La Iglesia atendió en 2018 a más de cuatro millones de personas en sus centros sociales y asistenciales

La historia de Fátima —una mujer acogida en el Hogar Santa Bárbara de Madrid 24 horas antes de dar a luz y a tres días de que empezase el confinamiento— es la de millones de personas que todos los días son atendidas en los diferentes recursos sociales y asistenciales de la Iglesia católica. Así lo muestra otro año más la Memoria de Actividades 2018, presentada este viernes de manera virtual, cuando se ofreció ayuda a casi 4.095.346 personas a través de 9.119 centros sociales.

En concreto, ese año se asistieron a 1.291.019 en los 973 centros sanitarios disponibles, esto es, hospitales, ambulatorios casas de ancianos, enfermos o personas con discapacidad. El resto, 2.804.327, encontraron alivio a sus problemas en los 8.146 centro asistenciales para mitigar la pobreza, para menores, para promover el trabajo, para migrantes, para la promoción de la mujer…

Así, se ayudó a 64.490 menores y jóvenes en riesgo de exclusión social, a 141.316 personas que buscaban trabajo, a 134.406 migrantes y refugiados, a 23.279 mujeres maltratadas y en riesgo de exclusión y a 50.297 personas víctimas de la droga o nuevas adicciones. También a las que sufren la pobreza, el colectivo más numeroso, que suma 2.127.487 beneficiarios.

Actividad celebrativa y pastoral

En lo que se refiere a la celebración de los sacramentos, le memoria refleja que 8,3 millones de personas asisten regularmente a la Eucaristía en nuestro país y que, en 2018, casi 600.000 personas recibieron sacramentos por primera vez: 192.394 bautizos, 222.345 primeras comuniones, 129.171 confirmaciones, 41.975 matrimonios y 25.663 unciones de enfermos.

A nivel pastoral, la memoria recoge la presencia capilar de la Iglesia a través, de 22.997 parroquias, 783 monasterios, 4.785 comunidades religiosas… donde desenvuelven su labor 17.337 sacerdotes, 38.688 religiosos y religiosas, 1.203 seminaristas, 436 diáconos permanentes, 102.859 catequistas y 9.151 monjes y monjas de clausura. En total, sacerdotes, voluntarios, y laicos dedican 45,2 millones de horas a la actividad pastoral, de las que 30,5 millones las realizan los sacerdotes.

En concreto, cabe destacar la labor pastoral en dos sectores concretos: el de la salud y el de la cárcel. En el primero se acompañaron a 176.276 personas y en el segundo a 7.166.

También se da cuenta de los 10.939 misioneros y 548 familias que anuncian el Evangelio en los cinco continentes.

Familia entre las familias

Finalmente, recoge la aportación social y económica tanto de la actividad educativa como cultural de la Iglesia. De hecho, estima que la escuela católica ahorra al estado un total de 3.531 millones de euros a través de los centros concertados, mientras que su inmenso patrimonio –bienes de interés cultural y fiestas religiosas– tienen un impacto que equivale a más del 3 % del PIB de nuestro país.

Para Luis Argüello, secretario general de la Conferencia Episcopal Española, esta memoria muestra que «la Iglesia celebra, sirve, testimonio y acompaña siendo un pueblo entre los pueblos». «Cada una de las 20.000 parroquias es una casa entre las casas para que se reúna la familia entre las familias. Para anunciar la esperanza en estas últimas semanas donde tantas personas han perdido la vida y otras tantas lloran la ausencia», añadió durante la presentación.

Ya en el turno de preguntas, el también obispo auxiliar de Valladolid mostró la preocupación del Iglesia por «la tensión tan grande» que hay a nivel político, «sobre todo en el Parlamento», e hizo un llamamiento «a la escucha, a dejar a un lado las descalificaciones personales y al bien común».

También se refirió al Ingreso Mínimo Vital recién aprobado para pedir, como lo ha hecho Cáritas, que se incluya en él a colectivos que no tendrán este derecho, como los migrantes en situación administrativa irregular. E introdujo un nuevo concepto, el de «salario familiar», recogido por Juan Pablo II en su encíclica Laborem exercens. Esta propuesta, incluida en la Doctrina Social de la Iglesia, defiende que las familias puedan contar con una retribución suficiente siempre y cuando uno de los cónyuges se dedique al trabajo del hogar o al cuidado de los hijos o mayores.