La Iglesia y el Estado colaborarán en la atención a las víctimas de abusos

Cuando Alfa y Omega llama a Marcos Leyún, presidente de la Asociación de Víctimas de Pederastia en Instituciones Religiosas (AVIPIREN), no puede contener su alegría. El acuerdo que la Conferencia Episcopal, CONFER y el Gobierno firmaron el pasado jueves 8 de enero para reparar a víctimas de abusos sexuales —con su caso prescrito y que no desean acudir directamente a la comisión PRIVA establecida por la Iglesia— da cumplimiento a muchas de las reivindicaciones por las que lleva tantos años luchando.

Esta asociación fue una de las pioneras en levantar la voz contra la tributación en el IRPF de las indemnizaciones recibidas por las víctimas de abuso. De hecho, el año pasado se reunió con los principales partidos del Parlamento navarro y con el Defensor del Pueblo autonómico. En ambas citas, solicitó que se impulsara una modificación legislativa para eximir a los afectados de esta carga fiscal. «Todos acogieron extraordinariamente bien la propuesta y, en unas pocas semanas, lograron la modificación», asegura Leyún. Posteriormente, incluso se vio con el Defensor del Pueblo nacional, Ángel Gabilondo, para universalizar este beneficio en el conjunto de España.

Ahora, la medida se aplicará, «incluso con carácter retroactivo», aseguró el ministro de Justicia, Félix Bolaños, al conjunto de las víctimas del territorio nacional, que no son todas las que se reunieron con el presidente del Gobierno y el propio Bolaños el 9 de enero para celebrar el acuerdo. AVIPIREN, por ejemplo, «no fue invitada», refiere su presidente. La exclusión de su asociación de esta cita le hace mantenerse expectante ante uno de los puntos del reciente acuerdo. Concretamente ante el B.1.4, que habla de la participación de «entidades en representación de las víctimas» en una futura comisión que se va a constituir para resolver los casos en los que haya desacuerdo en la reparación propuesta por la oficina del Defensor del Pueblo. «Si no nos han convocado hasta ahora, ¿nos van a convocar a partir de ahora para este cometido?», se pregunta Leyún. «Y si no nos convocan, ¿quién nos va a representar a nosotros, que ya somos una asociación formada por víctimas?».

Comisión mixta

Para resolver estas dudas el presidente de AVIPIREN deberá esperar al desarrollo del convenio, que en el próximo mes van a negociar y suscribir el Ministerio de Justicia, la CEE, la CONFER y el Defensor del Pueblo. En él se va a formalizar el sistema que las partes se comprometieron a poner en marcha en el acuerdo suscrito el 8 de enero. A grandes rasgos, el procedimiento a seguir será el siguiente: las víctimas presentarán su caso en una unidad de tramitación que se creará ex profeso dentro del Ministerio de Justicia. Esta remitirá el expediente a la oficina del Defensor del Pueblo, que estudiará los casos presentados y propondrá los términos de la reparación. Los mismos tendrán que ser valorados tanto por la comisión asesora del PRIVA como por la víctima. Si ambos están de acuerdo, el proceso termina con la entrega de la reparación oportuna. En caso de que haya disconformidad, el procedimiento será trasladado a la comisión a la que aludía Marcos Leyún. Su nombre oficial será Comisión Mixta para la Resolución de Controversias (CMRC) y estará formada por distintos miembros nombrados por el ministerio, el Defensor del Pueblo y la Iglesia, con la participación de representantes de las víctimas. Si en la CMRC se alcanza una «decisión unánime, la propuesta será definitiva», se lee en el acuerdo. De lo contrario, será la Unidad de Atención a las Víctimas de la oficina del Defensor del Pueblo la que determinará la resolución final, que deberá ser acatada por todos.

El dinero —en el caso de que la reparación sea económica—, será abonado exclusivamente por la Iglesia, tal y como siempre ha reivindicado AVIPIREN. «Es competencia suya, y de nadie más, reparar el daño que ha provocado», subraya el presidente de la entidad. Así, la diócesis o la congregación religiosa a la que pertenecía el victimario se hará cargo de abonar la cantidad y, solo en el caso de no poder afrontar el pago, será la CEE o la CONFER la que actúe subsidiariamente. De esta forma, con respecto a la situación económica, no cambia nada para la Iglesia católica. Su comisión asesora ya ha resuelto 61 peticiones de reparación —de las 114 recibidas— y «ha propuesto indemnizaciones por un valor de casi dos millones de euros (1.858.420 de euros)», detalló el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, durante la rueda de prensa que ofreció en el Ministerio de Justicia tras estampar su firma en el acuerdo.

Ambivalencia afectiva

Aquella rueda de prensa comenzó con el también arzobispo de Valladolid reconociendo su «satisfacción» por el acuerdo suscrito con el Ejecutivo, el cual tendrá implicaciones más allá del ámbito eclesial. Según Argüello, a las oficinas de protección del menor puestas en marcha hace años en las diferentes diócesis y congregaciones religiosas han acudido personas que habían sufrido abusos en otros ámbitos, como el deportivo, el de la educación estatal o incluso en centros públicos de protección al menor. «Por eso, nos ha parecido importante que en el acuerdo se recoja explícitamente que en el desarrollo de la Ley de Protección a la Infancia y la Adolescencia, aprobada ya en 2021, se articule una propuesta análoga a la que la Iglesia va realizando a través de la comisión asesora del PRIVA» y así otras víctimas que nada tienen que ver con la Iglesia puedan lograr «una reparación integral, aunque su caso esté también prescrito».

Para la Fundación ANAR, que se dedica a la protección a la infancia, esta posibilidad es una buena noticia. «Hay que tener en cuenta que el 50,3 % de los casos de abusos a menores se producen en el ámbito familiar. Y en el 27,9 % el agresor es el propio padre biológico», advierte en entrevista con Alfa y Omega el director técnico y portavoz de la fundación, Benjamín Ballesteros, que también señala a los centros escolares y a las instituciones deportivas. Por ello, «todo lo que vaya en la línea de reparación, de reconocimiento, de prevención de los abusos a menores», más allá de la Iglesia, «siempre lo vamos a aplaudir».

Además de por la cantidad de casos, para Ballesteros es urgente incidir en los casos de abusos en el ámbito familiar por ser «el primer lugar de protección a la infancia». Pero si en vez de darse ese cuidado, la niña —«el perfil de la víctima es mayoritariamente femenino»— sufre una agresión, la persona se quiebra por completo. «Quien los agrede es alguien al que quieren, por lo que sufren una ambivalencia afectiva» que puede llegar a derivar en una «conducta autolítica» e incluso en la «ideación suicida». Entre las consecuencias, el director técnico de ANAR también cita «los cambios bruscos de comportamiento», la «bajada del rendimiento escolar» o «la ansiedad, el miedo y la vergüenza». Y concluye: «Se trata de cuestiones muy delicadas, por lo que, cuanto más específica sea una ley, cuanto más se desarrolle, cuanto más especializada sea la atención, siempre será mejor».

Las claves del acuerdo

• «El sistema que a continuación se describe no está basado en la imposición unilateral de una obligación jurídica, sino en el mutuo acuerdo de las partes».
• «Este sistema se formalizará en un convenio negociado y suscrito entre las partes y que cuente con la opinión de las víctimas. Este instrumento definirá el estaturo básico de las víctimas».
• «Las formas de reparación integral podrán ser: A) De carácter restaurativo y simbólico. B) De reparación psicológica y/o psiquiátrica. C) La reparación moral del daño causado. D) Cualesquiera otras formas de reparación».
• «El desarrollo de este mecanismo de reparación a víctimas se inscribe en el marco del compromiso del Gobierno para abordar la reparación integral de víctimas de abusos en cualquier ámbito de la vida social».
• «Se contempla el establecimiento de un sistema mixto de reconocimiento y reparación, que pivote sobre el criterio técnico del Defensor del Pueblo, la evaluación de la comisión del PRIVA, el consenso Iglesia-Estado y la participación de las víctimas».
• «El Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes promoverá las modificaciones precisas para la aplicación de exenciones fiscales a las reparaciones que se reconozcan a todas las víctimas».
• «A los efectos de la presentación de las solicitudes, el plazo de vigencia de este acuerdo será de un año, prorrogable por un año más si las partes así lo acuerdan. En todo caso, dicho plazo se computará desde la firma del convenio previsto».
• «La Iglesia dará cumplimiento a las medidas reparadoras que finalmente se contemplen en la decisión que resulte definitiva. Dicho cumplimiento se hará por parte de la CPRIVA en la forma y con las mismas garantías previstas en el PRIVA».