La Iglesia busca una gran alianza en vivienda
A pocos días de la aprobación de la Ley por el Derecho a la Vivienda, la Iglesia en Madrid ha creado una mesa diocesana para que las instituciones eclesiales que trabajan en este ámbito unan su voz ante la Administración
En el Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal ya hace tiempo que detectaron que ese gran «signo de nuestro tiempo» que es el tema de la movilidad no era un fenómeno que afectaba solo a los extranjeros que llegaban al país, sino que dentro de nuestras fronteras había «una gran movilidad», principalmente por causas laborales. «Esto ha provocado que haya lugares que se estén quedando sin gente y otros, como por ejemplo Madrid, que no tengan la capacidad para ubicar a todas esas personas que llegan. Y pensamos que había que hacer algo», resume José Cobo, obispo auxiliar de la archidiócesis de Madrid y responsable de Migraciones de la CEE.
Desde el Arzobispado el primer pasó se dio el 24 de noviembre, cuando se puso en marcha la Mesa Diocesana de la Vivienda, que bebe de la experiencia de la Mesa por la Hospitalidad creada en 2015 por el cardenal Carlos Osoro. «Pensamos que lo que hacía falta era un espacio al que pudieran acudir todos los implicados y así fortalecer las redes de acogida», explica Cobo, que fue quien, como obispo auxiliar, convocó a las distintas entidades. Cáritas Diocesana de Madrid, por su parte, fue quien puso la mesa física en su sede. En la misma se sentaron también los jesuitas, congregación representada por Pueblos Unidos; la asociación Mensajeros de la Paz; la Fundación Luz Casanova, y las Hijas de la Caridad, «aunque queremos que a las próximas reuniones –la segunda está programada para el 10 de febrero– se pueda incorporar más gente. Están todos invitados, también de otras diócesis».
La iniciativa, sin embargo, aspira a trascender las fronteras eclesiales y sumar también a la sociedad civil. «La Iglesia no quiere capitalizar este ámbito, porque el problema migratorio y el tema de vivienda son tan grandes que nosotros solos no podemos solucionarlo», asegura el prelado. De esta forma, la intención es integrar de alguna forma al sector empresarial, a la Administración pública y a cualquier otra entidad que trabaje sobre el terreno.
Una respuesta global
El primer encuentro de la Mesa Diocesana de la Vivienda fue poco más que una toma de contacto inicial. Cada entidad presentó el trabajo que realiza en este ámbito y Cobo tuvo unas palabras en las que subrayó «la necesidad que tenemos las entidades de la Iglesia en Madrid que damos respuesta a los temas de vivienda de sentarnos para poder coordinarnos y dar una respuesta global a la situación que se vive». Se trata de unir fuerzas para optimizar el trabajo. «Por ejemplo, tenemos casas de acogida para mujeres, sobre todo para mujeres con hijos. Pues puede ocurrir que un recurso de la Iglesia esté totalmente lleno, pero que otro sí tenga sitio. Si no estamos coordinados, a lo mejor esas personas no se enteran y no se les puede recibir». Al contrario, «si contamos con una plataforma interna, a cada uno que venga se le puede decir: “mire, aquí estamos completos, pero esta otra entidad de Iglesia, que está situada en este lugar, tiene plazas disponibles”».
Además de las fuerzas, en la reunión «también vimos que era necesario unir nuestra voz de cara a la Administración», con el objetivo de, por un lado, «denunciar aquellas situaciones que lo requieran» y, por otro, «acompañar las soluciones que se estén dando en materia de vivienda». En este sentido, la Mesa Diocesana de la Vivienda tiene en su horizonte estudiar detalladamente la futura Ley por el Derecho a la Vivienda, que el Gobierno tiene previsto aprobar en el Consejo de Ministros de este martes, 18 de enero.
Pisos de transición
Antes de todas estas consideraciones, lo primero de lo que se dieron cuenta en aquella reunión, concluye el responsable de Migraciones de la CEE, «es que la Iglesia ya está dando una respuesta formidable en este tema, mucho más grande de lo que creemos. Lo que pasa es que a veces estamos tan centrados en nuestro propio trabajo que no nos damos cuenta de ello».
En el caso de las Hijas de la Caridad, por ejemplo, «disponemos de una serie de recursos a tanto a nivel residencial como de pisos, a los que consideramos como espacios de transición para que los usuarios puedan lograr en el futuro acceder a una vivienda normalizada y a una integración social completa», explica Guillermo Fernández, director general de la Fundación Social de las Hijas de la Caridad, y el encargado de representar a la compañía en la mesa de la vivienda. Es una labor que la entidad lleva haciendo cientos de años: se cuenta que una de las primeras donaciones que recibió san Vicente de Paúl –fundador, en 1633, junto a santa Luisa de Marillac de esta sociedad de vida apostólica femenina– la dedicó a comprar un terreno a las afueras de París para construir una docena de casas para niños de la calle.
En la actualidad, en Madrid, dentro del ámbito de la vivienda, las Hijas de la Caridad atienden principalmente a personas sin hogar, tanto hombres como mujeres, y a mujeres con hijos a su cargo. «Son los perfiles mayoritarios que nos encontramos. Para todos ellos contamos con unas 250 plazas disponibles», detalla Fernández, quien tilda de «muy importante» el paso que ha dado la Iglesia en Madrid al convocar a todas las entidades que trabajan en esta materia, porque «la vivienda es uno de los elementos de protección social fundamentales. Las personas no solo necesitamos una renta, un trabajo, para vivir, también es imprescindible una casa», concluye.
La iniciativa 13 casas, creada por la unidad pastoral del casco histórico de Vitoria dentro del su programa Berakah, surgió cuando alguna de las 80 personas «que hay en nuestros dos albergues conseguían acceder a una ayuda institucional. Esto les permitía dejar el albergue y ser autónomos», explica el diácono y responsable del proyecto, Fidel Molina. El problema era que no encontraban piso. «La gente tiene miedo a alquilar a personas que generen cualquier duda». La iniciativa lo que pretende es justo romper ese miedo. «Hace un año creamos un fondo de garantía, de tal forma que a los propietarios les decimos: “Te pagamos nosotros el alquiler y el inquilino nos paga a nosotros. Además, una persona va a ir a la vivienda cada 15 días, la va a revisar y va a arreglar los desperfectos». Durante ese año, «el propietario tiene la posibilidad de visitar al inquilino e ir generando una relación de confianza». Pasado ese tiempo, los responsables entregan un informe al propietario en el que se indican los pagos mensuales que ha realizado el inquilino, los desperfectos que se han subsanado… «Con eso y la relación que se ha ido generando a través de las visitas, el propietario decide si decide continuar alquilando el piso», pero ya sin la mediación de 13 casas.