La mayoría de operaciones contra la trata son en pisos
En la Jornada de Oración contra la Trata, desde las oblatas piden que al prohibir los locales donde haya explotación sexual se proteja a las mujeres
Cuando el Centro de la Mujer La Anjana, de Cáritas Diocesana de Santander, se planteó hace seis años fortalecer su labor con mujeres en situación de prostitución, vieron que «la gran necesidad eran los pisos», recuerda Olga Martínez, su coordinadora. Otras entidades entraban en los clubes y la prostitución de calle era residual. En domicilios «estaban muchísimo más abandonadas y vulnerables». Desde entonces, localizan estos lugares por la publicidad, llaman y se presentan. Ofrecen asesoramiento: médico, consiguiéndoles cita y acompañándolas a una consulta de la sanidad pública; legal y social. «Todo absolutamente confidencial. Para nuestra sorpresa, responden muy positivamente. Son como tú y yo, necesitan hablar con alguien».
Tratan con unas 100 al año, en su sede o en los mismos pisos, que «son muy normales; el imaginario de las películas no se corresponde con la realidad». Con muchas mantienen el contacto. También «estamos atentas a situaciones de vulnerabilidad». Con el tiempo, les ofrecen talleres creativos, de cocina o de autoconocimiento. Y «les abrimos la puerta de los proyectos de empleo, si quieren». Martínez recuerda con orgullo a las que han conseguido trabajo.
La tendencia que detectaron en Santander no ha hecho sino acelerarse desde la pandemia. Las viviendas particulares «benefician al consumidor, porque son totalmente anónimas, y a los que lo gestionan o a los tratantes, porque tienen mucho más control sobre las mujeres» y la Policía menos acceso. Lo explica el inspector Tomás Santamaría, interlocutor social para la Trata de Seres Humanos. «Todas las operaciones con detenidos e ingresos en prisión que ha hecho mi grupo el último año han sido en pisos. Solo llega ese tipo de denuncias».
Ya antes, sin esperar a que un testigo o víctima hable de uno de estos lugares o un ciudadano llame alertando de un caso, la Policía hace una labor de seguimiento a través de la publicidad para tenerlos localizados. Cuando se produce la denuncia intentan investigar, recabar más datos y hacer una visita —si les dejan entrar— hasta conseguir una autorización judicial. Para distinguir los casos de prostitución coactiva o trata, «hay indicios como que haya libros de contabilidad, una encargada o cámaras». También les salta la alarma si las mujeres no tienen papeles, algo que «en las operaciones ocurre en el 70 % de casos».
Una fuente de información de la Policía para localizar pisos es la publicidad que se deja en los coches. Aunque ahora es menos frecuente porque «la mayoría ya se anuncian en internet», explica Tomás Santamaría, inspector de Policía. Promocionarse de esta manera implica que quien está detrás «ya tiene una cierta organización, con reparto de funciones»: prepararlos, llevarlos a la imprenta, y «pagar quizá 20 euros a un par de chavales o de inmigrantes para repartirlos. Por mi experiencia, no es algo que hagan unas amigas» que se prostituyen por su cuenta.
Este jueves la Iglesia celebra la X Jornada Mundial de Oración contra la Trata de Personas con el lema Caminando por la dignidad: escuchar, soñar, actuar. El acto central en España será una vigilia el viernes 9 de febrero, a las 20:30 horas, en la catedral de Alcalá de Henares. La convocatoria casi ha coincidido con el anuncio que la ministra de Igualdad, Ana Redondo, hizo a finales de enero de que el PSOE presentará «próximamente» una iniciativa para penalizar a los propietarios de los inmuebles donde se produzca una situación de explotación sexual. El proyecto, que ya se intentó sacar adelante la pasada legislatura, está pensado como «un primer paso», al que seguirán otros. El ministerio no ha respondido a la consulta de este semanario sobre cómo se pretende aplicar o si afectará también a los pisos.
En cualquier caso Belén García, coordinadora del programa Oblatas Centro Albor, de Valladolid, afirma que en la congregación «estamos de acuerdo con que se tome cualquier medida legislativa, pero siempre tiene que poner en el centro a las mujeres». Por ello, si la ley «no tiene en cuenta qué repercusiones puede tener para ellas» y «no se acompaña de un paquete que prevea cómo garantizar su protección, al final siempre quedarán al margen las más vulnerables»; por ejemplo, las que están en situación irregular. Uno de los principales problemas es que «puede aumentar el riesgo de invisibilizar más su situación», como ocurre precisamente en los domicilios. Desde las oblatas piden «una ley integral contra la trata». Pero, mientras llega, proponen por ejemplo ofrecerles «otras opciones para sobrevivir ellas y sus familias» y reformar la Ley de Extranjería. «Si una mujer llega a España, necesita tres años para regularizar su situación y tiene que pagar la deuda por venir, mandar dinero a su familia y mantenerse ella, va a ser una presa mucho más fácil para los tratantes».