La ONU asegura que en Nicaragua se cometen crímenes de lesa humanidad

Ejecuciones extrajudiciales, detenciones ilegales, torturas y tratos inhumanos y degradantes, privación arbitraria de la nacionalidad y del derecho a permanecer en el propio país, a participar en la vida pública, censura a la libertad de expresión, opinión, asociación, conciencia y religión.

Son algunas de las violaciones que está llevando a cabo el régimen de Ortega y Murillo en Nicaragua y que recoge un informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de la ONU. El documento pide a la comunidad internacional que imponga sanciones y emprenda acciones legales contra el Gobierno y los perpetradores.

El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua es un organismo independiente encargado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Fue establecido en marzo de 2022 con la misión de investigar de forma independiente las presuntas violaciones y abusos de derechos humanos cometidos en Nicaragua desde abril de 2018.

El último informe de este organismo, de principios de este mes, destaca que todas estas violaciones de los derechos humanos no son un fenómeno aislado, sino «producto del desmantelamiento deliberado de las instituciones democráticas y la destrucción del espacio cívico y democrático». Así lo expuso en una rueda de prensa en Ginebra Jan-Michael Simon, presidente de este grupo, al presentar las conclusiones.

De esta forma, queda patente cómo no solo la pareja presidencial es responsable de estas violaciones de los derechos humanos, sino todos los funcionarios que forman parte de la estructura gubernamental. Porque persiguen «desarrollar e implementar un marco legal tendiente a reprimir el ejercicio de las libertades fundamentales y perseguir a las personas opositoras».

«Estas violaciones y abusos se perpetran de manera generalizada y sistemática por motivos políticos, y constituyen crímenes de lesa humanidad de asesinato, encarcelamiento, tortura, incluida la violencia sexual, deportación y persecución por motivos políticos. La población nicaragüense vive con temor de las acciones que el propio Gobierno pueda tomar en su contra», destacó Simon.

Todos estos elementos permitieron al experto en justicia penal asegurar que, en Nicaragua, «se despoja masivamente a la gente de su nacionalidad y se la expulsa del país: esto es exactamente lo que hicieron los nazis» y concluir que estos elementos son «los mismos que se pueden encontrar en el proceso de Núremberg».

El informe es demoledor y certifica el modus operandi de Daniel Ortega: «El objetivo es eliminar, por diferentes medios, cualquier oposición en el país», indica la investigación, que también pone de manifiesto, como no podía ser de otro modo, el acoso sistemático que sufre la Iglesia católica, cuya «voz crítica ha sido criminalizada».

3.144 organizaciones clausuradas

Desde diciembre de 2018, al menos 3.144 organizaciones de la sociedad civil han sido clausuradas y prácticamente todos los medios independientes y organizaciones de derechos humanos operan desde el exterior. «Miles de defensores de derechos humanos, trabajadores de ONG, activistas, periodistas, líderes estudiantiles, religiosos y artistas, así como los principales líderes nacionales y territoriales de la oposición política, se vieron obligados a abandonar el país», señala el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua.

El organismo señala que la situación va a peor e insta a la comunidad internacional a actuar puesto que ya dispone de los datos que brinda su informe. De acuerdo con las palabras del presidente del grupo, «las violaciones, abusos y crímenes investigados y descritos en el informe dan lugar a la responsabilidad del Estado de Nicaragua, así como a responsabilidad penal individual de quienes resulten culpables, ya sea bajo el derecho internacional penal, o de conformidad con los tipos penales en la legislación nicaragüense o de terceros países».