La Iglesia denuncia la muerte de 19 migrantes calcinados en México

El viernes 22 de enero fueron localizadas 19 personas calcinadas en dos camionetas en el municipio mexicano de Camargo, en Tamaulipas. Varios centenares de organizaciones y personas particulares, entre las que se encuentran la Delegación episcopal de Pastoral de la Movilidad Humana de la Conferencia Episcopal Mexicana, diversos albergues y casas de migrantes o las monjas scalabrinianas, han presentado una denuncia pública «por la masacre» y exhortado al presidente López Obrador a «tomar las medidas necesarias para evitar la repetición de estos crímenes contra migrantes que vienen sucediendo en nuestro país desde hace más de una década».

Además, el comunicado insiste en la importancia de «garantizar la correcta identificación de las víctimas, asistir a sus familiares, esclarecer los hechos e identificar a cada uno de los responsables, incluyendo, de ser el caso, a servidores públicos involucrados».

Tras darse a conocer la muerte de estas personas, autoridades guatemaltecas y medios de comunicación informaron de que las víctimas probablemente fueran originarias de la comunidad indígena Comitancillo, de San Marcos (en Guatemala). «Los hechos implican violaciones graves de derechos humanos», en principio «por falta de prevención del Estado mexicano, al no tomar medidas para investigar y sancionar las masacres de personas migrantes ocurridas previamente en la misma zona fronteriza», señalan las organizaciones en la denuncia. De hecho, aseguran, «es la quinta masacre ocurrida en territorio mexicano en un periodo de diez años».

La catástrofe «pone en evidencia la falta de diseño e implementación de políticas de prevención de la violencia que garanticen el derecho a una migración segura», como señala el Pacto Global de Migración, «promovido por México a nivel mundial pero incumplido en su propio territorio». La «tolerancia de estos aberrantes crímenes», continúa la denuncia, «demuestra la nula protección de la población migrante en México, los riesgos y la vulnerabilidad extrema en la que se encuentran frente a la crisis de violencia, desapariciones y ejecuciones que impera en el país», particularmente en estados fronterizos como «Tamaulipas, donde grupos criminales ejercen el control territorial» al ser rutas de tráfico de personas que reportan múltiples ganancias.

Que el crimen no quede impune

Por su parte la red CLAMOR (Consejo Latinoamericano para los Migrantes, Refugiados y Víctimas de Trata), encabezada por el cardenal Ramazzini, obispo de Huehuetenango, y por el presidente de la red, el arzobispo de Yucatán, Gustavo Rodríguez Vega, ha expresado en un comunicado su indignación por la masacre y solicitan esclarecer los hechos de modo que «un crimen de esta naturaleza, como otros ya sucedidos, no quede impune».

En CLAMOR, aseguran, «estamos muy preocupados por la situación de las personas migrantes que cruzan por el territorio nacional mexicano, ya que la política migratoria y su actual gestión hasta ahora» no impide que queden «a expensas del crimen organizado» en su intento de atravesar México, cuando por razones de pobreza y persecución «buscan salir de sus países de origen y salvaguardar su vida y la de sus familias».

Es cierto, añaden, que «desde un enfoque estrictamente “legal” las consideraciones podrían ser otras, pero en este tipo de situaciones apelamos al sentido “humanitario” que tanto los gobiernos de Guatemala como el de México han demostrado poseer en otras circunstancias de necesidad y precariedad de los hombres y mujeres migrantes y refugiados».

Los firmantes de la red CLAMOR, entre los que se encuentran obispos, sacerdotes y religiosos y laicos que trabajan con migrantes, piden que «se preserve el cuidado de las familias de las víctimas. Sus nombres han sido publicados y eso las expone a posibles represalias de los traficantes de personas», y que «se preserve y cuide la custodia y trato a los cuerpos encontrados». Finalmente, instan a que se judicialice el caso y «se aplique la justicia», y a que se modifique la política migratoria para evitar la exposición «a la violencia existente en varios puntos de las rutas migratorias».