La iniciativa legislativa popular para la regularización de migrantes supera las 400.000 firmas
Promovida por numerosas organizaciones, entre ellas la Conferencia Episcopal, necesita alcanzar el medio millón para que sea debatida en el Congreso de los Diputados
La iniciativa legislativa popular para que se lleve a cabo una regularización extraordinaria de migrantes en nuestro país ya superar las 400.000 firmas y, por tanto, está a menos de 100.000 para que se debata en el Congreso de los Diputados. Tiene de plazo hasta el 23 de diciembre.
La campaña, según explican desde Esenciales, ha recibido un impulso con la celebración el pasado fin de semana de la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado en la Iglesia y por la recogida de apoyos en las movilizaciones ecologistas y en fiestas populares como las de la Merced en Barcelona.
La ILP, que recoge las demandas de la población migrante agrupadas en la plataforma #RegularizaciónYa, ha unido al Partido Por Un Mundo Más Justo, la Fundación porCausa, REDES (Red de Entidades para el Desarrollo Solidario), la Fundación para la Ciudadanía Global y Alianza para la Solidaridad, que se han constituido como la comisión promotora.
Además, cuenta con el apoyo de importantes organizaciones de la sociedad civil como CEAR, Médicos del Mundo u Oxfam Intermón. La Iglesia, por su parte, se ha volcado desde todos los estamentos, como el Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Cáritas, CONFER o la HOAC.
Los grandes argumentos que justifican esta medida, según los promotores, son tres: los derechos fundamentales, pues la irregularidad supone «una condena a la explotación laboral, la invisibilidad frente a las instituciones, la desprotección legal o la exclusión de servicios públicos»; la pérdida de «un gran aporte económico y fiscal» —según la Universidad Carlos III, 3.250 euros por persona y año—, y la propia gestión del país, pues tener a cerca de medio millón de personas —150.000 son niños— «fuera del radar de las instituciones y de la planificación de los servicios públicos supone un déficit de gobernanza que es urgente corregir».