La Iglesia quiere sumarse al pacto educativo

La Iglesia aplaude el pacto alcanzado el viernes por el Partido Popular, el Partido Socialista y Ciudadanos para aprobar una nueva ley de educación en seis meses. «Nosotros veníamos reclamando la necesidad urgente de un pacto educativo que, de una vez, solvente la cuestión de la educación en España», para que «no esté supeditada a las alternancias en el Gobierno o al vaivén de las ideologías», y «redunde en mejores niveles de calidad», dijo este lunes José María Gil Tamayo, secretario general de la Conferencia Episcopal Española (CEE), al término de la Asamblea Plenaria de otoño. Así se lo transmitió el episcopado al ministro de Educación (entonces en funciones) en una reunión de toma de contacto celebrada el 18 de octubre, en la que participaron el presidente y el secretario de la Comisión de Enseñanza –monseñor César Franco, obispo de Segovia, y José Miguel García–, además del propio Gil Tamayo.

La Iglesia no puede ser «un espectador mudo» en este pacto, añadió el portavoz de los obispos, quien recordó que existen en España 2.600 centros católicos, con cerca de un millón y medio de alumnos y unos 125.000 trabajadores. Algo más de una cuarta parte de alumnos de enseñanzas generales no universitarias estudian en centros concertados, la mayoría católicos. Con ese aval, los obispos quieren desempeñar un papel activo en diálogo con los demás agentes sociales y políticos. «Estamos llamados a trabajar juntos y a primar el bien común», aseguró el secretario general.

Unidos en lo fundamental

Una novedad es que los diferentes actores educativos católicos participarán en el diálogo «con una sola voz». «Esta ha sido una idea remarcada por los obispos» durante la Plenaria, informó Gil Tamayo.

En el recuerdo de muchos están las divisiones ante la LOE de Rodríguez Zapatero, que incluía la polémica Educación para la Ciudadanía, una asignatura que, en la práctica, los centros concertados pudieron adaptar a su ideario. En los últimos años, las relaciones entre obispos y religiosos han mejorado sustancialmente y un escenario de divisiones como el de entonces resulta ahora impensable.

«Estamos todos unidos en la misma dirección»; «en lo fundamental coincidimos», aseguraba a este semanario pocas horas después del anuncio José María Alvira, secretario general de Escuelas Católicas, organización que representa a algo más de 2.000 centros concertados en España.

Alvira considera una «muy buena noticia» que pueda alcanzarse un pacto educativo en España, aunque le preocupa «que no todos los grupos sociales y políticos se sumen a este acuerdo. Este es nuestro temor», a pesar de que «hay una mayoría de españoles que lo apoyan».

El punto de partida –cree– debe ser el pacto constitucional que se plasmó en el artículo 27 de nuestra Carta Magna, con el apoyo «de la izquierda y la derecha, pasando por el centro y los nacionalistas». «Fue una tarea de consenso en su momento nada fácil, pero se logró unificar criterios básicos», añade el religioso marianista. En lugar de cuestionar esos consensos, ahora habría que «desarrollar ese acuerdo constitucional», que reconoce el derecho universal a la educación y la «libertad de enseñanza», junto al «derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones».

Libertad real de elección

Para Escuelas Católicas «es importante que se respete la libertad de elegir proyecto educativo. Esa libertad debe ser real, lo que requiere un apoyo económico, de modo que los padres puedan elegir entre diversos proyectos educativos aquel que esté más de acuerdo con sus convicciones».

La financiación de la concertada es hoy claramente insuficiente (el Estado paga por alumno la mitad que en un centro público), pero así y todo Alvira considera que el modelo de los conciertos –puesto en marcha en 1985 por el Gobierno de Felipe González– «es bueno, aunque debe ser mejorado». Entre otras cosas, «habría que aumentar el papel de los titulares y la autonomía propia de los centros». Además, el pacto educativo debe reforzar el papel de la escuela para «corregir las diferencias sociales y generar una sociedad más justa».

En este punto no hay diferencias entre escuela pública o concertada. José María Alvira recuerda la plataforma Concertados, impulsada en 2015 por Escuelas Católicas, la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE), la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos (CONCAPA) y la Confederación de Padres de Alumnos (COFAPA). La iniciativa surgió para defender los intereses de las dos millones de familias que eligen centros concertados, pero desde el presupuesto de que «los modelos de educación pública y privada concertada son dos redes complementarias llamadas a entenderse que pueden y deben convivir juntas», ya que «cada una enriquece a la otra». El punto básico de entendimiento es la defensa de la calidad del sistema educativo español.

La asignatura de Religión

Una cuestión delicada ante el pacto educativo será la asignatura de Religión, que algunos partidos proponen que deje de ser evaluable o quieren directamente eliminarla del currículo. Dos terceras partes de alumnos cursan libremente esta asignatura, que imparten más de 25.000 profesores, recordó Gil Tamayo. Con actitud dialogante y respetuosa, pero también con firmeza, la Iglesia hará honor a «su responsabilidad en la defensa de derechos».

«No buscamos privilegios», pero tampoco «queremos marginación», añadió el portavoz, recordando que otras confesiones tienen acuerdos educativos similares con el Estado. Se trata de una enseñanza que, no por confesional, deja de tener solvencia académica, apuntó. «Hay que dejar añejas posiciones» que plantean la educación como si pudiera ser «un campo neutro», donde no entran en juego «los principios y las convicciones».

El secretario general recordó que, en su visita a la CEE, el rey Felipe resaltó «la inserción plenamente constitucional de la Iglesia en la sociedad española». Esto significa superar «la rémora trasnochada» de pretender que la fe no tiene cabida «en el ámbito público, también en la educación, de donde debiera estar fuera: fuera del horario, fuera del marco, fuera del currículo…». «El hecho religioso católico tiene todo el derecho del mundo, como derecho humano y como derecho constitucional, a estar presente en el desarrollo integral educativo de los niños y jóvenes, en virtud del derecho de los propios padres a educarlos», concluyó José María Gil Tamayo.