La ONU constata que España vulneró el derecho a la educación de un niño extranjero en Melilla

El Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas (ONU) acaba de emitir una resolución en la que considera que España ha vulnerado el derecho fundamental a la educación de un niño marroquí de 8 años (A. E. A.), que nació y vivía en Melilla, al no admitirlo en la escuela pública por considerar que no residía en la ciudad autónoma. Al no tener los papeles en regla, no puede acceder a un certificado de empadronamiento, a diferencia de lo que ocurre en el resto de España.

Esta decisión supone que el Gobierno deberá reparar las violaciones sufridas por el niño. Además, tendrá que compensarle con una indemnización adecuada, así como con medidas que le ayuden a recuperar el nivel lo antes posible.

El caso, que se remonta a octubre de 2019 y cuya denuncia fue presentada por la madre en marzo de 2020, se resolvió finalmente en marzo de este año una vez del Ministerio de Educación, quien tiene las competencias en la ciudad autónoma, ordenó a las autoridades locales que se le permitiera asistir a la escuela. En total, casi dos cursos perdidos, en los que el niño ha tenido que recurrir a un centro de formación no reglada —Residencia de Estudiantes Marroquíes Musulmanes— y, por tanto, sin homologación ni reconocimiento.

«Todos los niños tienen derecho a ir a la escuela, independientemente de su situación legal o la de sus padres. A. E. A. debería haber podido aprender en un aula y hacer amigos con otros niños y niñas de su edad, aunque no tenga nacionalidad española», ha afirmado Luis Pedernera, miembro del citado comité de la ONU.

La condena llega justo una semana después de que la Plataforma de Infancia denunciase a las puertas del Ministerio de Educación que más de 150 menores de Melilla pueden quedarse sin ir al colegio el año que viene por problemas administrativos o documentales de sus familias.

Se trata, según Ricardo Ibarra, director de esta entidad, de «un derecho fundamental recogido en la Constitución Española y en la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas» y, por tanto, que «implica la obligación del Estado de escolarizar a todo niño que resida en territorio español garantizando una plaza escolar, sin que pueda ser cuestionado o limitado en ninguna circunstancia».

Defensor del Pueblo: «Los niños tienen que estar en el colegio»

Por su parte, el Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, ha manifestado, tras conocer el pronunciamiento de la ONU, que confía en que el Ministerio de Educación «ponga los medios para que ningún niño ni niña se quede sin escolarizar en Melilla el próximo curso». Recuerda, asimismo, que la institución que dirige ya ha actuado en más de 50 casos y ha formulado más de una docena de resoluciones al respecto desde 2018.

Además, ha podido constatar cómo en octubre de 2020, con el inicio del presente curso escolar, había muchos menores sin poder ir a clase en Melilla, en un momento en el que la frontera con Marruecos estaba cerrada y, por tanto, resultaba evidente que residían en la ciudad autónoma.

Así, reclama que se «remuevan los obstáculos existentes que provocan que estas familias padezcan situaciones de grave discriminación, al sufrir de manera desproporcionada los obstáculos administrativos». En todo caso, y aunque es una situación compleja, ha subrayado que la solución no puede darse a cosa de los derechos de los más vulnerables. «Los niños y las niñas de Melilla, al igual que los del resto de España, donde tienen que estar es en el colegio», ha concluido.