La Iglesia en Canarias llevó al Defensor del Pueblo el drama de los desaparecidos

Este reportaje sobre los migrantes fallecidos no identificados y el dolor de sus familiares ante la ausencia de noticias estaba previsto que se publicara hace tres semanas. Pero la llegada a España de la peor DANA en lo que va de siglo, con 219 muertos y once desaparecidos, hizo necesario posponerlo. No obstante, «lo que ha ocurrido con la riada ha puesto el tema más de actualidad que nunca». Lo ocurrido en el sureste español a partir del 29 de octubre «ha dejado patente a todo el país el dolor inenarrable que es no saber si tu familiar desaparecido está vivo o está muerto», asegura el abogado Daniel Arencibia, que es miembro del Secretariado de Migraciones de la diócesis de Canarias.

Un dolor que es capaz incluso de llevarse por delante la carrera política de quien no ha sabido gestionar con empatía las peticiones de información de los familiares. Es lo que ocurrió el pasado lunes con Nuria Montes, consejera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo de la Generalidad Valenciana, que fue cesada por el presidente autonómico tras unas declaraciones dirigidas a los familiares de las víctimas. «Aquí no se van a entregar cuerpos a familias, no se va a permitir el acceso de familiares a la zona donde tenemos custodiados a todos los fallecidos», señaló a las puertas de la morgue de Feria Valencia.

Todo esto, «el tema de dar una atención inmediata a los familiares de los desaparecidos», que «se ve con claridad en el caso de la DANA», es lo que «se ignora completamente cuando hay una patera que naufraga a 40 metros del puerto de La Restinga y mueren 50 personas», sentencia Arencibia. De hecho, en el caso de Valencia «se puso en funcionamiento en cuestión de horas el protocolo para incidentes con víctimas múltiples», que está «aprobado por real decreto y que obliga a abrir una oficina ante mortem» en la que se dé asistencia tanto burocrática como psicológica a los familiares que denuncian desapariciones. Una oficina, sin embargo, que no se ha abierto cuando los muertos tenían otra nacionalidad o color de piel y estaban subidos a un cayuco.

Ante la falta de información oficial, los parientes de los migrantes desaparecidos «se ven obligados a emprender una macabra peregrinación por distintos lugares —como el muelle de Arguineguín o distintas prisiones u hospitales— donde se imaginan que pueden estar sus familiares». Precisamente fue el caso de una madre, que inició este periplo sin éxito alguno, lo que provocó que el abogado pusiera una queja ante el Defensor del Pueblo para acabar con la desprotección de los allegados de migrantes fallecidos. «La señora se pasó una semana entera llorando, sin parar de visitar todos los sitios donde había migrantes en Gran Canaria, con la esperanza de encontrar allí a su hijo», asegura con indignación.

«Imagínate lo mal que lo pasó» por la falta de información. «Suena muy duro lo que voy a decir, pero es una buena noticia enterarte de que tu hijo ha muerto». Porque, de lo contrario, «cuando tu hijo lleva meses desaparecido, no sabes si es que no te llama porque se ha olvidado de ti o porque está encerrado en un sótano en Libia sometido a torturas». En el fondo, asevera Arencibia, «uno intuye que lo más probable es que haya fallecido, pero si no tienes la certeza vives en un permanente dolor que te vuelve loco». Según el experto, cuando las familias pueden identificar el cadáver de su ser querido y enterrarlo «descansan y el dolor deja el paso al duelo».

En este sentido, la respuesta a su queja que el abogado acaba de recibir del Defensor del Pueblo «es una buena noticia». En la contestación —con número de expediente 20029806—, la oficina presidida por Gabilondo recomienda a la Dirección General del Servicio Público de Justicia «que se promueva la adopción de un protocolo nacional específico de actuación médico-forense y de Policía científica para la identificación de cadáveres y restos humanos en el contexto migratorio». Asimismo, insta a que «se promueva el desarrollo de una herramienta o base de datos forense a escala nacional, que integre y permita el acceso unificado a los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses para el registro y rastreo de información relativa a restos humanos de identidad desconocida». Con todo, matiza Arencibia, no es la primera vez que las Administraciones desoyen las indicaciones emitidas por esta institución.

Al igual que Arencibia, a la fotoperiodista de la revista 5w Anna Surinyach le parece «un buen inicio» el paso dado por el Defensor del Pueblo, pero cree que se queda corto. «La base de datos propuesta debería implementarse a nivel europeo y también en países de origen y tránsito. Hasta que eso no pase, y se pueda cotejar con el ADN recogido en origen, las recomendaciones son papel mojado», asegura Surinyach, que ha entrado en contacto sobre el terreno con muchas familias de migrantes desaparecidos. En conversación con Alfa y Omega, recuerda especialmente la historia de Maimouna Fati. «Estuvimos en Senegal con su hermano Bakary, que conservaba los audios que le mandó justo antes de subirse a la embarcación». En esa nota de voz, Maimouna le decía a su hermano que cuando recibiera una llamada de un número español diera gracias a Dios porque querría decir que había llegado. «Pero el teléfono de Bakary nunca sonó».