La justicia avala el trabajo de los jesuitas frente a los CIE - Alfa y Omega

La justicia avala el trabajo de los jesuitas frente a los CIE

La Administración ha sido condenada por ocultar datos que el Servicio Jesuita a Migrantes pedía para denunciar las condiciones en los CIE. «Tienen que responder ante lo que pasa allí», dicen desde la entidad

José Calderero de Aldecoa
Vigilia contra los CIE en la que participaron Iván Lendrino (camiseta verde) y el cardenal Cobo
Vigilia contra los CIE en la que participaron Iván Lendrino (camiseta verde) y el cardenal Cobo. Foto: SJM.

La ofensiva eclesial contra los Centros de Internamiento de Extranjeros, conocidos como CIE, «es uno de los programas de defensa de derechos humanos con un recorrido más frustrante». Así lo asegura Iván Lendrino, coordinador del área CIE del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), que tilda de «lucha titánica» el trabajo de la entidad por tratar de cerrar estos espacios y que se implemente una alternativa más humana; un empeño que va «en dirección contraria a la estrategia europea en torno a las migraciones, que no hace más que hablar de centros de privación de libertad», asevera en entrevista con Alfa y Omega.

La desproporción, que recuerda a la de David y Goliat, se ha acortado en los últimos días por vía judicial. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid acaba de condenar a la Administración central por incumplir la Ley de Transparencia después de que el SJM iniciara acciones legales al no haber recibido en tiempo y forma los datos de estos centros —relativos a 2022— solicitados a través del Portal de Transparencia del Gobierno.

Para Lendrino, la sentencia —notificada oficialmente el 7 de octubre— se trata de una «buena noticia»; pero no tanto porque el SJM haya logrado imponer su criterio, sino porque «manda un mensaje muy claro al Ministerio del Interior: “No eres impune, debes responder ante la sociedad civil de lo que ocurre en los centros, estamos atentos a lo que está pasando”», señala el experto.

A juicio de Javier Moreno —el abogado que ha llevado la causa para el SJM— el espaldarazo judicial es especialmente relevante ante la propia idiosincrasia de este tipo de centros. «En ellos suele primar la discreción interesada», asegura. «La información no fluye y las condiciones en las que se encuentran quienes están encerrados en ellos no suelen ser de dominio público». La justicia madrileña, precisamente, condenó a la Administración por entregar los datos de forma extemporánea e incompleta. «Se omitió el número de quejas registradas respecto a las condiciones del internamiento y el número de centros que cuentan con un jefe del servicio de sanidad en activo».

Ahora la Administración dispone de un mes para entregar esas cifras. Hasta que esto suceda, desde el Servicio Jesuita a Migrantes sospechan que «no todos los centros de España cuentan con un sanitario responsable». La vacante de un puesto de estas características no es baladí. «Son personas con una especial vulnerabilidad, que han pasado por un tránsito que no siempre es fácil —hay incluso quien pierde la vida en el periplo—, por lo que se trata de un trabajo especialmente sensible», subraya Moreno. El abogado recuerda el caso de Samba Martine, la mujer congoleña de 39 años que estaba internada en el CIE de Aluche y que murió en 2011 tras un retraso en la recepción de la asistencia sanitaria que necesitaba.

En cuanto a las omisión de la publicación de las quejas, Iván Lendrino cree que se debe a que «efectivamente hay muchas quejas y que su difusión pública menoscabaría la imagen de la Administración». La opinión de Lendrino, sin embargo, no se basa en conjeturas, sino en el trabajo de campo que desde el SJM han podido desarrollar en los CIE. «Los internos, por ejemplo, nos han dicho que tienen frío y que no les están proporcionando ropa adecuada a la temperatura» o que «solo les dejan cuatro horas el móvil, cuando la única privación que deberían tener es la de movimientos». Hay también quien se queja, según el responsable, de «malos tratos por parte de algún agente», lo cual no se puede dejar pasar tanto para atajar el problema, si es cierto, como para defender el buen nombre del implicado, en caso de que sea una queja falsa.

Frente a la falta de transparencia descrita por Lendrino y Moreno, distintas organizaciones de Iglesia —entre ellas el SJM o Cáritas Madrid— se concentraron el pasado 5 de octubre —dos días antes de la publicación de la sentencia— bajo el lema Rompamos el silencio, una cita en la que participó el cardenal Cobo y que exigió el «cierre de estos espacios de opacidad e indefensión».