La implantación de la LOMLOE altera el inicio de curso escolar

El inicio de curso siempre genera estrés para familias, niños y profesores. A los preparativos, compras de última hora, adaptaciones, programaciones… hubo que añadirle en los dos últimos años la COVID-19. Y ahora, ya sin pandemia, la aplicación de la nueva ley educativa, la LOMLOE, que supone «un quebradero de cabeza» para colegios, profesores, padres y alumnos.

Lo es porque, a pesar de que su implantación se realiza desde esta semana en los cursos impares, el desarrollo de la ley no está completo. Lo más grave, según denuncian desde Escuelas Católica y CONCAPA, es que siete comunidades autónomas todavía no han publicado su parte del currículo —el 60 % de los contenidos los establece el Ministerio de Educación y el 40 % ellas—, esto es, el temario que se va a impartir.

Además, el propio Gobierno nacional ni siquiera ha sacado adelante el decreto de requisitos mínimos o el de titulaciones, según explica a este semanario Pedro Huerta, secretario general de Escuelas Católicas.

Estos retrasos provocan que alumnos y profesores no conozcan todavía el contenido de las materias. En el caso de los segundos, la situación es todavía más preocupante, pues no se han podido formar sobre le nueva ley ni sobre los cambios pedagógicos que introduce. Además, las editoriales están preparando libros de texto con los currículos disponibles o con borradores y es probable que tengan que hacer modificaciones o sacar suplementos en el futuro. Hay materiales que no han llegado todavía. «Se está implantando la LOMLOE sin estar completamente desarrollada», añade Huerta.

Desde la patronal de la escuela concertada católica ya advirtieron de esta circunstancia hace meses y por eso reclamaron a la ministra de Educación, Pilar Alegría, que retrasara un año la implantación para que diera tiempo a terminar los currículos y los equipos docentes se pudieran formar. La petición, que secundaron otros colectivos, no fue tenida en cuenta.

Para Pedro José Caballero, presidente de CONCAPA, que aúna a las familias católicas, afirma que este inicio de curso está siendo «caótico». «Siempre es complicado y más cuando se implanta una ley que no tiene aprobada todas sus normas», añade. En su opinión, los principales perjudicados son los niños y el profesorado.

«Al final, el curso saldrá adelante y funcionará por el empeño de las familias y del profesorado, no porque los políticos hayan cumplido. Está muy bien que se promulguen normas, pero tienen que poder ser aplicadas», denuncia.

Aunque esta cuestión preocupa más en época de matriculación, Huerta señala que la promoción exclusiva de la enseñanza pública que se hace en la ley ya está teniendo efectos negativos sobre la concertada. De hecho, señala que en territorios como Galicia se han cerrado unidades concertadas que tenían alumnos suficientes amparándose en la LOMLOE.

La inflación también afecta

La inflación también quita el sueño a la comunidad educativa. Las familias, señala Caballero, tendrán que desembolsar entre 200 y 800 euros más por cada niño por este motivo. Mientras, los centros educativos concertados buscan formulas para subsistir. «La infrafinaciación de la escuela concertada es un hecho, pero es que este año se subieron solo un 2 % los módulos de concierto cuando la inflación supera el 10 %. Alguien tendrá que asumir esa diferencia. Con los recursos económicos que nos da el Estado no cubrimos todos los gastos. Son los propios centros y las familias los que tienen que responder», añade el secretario general de Escuelas Católicas.

Con todo, hay colegios concertados que «están con el agua al cuello» y puede que en un determinado momento tengan que tomar decisiones drásticas como disminuir su oferta y dedicarse exclusivamente a dar clase o incluso cerrar.