La Iglesia muestra el camino de salida a las exreligiosas de Belorado
Las monjas se enrocaron en su posición e Iceta se vio obligado a ratificar la excomunión. Ahora «son simples bautizadas» y deben abandonar el monasterio, que está destinado a la vida contemplativa
Desde el pasado viernes la Iglesia tiene diez monjas menos. Aquel día, a las 14:00 horas, expiró el plazo que las clarisas de Belorado tenían para presentarse ante el Tribunal Eclesiástico de Burgos, después de que Mario Iceta, comisario pontificio, les concediera una prórroga de cinco días para ejercer su derecho a la defensa. Las hermanas pobres de Santa Clara tenían dos opciones: o ratificarse en su voluntad de separarse de Roma, tal y como expresaron en un manifiesto el 8 de mayo, o retractarse y, así, evitar la pena de excomunión por un delito de cisma tipificado en el Código de Derecho Canónico. Pero a pesar de que fueron las religiosas las que solicitaron la prórroga —en lo que parecía la primera señal de que las implicadas se estaban replanteando la situación—, lo cierto es que las clarisas de La Bretonera, como se llama el monasterio, no se presentaron a la cita. Su respuesta a la mano tendida de la Iglesia fue un burofax en el que manifestaron su «unánime e irreversible posición» de abandonar la Iglesia. Dicho y hecho. 24 horas después el también arzobispo de Burgos ratificó la excomunión de las religiosas, que se habían «separado voluntariamente» de la comunión con el Papa, como anunció el prelado en un comunicado. «Hablamos de ratificar, no de ordenarla, porque el delito de cisma conlleva la excomunión latae sententiae, es decir, automática», explica el canonista Miguel Campo, profesor en la Universidad Pontificia Comillas. A partir de ahora, «estas personas son simples bautizadas porque la excomunión conlleva la expulsión de la vida religiosa, la prohibición de recibir los sacramentos y de ejercer actos de potestad eclesiástica», añade el experto.
El desenlace de los acontecimientos se ha vivido con zozobra en la congregación religiosa. «Date cuenta de que eran hermanas a las que conocíamos personalmente», explica a este semanario sor Isabel Cobo, coordinadora de la Confederación de Clarisas de España y Portugal, que habla también de «dolor» y «desconcierto». No «podemos entender cómo han llegado hasta este extremo después de tantos años de vida consagrada». Acto seguido, Cobo formula una explicación plausible: «En la oración de esta mañana pensaba que realmente el Señor nos deja libres». Dentro de este marco, sin embargo, «los cristianos debemos examinarnos sobre cómo vamos alimentando nuestra espiritualidad», porque cabe «la posibilidad de que nos desviemos del camino». Por eso, concluye la coordinadora, «es bueno atender las mediaciones que nos ofrece la Iglesia, que es nuestra madre, y ver si estamos secundando o no su doctrina».
Libertad y legalidad
El caso Belorado, no obstante, todavía no ha concluido. Ahora las diez hermanas excomulgadas «carecen de título legal para permanecer en el monasterio» y el comisario pontifico espera que puedan salir del inmueble «en fechas próximas». De lo contrario, «los servicios jurídicos» del Arzobispado «no tendrán más remedio que iniciar las acciones legales a las que haya lugar», aseveró el pasado lunes en rueda de prensa. De llegar el caso a los tribunales, «al estar reconocido el derecho canónico por el derecho español» gracias a los acuerdos Iglesia-Estado, «el juez lo que va a comprobar es a nombre de quién está el convento, va a comprobar que estas señoras ya no son religiosas» y, por lo tanto, previsiblemente determinará que ya no pueden permanecer en el inmueble, explicó el pasado lunes Juan Manuel Cabezas, decano de la Facultad de Derecho Canónico de la Universidad Eclesiástica San Dámaso, en RNE.
En la posición contraria se encuentran las exreligiosas, que piensan que el inmueble es suyo. «La propiedad no recae nunca en unas religiosas concretas, sino en la persona jurídica del monasterio», aclara Miguel Campo, que es director del programa Especialista en Administración de Bienes Eclesiásticos de Comillas. Y concluye: «Todo el mundo puede entender que si ingresas en una institución religiosa católica», un monasterio de clarisas, como es el caso, «si un día decides abandonarlo, no te vas a llevar el monasterio (los inmuebles y bienes muebles) contigo. Te puedes ir, pues nadie puede limitar tu libertad individual, pero no puedes pretender llevarte la institución contigo».
8 de mayo. Las clarisas redactan un manifiesto en el que expresan su voluntad de abandonar la Iglesia.
29 de mayo. Acaba el mandato de la abadesa, sor Isabel, y Mario Iceta es nombrado comisario pontificio.
30 de mayo. Las religiosas denuncian a Iceta ante la Guardia Civil, ratificando su denuncia en el juzgado un día después.
6 de junio. La comisión gestora se persona en el monasterio para recibir una copia de las llaves y es expulsada.
16 de junio. Fecha tope para presentarse ante el Tribunal Eclesiástico de Burgos. Las monjas piden una prórroga.
21 de junio. Acaba la prórroga y las religiosas envían un burofax en el que manifiestan su «irreversible posición».
22 de junio. El comisario pontificio ratifica la excomunión de las religiosas y espera que salgan del inmueble.