La Iglesia en Filipinas denuncia la nueva ley antiterrorista de Duterte

La Iglesia en Filipinas se ha sumado a las organizaciones de derechos humanos que han expresado su preocupación por la aprobación en el Congreso de una nueva ley antiterrorista. Consideran que la nueva norma, aprobada el miércoles con 173 votos a favor, 31 en contra y 29 abstenciones, busca perseguir a los críticos del Gobierno y castigar tanto el disenso como el activismo político. Era una prioridad para el presidente, Rodrigo Duterte, que el lunes calificó su tramitación como «urgente».

La propuesta de ley sustituiría a la actual Ley de Seguridad Humana de 2007 y, entre otras modificaciones, amplía el número de días que un sospechoso de terrorismo puede permanecer detenido sin orden de arresto, que pasan de tres a 14, prorrogables por otros diez.

También se amplía el rango de delitos que se pueden considerar terrorismo, tales como «amenaza o incitación a cometer actos terroristas», punibles con doce años de prisión, provisión que según expertos legales busca castigar el disenso político ya que se podría catalogar como terrorismo cualquier protesta contra el Gobierno. Al mismo tiempo, se revocan la disposiciones que establecían sanciones económicas para quien ordene un arresto de forma inmotivada y otras garantías frente a los abusos policiales.

«Pueden abusar todos los que desean dominar a su pueblo»

«De esta nueva ley podrían abusar todos los que desean dominar a su pueblo, anulando a la oposición, y reprimir también el disenso legítimo», han criticado varios líderes cristianos en un comunicado. Entre ellos se encuentran monseñor Broderick Pabillo, administrador apostólico de Manila, y monseñor Gerardo Aminaza, obispo de San Carlos; además de Reuel Norman Marigza, del Consejo Nacional de las Iglesias, y el obispo Rhee Timbang, de la Iglesia independiente filipina.

La nueva ley, aseguraban días antes de su aprobación, no es necesaria pues ya existen otras eficaces en este sentido. Supondrá «una mayor restricción del espacio democrático y un debilitamiento del debate público perjudicial para nuestro país». En lugar de legislar sobre esta cuestión, pedían «leyes positivas para ayudar a vivir con dignidad y paz» a los más pobres.

En declaraciones a la agencia Fides, el sacerdote Daniel Pilario apuntaba, desde Manila, que «aumenta la probabilidad de que se produzca una grave impunidad por las actuaciones incorrectas de las fuerzas estatales». Y Jose Manuel Diokno, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Salle, añadía que «según el texto se puede detener a personas simplemente por orden del Consejo» antiterrorista que se establece en la misma ley. «Este mecanismo es similar a los actos perpetrados durante la era del dictador Fernando Marcos».

Cerco a los activistas

Filipinas tiene dentro de sus fronteras la amenaza de varias insurgencias catalogadas como terroristas: grupos yihadistas, afines al Estado Islámico, en la isla de Mindanao; y a la guerrilla comunista más antigua y letal de Asia, el Nuevo Ejército del Pueblo (NEP), ala militar del ilegalizado Partido Comunista.

Duterte considera el NEP como la mayor amenaza a la seguridad nacional y se ha comprometido a acabar con ellos antes del fin de su mandato, endureciendo las ofensivas militares contra sus bases y suspendiendo el diálogo de paz.

El mandatario también ha acusado a numerosas organizaciones de derechos humanos y grupos de izquierda de actuar como «frentes legales» del NEP, objetivos también de sus ataques verbales, mientras que se ha registrado un aumento de actos de violencia, acoso y hostigamiento contra activistas.

Represión en vez de responder a la pandemia

La Coalición Internacional por los Derechos Humanos en Filipinas (ICHRP, en inglés) ha advertido de que la ley es «la última pieza del puzzle» que el Ejecutivo de Rodrigo Duterte necesita para imponer una ley marcial, con la que ha amenazado en varias ocasiones.

«Estamos horrorizados de que el Gobierno priorice esta ley represiva frente a la respuesta a la pandemia. Hemos visto demasiadas muertes tanto por el virus como por la violencia que Duterte ha desatado contra su pueblo», ha lamentado el presidente de ICHRP, Peter Murphy.

«Además de su guerra asesina contra las droga, su campaña de contrainsurgencia, la extensión de sus poderes ejecutivos de emergencia y numerosos ataques a la libertad de expresión, la aprobación de estas enmiendas draconianas a la ley antiterrorismo es la pieza final en la apuesta del régimen para establecer una dictadura fascista y una ley marcial de facto», denunciaba a su vez Karapatan, una red nacional de organizaciones de derechos humanos.

La población civil también ha expresado su disgusto con la nueva norma y desde la semana pasada –cuando dos comités de la Cámara Baja dieron luz verde al texto– la etiqueta #JunkTerrorBill ha sido tendencia en varias ocasiones en Filipinas.

Efe / Fides / Redacción