La justicia reconoce vulneraciones de derechos en el CIE

Los CIE son lugares donde se vulneran los derechos humanos. Lo dice Miguel (nombre ficticio), que estuvo en el de Madrid retenido por estancia irregular en España. «El trato es lo peor. Te humillan, te degradan… Nos tratan como delincuentes y no hemos cometido ningún delito. La mayoría estamos aquí por no tener papeles; no hemos hecho nada malo, solo queremos trabajar honradamente», confesó este colombiano en una visita de Pueblos Unidos. Lo dicen también desde hace años las organizaciones sociales, entre ellas la Iglesia, que han llevado denuncias a la opinión pública y a la justicia. Y, precisamente, gracias a estas, ahora también lo han dicho los tres jueces de control del CIE de Madrid, que, en una resolución histórica, ponen deberes a los actores implicados en la gestión de este centro: la propia dirección; la Policía Nacional, que se encarga de la seguridad, y el servicio médico, gestionado por una empresa privada. Una serie de peticiones que demuestran que se estaban vulnerando derechos, según explica a este semanario Ana Bosch, coordinadora del equipo de visitas al CIE de Pueblos Unidos. «No es importante solo por lo que requiere, sino también por lo que reconoce», añade.

Al pedir al director del CIE la elaboración «en la mayor brevedad posible» de un protocolo de tramitación de quejas y denuncias de malos tratos, pone de manifiesto que, hasta el momento, estos procedimientos no se realizaban adecuadamente. Las ONG han manifestado en numerosas ocasiones cómo los internos que denunciaban eran devueltos a sus países, por lo que el proceso caía sin resolverse. Según Bosch, esta situación es habitual, e incluso se advierte de esta circunstancia a las personas que amagan con ir a la justicia. Por eso, el protocolo debe incluir, según los jueces, «el principio de realización de una investigación efectiva y la no expulsión del interno mientras se determina si existen indicios de que ha sido víctima».

También debe recoger la necesidad de informar al juzgado que acordó el internamiento, al de guardia y al de control, y que se les recuerde el tiempo máximo de internamiento pendiente y la fecha prevista de expulsión o repatriación para que se pueda paralizar si procede. Por otra parte, la víctima deberá ser trasladada al juzgado de control para ser reconocida por el médico forense. Todo esto habrá de ser enviado al juzgado de instrucción que corresponde y deberá ser tramitado de manera urgente. Las denuncias, según explica la coordinadora de Pueblos Unidos, tienen que ver con agresiones físicas, por ejemplo, «en un cacheo más agresivo de lo normal» o por un forcejeo que termina en una reducción «desproporcionada». Refiere que lo habitual son marcas en el cuerpo, ojos morados o golpes.

Otro de los acuerdos de los jueces tiene que ver con la atención médica. Piden que se garantice «el derecho a la intimidad de la persona interna, permitiendo que se cierre la puerta del despacho médico y que solo en los casos debidamente justificados a criterio del personal médico estén presentes funcionarios policiales». «Así se corrobora que los reconocimientos médicos se realizaban con la puerta abierta y con presencia policial», añade Bosch. Según explica María Paramés, de Mundo en Movimiento y CIEs No, está pendiente una resolución que abordará exclusivamente la atención médica. Ella, que es enfermera, ha comprobado que se ha retenido en los CIE a personas con enfermedades graves, que se ha deportado a personas enfermas sin entregar su historia clínica, y que «se están utilizando sedantes» con los internos sin que sepan qué toman.

También ha sido testigo de cómo en el módulo para mujeres del CIE de Aluche se han internado a víctimas de violencia de género y, por ello, se justifica la petición de los jueces al Ministerio de Justicia para que permita al director del CIE el acceso al registro central de violencia de género. Además, recomienda que en el procedimiento de protección internacional participen técnicos de la Oficina de Asilo y Refugio, incluida la entrevista. «Que la hagan los policías no es lo más idóneo», afirma Ana Bosch.

Otra de las reclamaciones es la implementación en los centros de proyectos sociales y culturales, tal y como recoge el Reglamento del CIE y ha pedido de forma reiterada el Defensor del Pueblo. «Las personas que llegan de prisión dicen que allí están mejor, pues tienen actividades, televisión, deporte… En el CIE no hay nada; una televisión en un salón amplio que apenas se escucha, un balón y juegos de mesa. Un ajedrez y unas cartas no son suficientes para los problemas que tienen. Las personas están viviendo una ruptura de su proyecto migratorio y una posible vuelta a su origen, donde no tienen a nadie o les espera persecución y violencia», explica.

Ahora, según Paramés, el CIE tiene la obligación de responder a estas demandas, aunque no está segura de que las pongan en práctica. Si no lo hacen, explorarán otras vías para que los derechos se respeten en el CIE de Madrid. También esperan que el resto de los CIE tomen nota y, aunque nos se dirigen a ellos, atiendan estas cuestiones.

Condenado a muerte

Mohamed Benhlima es uno de los migrantes que han pasado por un CIE, el de Valencia, a pesar de tener un perfil de protección internacional. El activista fue deportado a su país, Argelia, donde ha sido condenado a muerte –no se ejecuta desde 1993– por una supuesta vinculación con un grupo terrorista, argumento esgrimido por nuestro país para su devolución. Olatz Cacho, de Amnistía Internacional, denuncia a este semanario que se le ha acusado «sin pruebas» y que se trata de un caso de persecución política.