La Iglesia reclama que la UE reactive la tramitación de la Directiva de Diligencia Debida

La Iglesia y la red internacional de ONG católicas para el desarrollo exhortaron el martes pasado a la UE a «adoptar urgentemente» la Directiva sobre la Diligencia Debida en Materia de Sostenibilidad Empresarial (CSDDD por sus siglas en inglés). Esta norma obligaría a las grandes empresas a asegurarse de que sus cadenas de suministro no violan los derechos humanos ni causan daños medioambientales.

La Comisión de Conferencias Episcopales de la UE (COMECE) y la Alianza Internacional de ONG Católicas de Desarrollo (CIDSE) responden así a la decisión de la UE de paralizar temporalmente la tramitación de la directiva. El viernes 9 de febrero, la presidencia belga de la UE aplazó sine die la toma de postura sobre el texto de compromiso acordado el 14 de diciembre por el Consejo Europeo y el Parlamento Europeo. Poco antes, Alemania había anunciado que se abstendría.

Las dos organizaciones católicas piden que «los Gobiernos de los Estados miembro de la UE adopten urgentemente» este texto. Depende del Consejo «asegurarse» de que la directiva sigue adelante «para garantizar el acceso a la justicia de los afectados por abusos empresariales», subrayan.

«Los impactos negativos de las actividades empresariales sobre los derechos humanos y el medio ambiente no son externalidades peligrosas y ocasionales» de su trabajo. «Con frecuencia son consecuencia de un sistema económico que pone el beneficio por encima de las personas y la extracción de riqueza por encima del cuidado del planeta», afirman en su comunicado conjunto.

Oposición de los liberales

Se espera que el Parlamento Europeo vote a favor de la directiva de diligencia debida, informa Reuters. Sin embargo, para que llegue ese momento se necesita que en el Consejo Europeo obtenga una mayoría cualificada de 15 países que representen el 65 % de la población de la UE. El viernes, no estaba claro si alcanzaría este número suficiente de apoyos. Sí se sabía que Alemania se abstendría, lo que pudo haber animado a otros países a no votar a favor.

El Partido Democrático Libre (FDP por sus siglas en alemán), de corte liberal e integrante de la coalición de Gobierno germana, se opone a la nueva norma. Alega que supone una carga burocrática excesiva para las empresas. De aprobarse, a partir de 2027 las grandes compañías tendrían que detectar si sus cadenas de suministro emplean mano de obra forzada o infantil o dañan el medio ambiente.

Estas corporaciones —las que tengan más de 500 empleados y un volumen neto mundial superior a 150 millones de euros— también deberían tomar medidas para corregirlo. Las multas por incumplimiento de las normas podrían alcanzar el 5 % de su facturación mundial.

Sus socios de coalición, los socialdemócratas y los verdes, respaldan la ley. Han advertido además de que Alemania perderá credibilidad en la UE con su oposición de última hora. El FDP también ha rechazado en el pasado a una ley de la UE para poner fin a las ventas de coches que emiten CO2 en 2035 y a los planes de la Unión para reducir las emisiones de los camiones.

«Ahora más que nunca, necesitamos una diligencia debida obligatoria en la cadena de suministros para frenar los abusos corporativos y garantizar la solidaridad global», asegura el comunicado de COMECE y CIDSE. En septiembre, más de 200 líderes religiosos también se pronunciaron a favor de la directiva. «Las actividades empresariales sin regular se han relacionado con violaciones de los derechos humanos, acoso y asesinatos de defensores de los derechos humanos», subrayaban. Las estrategias que pretenden abordar esto mediante «compromisos voluntaries mantienen el status quo».