandemia. «La experiencia vivida durante la crisis del COVID-19 demuestra que España ha podido vivir con los CIE vacíos», aunque ve con temor que la paulatina apertura de fronteras internacionales acelere la ejecución de expulsiones y, entonces, se vuelvan a abrir.

Tal y como recoge el informe, hay «alternativas menos lesivas para los derechos humanos y menos gravosas para los contribuyentes». «Se ha podido constatar que este tipo de recursos, empleados en otros ámbitos, ayudarían a salvar vidas. Por ello, resulta inquietante la posibilidad de una reapertura que lleve a destinar tales esfuerzos presupuestarios a un sistema fallido de internamiento, en vez de a hacer frente a las múltiples realidades sociales que tras la crisis del COVID-19 precisarán una respuesta urgente», añade.

En cualquier caso, al margen de la situación derivada de la crisis sanitaria, el SJM sostiene que al mirar a las personas internadas «es difícil pensar en otra cosa que no sea el cierre de los CIE». «Hoy por hoy, el ordenamiento jurídico prevé medidas cautelares alternativas para asegurar la ejecución de las órdenes de expulsión. Con la ley en la mano, el internamiento debería ser residual, una medida aplicable en último recurso», apunta.

Aunque el número de internos se ha reducido mucho en los últimos años –ha pasado de los 17.203 en 2009 a los 6.473 en 2019; en 2018 fueron 7.855–, lo cierto es que sigue siendo un número importante, sobre todo, porque en torno al 40 % (2.513) fueron, finalmente, puestos en libertad, y, por tanto, el internamiento no sirvió más que para añadir sufrimiento a historias ya de por sí duras. En total, 3.871 (59,8 %) personas fueron repatriadas forzosamente desde un CIE en 2019, esto es, menos que en 2018 en términos absolutos (4.582), pero ligeramente superior si tenemos el cuenta el porcentaje sobre el total de internos de ese año (58,33 %).

Sí han aumentado notablemente las solicitudes de protección internacional desde los CIE. Si en 2018 fueron 1.776 (22,61 %), el año pasado subieron hasta las 2.164, o lo que es lo mismo, un 33,43 % de las personas que pasaron por uno de estos centros.

A esta realidad puso rostro el SJM a través de las 793 personas visitadas durante 2019 en los CIE de Madrid-Aluche (282), Barcelona-Zona Franca (170), Valencia-Zapadores (164) y Algeciras-La Piñera y Tarifa-Isla de las Palomas (177). Un rostro cuyo retrato sería el de un hombre magrebí –argelino o marroquí– con un expediente de devolución o una orden de expulsión por estancia irregular. Solo un 10 % de los visitados tenía una orden de expulsión ligada a la comisión de un delito. Además, desde los equipos de visita a los CIE se identificaron a 59 probables menores, más de la mitad en Barcelona.

El informe recoge, además de las cifras que muestran la realidad de personas a las que se priva de libertad por una falta administrativa, la vulneración de derechos que, según el SJM, «alcanza a todas las personas internadas».

Suicidio y autolesiones

Una de las cuestiones que más preocupa en los CIE es la salud mental de los internos y los casos de autolesiones y suicidios. De hecho, el informe afirma que «el internamiento potencia el riesgo de suicidio por la angustia que produce la expectativa incierta de expulsión o devolución» y agrava los trastornos mentales o antecedentes psiquiátricos. De hecho, en 2019, un joven marroquí de 25 años se suicidó en la habitación de aislamiento en la que había sido confinado tras una pelea en el CIE de Valencia. Por ese caso, el juez de control ordenó a la dirección del CIE la adopción de medidas que tocan al aislamiento y la prevención de autolisis y suicidio.

El texto también refiere la violencia policial desproporcionada cuando se producen intentos de huida o altercados, la toma de medidas de seguridad desproporcionadas o inhumanas, las deficiencias en la atención sanitaria o la dificultad para acceder al asilo. También la falta de intérprete, que complica la atención médica y sanitaria; la comunicación sin antelación mínima de una devolución o expulsión; y la situación de los edificios que albergan los CIE, algunos en condiciones ruinosas.

Mención aparte merece la realidad de los menores de edad. Si bien el Ministerio del Interior da cuenta de los casos en los que se ha determinado la minoría de edad de una persona internada en un CIE, los equipos del SJM detectaron 59 no reconocidos como tales y que alegaban tener menos de 18 años. «Ante la duda, es preferible brindar protección», reiteran.

Alternativas a un sistema costoso e inútil

La postura del SJM es favorable al cierre de los CIE y así lo ha solicitado al Comisario General de Extranjería y Fronteras y al Fiscal de Extranjería en la Fiscalía General del Estado. Pero cuentan con un plan B si esta petición es desoída, que se impartan instrucciones para que determinadas categorías de personas «no puedan ser internadas bajo ningún concepto». Afectaría a los jóvenes cuya mayoría de edad no quede fehacientemente probada; personas necesitadas de protección internacional; personas con indicios de padecer algún problema de salud física o mental; personas con arraigo familiar y social; domicilio propio y redes de apoyo; personas con indicios de haber sido objeto de trata.

Además, reclaman que se garantice «la calidad de vida de las personas internadas»: cuidado de la dignidad e intimidad, ropa adecuada, comida equilibrada, disponibilidad de útiles de aseo, acceso a las comunicaciones, actividades socioculturales, visitas, facilidad para el acompañamiento de ONG. También se debería, según el SJM, reforzar el servicio médico y sanitario y que este se ofrezca a través de un médico perteneciente a la Administración General del Estado.

«Los CIE son un sistema de internamiento costoso, inútil e innecesario y que la apertura de nuevos centros más grandes, más impersonales, más peligrosos e inhumanos vendrán de la mano de más menores y refugiados internados, más suicidios, más tratos degradantes e inhumanos, más aislamiento y obstáculos a las visitas y menos derechos humanos», añade.

Por eso, concluye diciendo que no es tiempo de pensar en políticas migratorias represivas y en el internamiento porque «no surte efecto disuasorio alguno en las coyunturas de inmigración». «A nuevos tiempos, nuevas políticas», concluye el informe.