La ONU espera una respuesta de España antes del 16 de febrero sobre la Cañada Real

El Relator especial de la ONU para la Extrema Pobreza, Olivier De Schutter, ha recordado al Gobierno español que tiene de plazo hasta el 16 de febrero para responder a la comunicación que hicieron desde este organismo pidiendo una solución a la situación en la Cañada Real, donde se vive «una catástrofe humanitaria y una derrota de los derechos sociales». Más de 4.000 personas, entre ellas, 1.800 menores, viven desde hace más de tres meses sin suministro eléctrico.

«Expresé mis preocupaciones al Gobierno español en una comunicación del 16 de diciembre. De acuerdo con nuestros procedimientos, tienen hasta el 16 de febrero para responder. Espero que den una respuesta satisfactoria en las próximas semanas. Son plenamente conscientes de la urgencia y no pueden ignorar las expectativas que se han creado», ha subrayado De Schutter en una entrevista concedida a Europa Press.

Para el Relator especial de la ONU sobre extrema pobreza, lo que está ocurriendo en la Cañada Real es «una catástrofe humanitaria y una derrota de los derechos sociales». «Sin electricidad, las familias no pueden calentar fácilmente sus hogares, y los niños no pueden estudiar: no tienen luz para leer y no tienen acceso a Internet», ha señalado.

Además, ha acogido «con satisfacción» la propuesta del Defensor del Pueblo español, realizada en diciembre de 2020: «Instalar generadores de electricidad para que las familias puedan acceder a ella». Para De Schutter, «la solución alternativa propuesta por las autoridades, que consiste en reubicar a las familias en una nave industrial vacía y en un polideportivo, no es aceptable» porque «esto causaría más traumas a los niños y perturbaría la vida familiar».

Archivada la denuncia contra Naturgy

Por otro lado, el Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid archivó el jueves la denuncia interpuesta el pasado 16 de diciembre por familias del Sector VI de la Cañada Real Galiana contra Naturgy por los cortes de luz, un sobreseimiento que será recurrido por la defensa de los afectados.

El letrado defensor explicó que se aportaron diferentes informes médicos que recogían las afecciones a la salud generadas por los cortes de luz, tales como «intoxicaciones, graves problemas respiratorios, agravamiento de pacientes crónicos, etc.». Asimismo, se presentaron informes científicos que relacionan la pobreza energética con el aumento de riesgos de todos los agravamientos a la salud. Y también se aportaron las denuncias públicas de entidades como el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, el Defensor del Pueblo, el Arzobispado de Madrid o el Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil.

El contenido del auto, sin embargo, recoge que la causa del corte son «las elevadas sobrecargas de la red eléctrica por conexiones ilegales masivas, desconocidas y descontroladas», por lo que se ha decretado el archivo de la denuncia. El sobreseimiento provisional provocó una concentración de algunos vecinos del poblado ante la Asamblea de Madrid en la que pedían «luz inmediata, contratos regulares y una comisión de seguimiento».