La Iglesia en Brasil denuncia una ley que aumentará la deforestación del Amazonas

El acaparamiento ilegal de tierras está detrás de una tercera parte de la deforestación en Brasil. También es la fuente de buena parte de los conflictos territoriales en la región amazónica del país. Allí, según la Comisión Pastoral de la Tierra, el 60 % de estos implican a empresas agrícolas y ganaderas, que se enfrentan a las poblaciones locales. Ahora, denuncian los obispos, una nueva ley que quiere aprobar el Gobierno hará que este fenómeno se multiplique.

En una carta al presidente del Senado, Rodrigo Pacheco, los obispos de la región amazónica brasileña exigen la retirada del proyecto de ley 510/2021 sobre la gestión de la tierra. La propuesta, critican, «se ha introducido en el orden del día la semana pasada» por «sorpresa para nosotros y para toda la sociedad». Es «prácticamente una copia» de otra presentada por el senador Irajá Abreu en 2019, y que los obispos ya calificaron de «dañina».

Citando un estudio de la Pontificia Universidad de Río de Janeiro, los 60 firmantes esgrimen que el proyecto de ley «flexibiliza los requisitos» para regularizar las tierras tomadas de forma ilegal en el pasado. De hecho, las parcelas de menos de 2.500 hectáreas podrán regularizarse mediante un proceso simplificado. Al mismo tiempo, «debilita las medidas de protección ambiental».

Invadir ahora, legalizar luego

En definitiva, facilita «que los bosques públicos invadidos y deforestados en cualquier momento sean legalizados» y pasen a ser propiedad de los invasores. Esto supone que si el texto sale adelante «puede aumentar» la ocupación de tierras, «con la certeza de una legalización más adelante con nuevos cambios en la ley».

Los obispos recuerdan además que ya existe una ley, la 11.952/2009, que «atiende a los pequeños y medianos productores». También «para los que ocupan y producen en tierras públicas desde hace décadas la legislación es suficiente». No hay, por tanto, ninguna «urgencia o laguna legal» que justifique el nuevo proyecto. Sí hace falta, en cambio, «fortalecer la estructura de los órganos responsables» de implementar estas leyes. Frente a esto, la reforma actual opta por beneficiar «a los grandes invasores y especuladores».

Por otro lado, los pastores defienden que «cualquier reforma» de la legislación sobre tierras «debería apoyar la conservación de la selva y garantizar los derechos de las poblaciones que la protegen, no generar beneficios para quienes están destruyendo el Amazonas». «Se debe castigar a los que roban el patrimonio público, no premiarlos», reafirman. Y piden también que se asignen parcelas de selva a proyectos de gestión sostenible y a la creación de unidades de conservación.